Por fin Colombia tuvo en cuenta a las víctimas del conflicto armado para discutir una ley que las favorecía

Alo largo del primer semestre de 2009, el congreso de la república se dio a la tarea de discutir la posibilidad de aprobar una ley de la república que permitiera la restitución y reparación a las víctimas del conflicto armado. El proyecto obligaba al reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado, facilitaba los recursos necesarios para la reparación, agilizaba la acreditación de los afectados ante un sistema establecido por el Gobierno e implementaba límites en el tiempo para el reconocimiento como víctimas del conflicto armado.

La iniciativa fue presentada por el senador Juan Fernando Cristo, con el apoyo de las bancadas en senado y cámara del Partido Liberal, el Polo Democrático, Por el País que soñamos y algunos sectores independientes. La propuesta fue aprobada por el Senado de la República y al llegar a la plenaria de la cámara sufrió modificaciones y se vio enfrentada a otro proyecto de la autoría del representante Jorge Humberto Mantilla, quien forma parte de la coalición de gobierno en la cámara de representantes. La idea del representante Mantilla fue apoyada por el gobierno nacional quien argumentaba que la propuesta del senador Cristo traía un costo total para la reparación de 88 billones de pesos, lo que según el comunicado de prensa leído por el Ex Secretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, “crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”. En el documento el funcionario de palacio añadió, “la versión que el Gobierno ha aprobado de la ley de reparación le cuesta 22 billones de pesos al país en los años que viene".

Dicho pronunciamiento puso a pensar al país entero de, ¿cuánto podría costar la reparación de víctimas del conflicto armado?, pero además, ¿cuánto le podría costar al país en un futuro, no iniciarla desde ya?

A diferencia de la iniciativa del representante Jorge Humberto Mantilla, la propuesta del senador Juan Fernando Cristo, contó con la ayuda y la participación de las organizaciones de víctimas del conflicto armado de las distintas regiones del país, más la colaboración de las Organizaciones No gubernamentales que trabajan como facilitadoras del proceso, brindando asesorías en el tema a quienes se han visto afectados por el conflicto armado en Colombia, entre ellas Fundación Social, entidad dirigida por Paula Gaviria, quien en entrevista con la CNAI, habla de la manera como se abordó el tema y la respuesta que se obtuvo de las asociaciones que participaron, las mismas que hoy día encuentran una nueva esperanza con el proyecto que nuevamente bajo la batuta del Partido Liberal, se presenta a consideración del Congreso de la República, esta vez con el apoyo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Paula Gaviria (PG): Cualquier proceso de construcción de una política pública para las victimas tiene que contar con la voz de ellas. En la medida en que se avanzó en la construcción técnica de una propuesta de proyecto de ley, en compañía de una serie de organizaciones sociales de personas afectadas por los actores armados, avanzamos en identificar y compartir los diferentes sentires frente al tema y sus propuestas.

CNAI: ¿Cuál fue la primera reacción de las organizaciones de víctimas del conflicto armado cuando se les propuso la creación de un proyecto de ley que fuera encaminado a iniciar la debida reparación al daño causado?

PG: Lo primero que nos encontramos cuando planteamos los temas y la posibilidad que hubiera una ley especial integral para ellas fue mucha desconfianza y escepticismo. Muchos se preguntaban, ¿porque esta vez sí, si tantas veces lo hemos intentando y nunca nos han puesto atención?; ¿porque tenemos que volver a creer?, si nos han incumplido tantas veces. Los desplazados y las desplazadas decían en las regiones, “yo no quiero perder lo que he ganado”. El primer factor al cual debimos enfrentarnos, fue la desconfianza y la prevención, mucha desconfianza en el Congreso y en el Gobierno nacional. A este grupo poblacional les cuesta creer que exista una preocupación legítima hacia ellos, pero ya primera barrera se logró traspasar, no podría asegurar que del todo, pero si en gran porcentaje.

CNAI: ¿Cómo constataron que la desconfianza hacia la institución fue un tema superado en gran medida?

PG: Lo vimos en la medida en que comenzaron a llegar personas con la intención de participar, compartiendo sus ideas y propuestas con mucha claridad sobre lo que necesitan para solucionar su situación.

