Pobres e invisibilizadas

El sistema de educación superior colombiano es uno de los más amplios del mundo por la cantidad de Instituciones que lo integran. En 2011, según cifras del Ministerio de Educación Superior, estaba constituido por 292 instituciones de educación superior, de las cuales 211 eran de origen privado y 81 del oficial.

En este último segmento hay dos grupos claramente diferenciados. De una parte están las 32 universidades que integran el Sistema Universitario Estatal (SUE), que ofrecen el portafolio de programas profesionales de pregrado y posgrado, y del otro, el resto, es decir un total de 49 IES, esparcidas en el territorio nacional y con una amplia oferta de programas académicos en el nivel tecnológico y técnico.

La diferencia entre los dos grupos del sistema oficial es lo financiero. Mientras, entre los integrantes del SUE se reparte la totalidad del presupuesto asignado por el Estado, que en 2011 fue de 2,7 billones de pesos; en el segundo grupo, el aporte del Gobierno nacional es inexistente.

Mientras, las universidades del SUE cuentan con dos fuentes de financiamiento: los aportes del Gobierno y los recursos propios, en el caso del segundo grupo es claro que son: el costo de las matrículas, que no es muy alto porque su población objetiva son los estratos 1 y 2 de la población, y el aporte, no muy significativo, de algunos gobiernos locales o regionales sobretodo en ciertas capitales de departamento como en Antioquia, Valle o Bogotá o las que son del entorno castrense o militar.

La condición económica de las 32 universidades del SUE, pese a tener definida su fuente de financiamiento, es difícil, como ya lo mencionamos en la anterior columna, y se agrava si se tiene en cuenta que la metodología para la repartición de los recursos que usa el SUE castiga fuertemente a muchas.

Es claro que al interior del sistema existe una brecha. Según información oficial, las principales diez concentran el 74,55% del gasto público y otras doce que no reciben aportes de la nación. Hay casos como los de la Universidad de Pamplona, apenas recibe 800.000 pesos por alumno.

En el caso de las 49 IES del segundo grupo, el panorama está lleno de nubarrones, causando un impacto negativo en las poblaciones de muchos municipios y de las ciudades donde tienen sede que acuden a estos en busca de aprendizaje.

En este punto, si bien el proyecto de reforma de la Ley 30 premia la cobertura, algo positivo si se tiene en cuenta que solo 37 de cada 100 personas con edad para formarse en el nivel terciario lo hace, pero con los escasos y casi nulos recursos frenan las posibilidades de que estas IES de ofrecer formación de alta calidad.

Solo las IES que tienen el respaldo del sector Defensa pueden obtener resultados favorables, es el caso de la Escuela Militar de Aviacio´n Marco Fidel Sua´rez y Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", que ocuparon los puestos 13 y 25 de las pruebas Saber Pro 2011. Las otras están destinadas a ocupar lugares en la cola de lista como el Instituto Tecnológico de Antioquia que se ubicó en la casilla 295 entre 296 instituciones que son evaluadas.

Sin recursos, la formación de calidad es una quimera al no tener cómo financiar aspectos fundamentales en la operación de una IES como la capacidad instalada y la contratación de profesores con alto nivel de formación en posgrado.

El Gobierno con su escaso interés por el financiamiento del sistema de educación superior oficial está propiciando esta división que trae consigo desigualdad y deja claro que la formación terciaria del país es clasista: de un lado los que tienen con qué, aunque no sea lo suficiente; y de otro lado, los pobres, aquellos que deben hacer piruetas para ofrecer un servicio educativo.

Ante este panorama, y como lo mencionaba en la anterior columna, la propuesta de un billón y medio de pesos en tres años por parte del Gobierno, es una afrenta para los miles de ciudadanos que buscan salir de los círculos viciosos de la desigualdad, pobreza y falta de oportunidades e ingresar a los círculos virtuosos de la formación, el ingreso al mercado laboral y poder mejorar los niveles de calidad de vida. ¿Cuál será la opción que quiere ofrecer el Estado a sus habitantes?

Comentarios, sugerencias y propuestas de temas también en: @jlbarragand y jlbarragand@gmail.com