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Lo bueno, lo malo y lo feo de la Ley 100

Semana
25 de octubre de 2012

Con la intervención de Saludocoop en 2011, la Empresa Social del Estado (EPS) más grande del país, se han divulgado irregularidades a gran escala tanto en diferentes empresas del régimen contributivo como del subsidiado. Pero, ¿qué es la ley 100?, ¿es tan mala como la pintan?

 

La ley 100 de 1993 regula el sistema general de seguridad social en salud, de pensiones, de riesgos laborales y el de servicios sociales complementarios. Este último cubre los auxilios a los ancianos indigentes.

 

La ley estima que el sistema de salud funcione bajo seis principios: universalidad, eficiencia, solidaridad, integralidad, unidad y participación. El cumplimiento de cada uno está supeditado a la inversión social y al destino que se le dé a esta.

 

La universalidad se ha logrado lentamente. En la actualidad el 90% de la población tiene acceso a servicios de salud – la calidad de estos es tema ya de otro apartado.

 

¿Imparcial = justo?

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado al sistema colombiano como el más imparcial del mundo en cuanto a contribución financiera. Esto hace posible que, por ejemplo, mujeres de estratos socioeconómicos bajos accedan a cirugías de mediana y alta complejidad como cesáreas y tubectomías de forma gratuita. Mientras en países como Estados Unidos el servicio de ambulancias por parte de la población está supeditado al tipo de póliza de seguridad social que cada persona posea, en Colombia cualquier afiliado al sistema puede llamar a la línea gratuita de emergencias y solicitarla, costo que es asumido por su EPS.

 

La eficiencia se basa en la adecuada utilización de los recursos económicos y  administrativos para garantizar una prestación de los servicios de forma adecuada y suficiente. Sin embargo, cuando se “desvían" billones de pesos destinados a infraestructura y equipos hospitalarios, uno no puede evitar sorprenderse que haya una cobertura casi universal.

 

Es innegable que la tutela es el mecanismo máximo que garantiza la participación ciudadana. Mientras en países desarrollados los pacientes deben costear los gastos de una demanda a sus aseguradoras cuando estas no les cumplen, en Colombia personas de todos los recursos pueden acceder a este mecanismo que finalmente depende de la eficiencia e integralidad del sistema judicial.

 

La salud: negocio poco rentable

 

En un país que destina casi el cuatro por ciento de su producto interno bruto al conflicto, la cifra más alta de América Latina en 2009la formación de especialistas no es una prioridad económica ni educativa. El vacío fundamental que conlleva a todas las quejas de los usuarios y del personal asistencial como los cortos tiempos de consulta, los tiempos de espera para las citas, el mal pago y el abuso de algunas cooperativas de trabajo asociado, son consecuencia de un vacío fundamental en la legislación: la autonomía de las EPS y la pobre fiscalización de los entes de control estatal sobre estas.

 

Al final son los pacientes los que pagan. La desviación de dineros, principalmente en el régimen subsidiado, ha llevado a que algunos hospitales dejen de atender a los usuarios. Y, ¿qué otra opción habría? Los hospitales son tiendas que están constantemente “fiándole” a sus clientes (las EPS subsidiadas en este caso) y, si esto sigue así, pasarán de no venderle a ciertos clientes a terminar saliendo del mercado.

 

Ser pobre es un diagnóstico

   

El principio de integralidad garantiza la cobertura de todos los eventos amenazantes para la salud del individuo y, en general, para la condición de vida de la población. Colombia se ha “rajado” en garantizar la integralidad de los servicios ya que el Plan Obligatorio de Salud (POS) sufrió su primera modificación importante solo este año con la inclusión de ciertos tratamientos hasta entonces desatendidos por el sistema como los psiquiátricos y la psicoterapia.

 

La masa de especialistas está concentrada en las ciudades, dejando a la población rural a merced de la sobrepoblada red hospitalaria urbana. La desarticulación de dicha red hace que los médicos de zonas rurales deban invertir horas de sus turnos en el teléfono para remitir pacientes a las ciudades por “falta de camas”, lo que evidencia el abuso del modelo de rentabilidad con el que se está dirigiendo el sistema.

 

El modelo socializado permite que la población de altos recursos, la minoría, cotice más al sistema para subsidiar la salud de los más pobres. Sin embargo, la Ley 100 se basó en sistemas de salud de países como Canadá donde el índice de pobreza rodea el 10 por ciento, mientras en Colombia es de 35 por ciento con un 17 por ciento que vive en extrema pobreza. A esto se le debe sumar que parte de los recursos que se salvan de terminar en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos se destinan a la prioridad número uno en la mente de la mayoría de colombianos: el conflicto.