Salud: entre la pericia del gobierno y la sabiduría de la Corte Constitucional

Los decretos y el contenido de  la Sentencia se parecen en algo: no fueron producto del proceso democrático. Unas pocas personas decidieron ante sí en una cuestión donde típicamente la solución debe ser negociada (recursos escasos para satisfacer derechos).

Tales negociaciones  requieren liderazgo para conseguir el mejor diseño posible.  Pasarse años con un problema para salir con medidas que merecen semejante recibimiento, no es liderazgo.

Alfredo Rangel hizo en Semana un “cierto paralelo entre las reformas a la salud promovidas por Obama y Uribe”. Ajá. Le faltó el detalle de cómo se promovieron.

Se ha estimado que costaría más de $ 5 billones al año completar la cobertura subsidiada y unificar los POS, porque alrededor del 60% de la población básicamente no paga.

Los nuevos  ingresos tributarios decretados sumarán $ 1,15 billones en dos años, es decir, no resuelven el problema financiero estructural, pero el Ministro Palacio prefiere insistir en que la “centralización de la contratación” le ahorrará $ 400 mil millones.

Al menos en  El Espectador, por hablar de platicas, desaprovechó para explicar el punto gordo de si los $ 30-31 billones  del sistema de salud en Colombia (sumando todas las fuentes) están bien gestionados, o si se puede conseguir más con la misma plata (Roberto Steiner, de Fedesarrollo, dijo que gastamos 8% del PIB, como países europeos).

Ahora, ¿por qué es discutible unificar los beneficios de los que pagan (contributivo) y de los que no pagan  (subsidiado)? , como ordenó la Corte.

 
En términos prácticos, porque los que pagan son nada más el 40%. Si el 75% contribuyera, sería distinta la discusión.  Pero el problema no es sólo financiero.

El gobierno está descubriendo otra cosa que la Corte pasó por alto: los límites de la solidaridad social. Los que pagan no están dispuestos a que les rebajen los beneficios para poder unificar los regímenes.

 
Contó el Ministro Palacio: “No puedo entender que los mismos que alabaron la sentencia de la Corte ahora digan que el Gobierno está loco.

 
Me extrañó que la senadora Cecilia López dijera que si ella recibía el mismo plan del conductor pensaría en dejar de cotizar”.

En términos “filosófico-políticos” o morales, tal vez lo que la Corte busca instaurar en el país es una “igualdad simple” (digamos que lo mismo para todos), cuando lo posible sería una “igualdad compleja” (dependiendo …),  para seguir el aporte de Michael  Walzer.

 
Aunque en la “esfera” de la salud el criterio de la necesidad debe primar en la distribución, hay un margen, complicado, para discutir lo “necesario” para las personas en un país concreto. Que se podría ahorrar un montón de líos con prevención.

Lo difícil de discutir con los filósofos de la Corte Constitucional es que su apropiación y maduración de ideas se va reflejando en sentencias que obligan, mientras los demás aprendices escriben ensayos que son “destrozados” por sus pares académicos.

Entonces, pueden juntarse una sabiduría en ciernes y una pericia imposible para llegar a donde estamos, pese a lo cual esto es mil veces preferible a antes de la Ley 100 de 1993.