¿Quién lo hubiera imaginado, el PIN reclamando por supuestos manejos clientelistas?

Resulta un tanto curioso por no decirlo de otra manera, que sea justamente el Partido de Integración Nacional PIN, quien haya reclamado por las supuestas recomendaciones hechas por el Vicepresidente Angelino Garzón, para que se eligiera por decreto a Francisco Lourido en el cargo de gobernador del Valle, como reemplazo de Juan Carlos Abadía, destituido por la Procuraduría General de la Nación.

La norma es clara al señalar que en el caso de destitución de un mandatario local, este debe ser reemplazado mediante decreto presidencial, a través de una terna enviada por el Partido al que pertenecía el gobernador saliente.

Juan Carlos Abadía mandatario del Valle, destituido por participación en política, fue elegido en 2007 por el movimiento de coalición Por Un Valle Seguro, elección en la que participaron distintas fuerzas políticas del departamento, entre las que se encuentran las de Dilian Francisca Toro, senadora del Partido de la U y Juan Carlos Martínez, la primera con investigación previa por parapolítica y el segundo llamado a juicio por el mismo asunto, junto a ellos estuvo también Herney Abadía, padre del ex gobernador y controvertido político del proceso 8.000, y también famoso por haberse fugado de las casas fiscales de Bogotá (Las Villas), donde purgaba condena por los dineros que le recibió al cartel de Cali. Es, además, el fundador del Movimiento Popular Unido (MPU), partido que en 2002 avaló a varios candidatos al Congreso condenados por la para-política como Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda. Como bien se sabe, fue en esta alianza que nació el PIN en esta zona del país, lo que haría normal el reclamo, sin embargo resulta curioso que sea precisamente esta fuerza política quienes reclamen por supuesto manejo politiquero y clientelista, cuando si en esto se caracteriza quienes hacen parte de este grupo electoral es por esta manera de proceder, por lo que para ellos sería impensable permitir que les quitaran el manejo departamental, al que parecen haber convertido en una especie de caja menor.

Para nadie es un secreto que el poder tras la silla de mando ha estado en manos de Juan Carlos Martínez, ex senador del desparecido movimiento Convergencia Ciudadana y que ahora se conoce con el nombre de PIN, y quien a través de sus amigos en este partido, los que hoy día reclaman porque el nombramiento del gobernador es ajeno a ellos, maneja todo desde su sitio de reclusión. No sería raro entonces, que tras ese reclamo estuviera Martínez.

Si en realidad los miembros del PIN en el Valle reclamaran porque les preocupara la falta de transparencia con la que se acostumbra a manejar esos nombramientos, ya hubiesen propuesto mecanismos que garanticen un mínimo de pulcritud, no solamente allí, sino también en Sucre, donde se sabe que es dominado por la familia de Álvaro García condenado a 40 años de cárcel por vínculos con el paramilitarismo y quien tiene representación en este partido a través de su hermana Teresita García.