CNAI: ¿Qué metodología utilizaron?

PG: A través de talleres previo a las audiencias del congreso planteamos 5 temas sobre los cuales se podía dar la discusión en torno al proyecto de ley, haciendo claridad en que Fundación Social no iba a incidir en sus propuestas y que simplemente se haría un planteamiento de las discusiones, con base en las preguntas orientadoras para que ellas tuvieran la suficiente información y pudieran razonadamente opinar sobre esa propuesta de proyecto de ley. Con esa información básica que se dio, más lo otro que ellas traían, se pudo hacer una discusión tranquila, una discusión constructiva en la que salieron propuestas técnicamente viables y pertinentes de política pública de reparación.

CNAI: ¿De dónde y cómo surge la idea de un estatuto para las víctimas?

PG: Esto surge de una audiencia que se hace en el Congreso de la República, convocado por la organización Victimas Visibles. En esa reunión el Senador Juan Fernando Cristo se apersona del tema y decide impulsar una propuesta de proyecto de ley para las víctimas del conflicto. La Fundación Social concretamente a través de un trabajo que tiene de monitoreo y de incidencia en el Congreso de la República en temas de derechos y paz identifica la iniciativa y se acerca a la UTL del Congresista ofreciéndoles el apoyo técnico. El congresista ya venía hablando con diferentes organizaciones, diferentes instituciones y elaboró un proyecto de ley. A partir de ese momento empiezan a darse las movilizaciones con el fin de aportarle al documento la parte técnica y social, para que el estatuto sirviera como política integral de atención y reparación a víctimas del conflicto armado, que es un asunto que el país necesita, pero no como una política asistencialista, sino como una política integral coherente, que sistematice, que plantee unos principios generales, que reconozcan como eje central a las víctimas. Tenemos la convicción de que Colombia no tiene una política integral para las víctimas y que la ley de justicia y paz es una ley que está hecha para la desmovilización de unos grupos que hicieron parte de un proceso de negociación con el Gobierno, más no con el fundamento principal de darles el reconocimiento y la garantía de restitución y reparación de los derechos a las víctimas. El proyecto la ley de víctimas, sirvió de pretexto para muchas organizaciones, porque a través de él, lograron la construcción de una apuesta colectiva.

CNAI: ¿Ustedes Llegaron a los municipios con una propuesta inicial?

PG: El Senador Cristo elabora una propuesta y radicó una ponencia en el 2007 y es cuando se decide hacer las audiencias. Estas se aprueban cuando ya ha pasado el proyecto por plenaria del Senado, faltando la discusión en Cámara de Representantes. Era necesario decírselo a las victimas porque la posibilidad de hacer cambios estaba relacionada con el nivel de avance del proyecto de ley. Había cosas que ya venían así y que podían refutarse y modificarse pero que ya habían surtido un proceso legislativo que era mas difícil, o sea, la probabilidad de poder afectarlas era menor, sin embargo es bueno reconocer que hubiera sido mucho mas pertinente y estratégico iniciar la discusión con las victimas desde el principio, pero no sucede así, porque el senador tenia la convicción de que la estrategia para que se avanzara en el legislativo era tratar de sacar una ley de consensos entre todas las fuerzas políticas del Congreso y era necesario agilizar el tema, el dijo: “ hay un momento político ya, yo logro las firmas de todos los ponentes de la Comisión Primera, ahí están todos los partidos, y si no lo consigo, no lo logro después”. Así fue como el proyecto paso a primer debate, toda la Comisión Primera estuvo de acuerdo, tanto que lo suscribió sin hacer ninguna pregunta, y sin entrar al fondo del proyecto, no hubo un estudio en ese primer momento, ni del articulado. El Senado entonces, en plenaria empieza a abrir mas la discusión, el Gobierno conoce el proyecto de ley, y empieza a decir y a advertir algunos temas oponiéndose decididamente.

CNAI: ¿En qué momento las víctimas comienzan a participar de este estatuto?

PG: La Población víctima del conflicto armado entra a hacer parte de la elaboración del proyecto cuando este se encuentra a mitad del camino para volverse ley de la república. Vimos entonces que estas no estaban de acuerdo con que el proyecto de ley consagrara algunas modificaciones, e incorporara al decreto 1290. En esta discusión hubo una voz unificada en las regiones relativa en el sentido de que no compartían este punto.

CNAI: ¿Cuál era la intención de incorporar el decreto 1290 al estatuto?

PG: La idea de incorporar el decreto 1290 era para mejorarle sus defectos, para que pudiera incluir a todas las victimas, no solo las victimas de grupos armados al margen de la ley, pero muchas de ellas manifestaron su oposición. También quisimos mejorar la progresividad en los pagos, se proponía un día de las victimas, en alusión al tema de la memoria, etc.

CNAI: ¿Las organizaciones de víctimas si entendieron lo que encierra el tema de memoria?

PG: Por supuesto, esa era una de las de preguntas que se les hacia. En lo que si no estaban de acuerdo muchas victimas es en una fecha ya asignada, porque consideraban que cada región debería definirla mediante una consulta. Estas personas entendieron lo importante que es darle a la memoria una percepción positiva como apuestas en un proyecto de ley, porque esto reconocería la dignidad que como persona tienen derecho, les facilitaría el acceso a la participación y por supuesto a todo lo que tiene que ver con reparación y restitución de bienes materiales. Vimos además que había una identificación con la propuesta del proyecto de ley entorno al reconocimiento que se les daba.

CNAI: ¿Con que otro punto existía identidad?

hay un tema que para ellas era clave, el del reconocimiento de la buena fe, que ellas no tenian que entrar a probar nada, ni entrar a profundizar en su dolor, ni en su drama, ni a revivir, porque se creía de antemano en su voz y en su verdad.

CNAI: ¿Este principio de buena fe, surgió de ellas, o de la propuesta que se elaboro en un comienzo?

PG: La propuesta venia con ese principio, que fue lo que más les gustó porque se sintieron reconocidas.

CNAI: ¿Que otro principio contenía el proyecto?

PG: El principio de la interpretación más favorable, que consistía en que, ante cualquier duda del proyecto de ley en las posibles dobles interpretaciones, se asume o se privilegia la interpretación mas favorable a la victima como un principio pro victima, que eso se identificaba con el de la buena fe. Es decir, las víctimas son el centro, la ley es para ellas. La idea es que el Estado confíe en ellas y se ponga a su servicio dándoles la información suficiente, la orientación suficiente, etc.

CNAI: ¿Considera que algo le hizo falta al proyecto de ley o cree que con lo que se proponía era suficiente?

PG: Un análisis mas tranquilo del tema nos hizo pensar que todavía no era suficiente lo que estaba plasmado en el proyecto en cuanto al acceso, se preveían muchas rutas diferentes para la restitución, para el acceso a la parte penal, por lo cual era necesario realizar una pedagogía que facilitara un mejor entendimiento de esta.

CNAI: ¿Finalmente el proyecto se hundió en la Cámara de Representantes y las víctimas se quedaron sin una ley que las ampare, ¿Cuánto cree que tenga que pasar para se llegue nuevamente a una discusión como esta?

PG: No podría responder de una manera tácita porque Colombia tiene un conflicto armado muy complejo que día a día deja a más personas afectadas, que junto con las demás piden a grito se les reconozca sus derechos, por eso continuamos en la lucha para que esta idea no se la deje en el olvido.

CNAI: Algunas organizaciones desde los municipios pidieron el hundimiento de este proyecto a lo cual algunos analistas opinaron que se estaba perdiendo una oportunidad de oro para ellas.

PG: Se hubiese perdido una oportunidad de oro si el proyecto que se iba a aprobar hubiese sido el que las víctimas ayudaron en su elaboración, pero la idea que se iba a tener en cuenta para volverlo ley de la república era un proyecto que elaboró el Representante a la Cámara Jorge Humberto Mantilla, congresista que pertenece a la coalición de gobierno, el que le dio el visto bueno, sin importar que se elaboró desde las oficinas del legislador y no desde las regiones.