¿Se debe aceptar un proceso de paz con las bandas criminales?

A pocos días del vencimiento de  la ley de justicia y paz, monseñor Julio Cesar Vidal ha dado a conocer las intenciones de una posible entrega de miembros de 'los Rastrojos', 'los Urabeños' y 'los Paisas', dentro de los cuales podrían estar  'Comba' y 'Valenciano', hecho que algunos analistas políticos miran con reserva por los resultados que hasta el momento arroja  la ley 975 (Justicia y Paz), a través de la cual se desmovilizaron las autodefensas del Magdalena Medio  y que hoy día personajes como León Valencia, Director de la Corporación Nuevo Arco Iris, Claudia López Analista y Consultora, junto con  Rafael Pardo, Jefe Único del liberalismo, califican como un verdadero fracaso. Tal hecho se refleja en la medida en  que hoy día no se ha cumplido la debida reparación de las víctimas del conflicto armado; miembros de las autodefensas que hicieron parte de la desmovilización retornaron a las armas y las versiones libres que hasta el momento se han llevado a cabo,  no van ni siquiera en un 50% de lo que hasta el momento debería haberse cumplido.

A lo anterior se le suma que aunque los grandes jefes del paramilitarismo hicieron parte de la negociación con el gobierno de Álvaro Uribe, los mandos medios de las estructuras que estos  manejaban, junto con algunos miembros rasos,  no hicieron parte de este proceso, el que además dejó por fuera a la Oficina de Envigado, organización  delictiva que según un reporte policial del  año 2009 divulgado en el diario Vanguardia Liberal,  contaba  con 3.648 miembros divididos en 143 'combos' o grupos de base. Esta se mantuvo vigente  tras la muerte de Pablo Escobar, bajo la dirección de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

Cabe anotar que las operaciones,  esta vez en cabeza de los mandos medios de las autodefensas, no cesaron y al día de hoy el país se ha visto sometido a una creciente ola de asesinatos y amenazas a lo largo y ancho del territorio nacional contra líderes de víctimas del conflicto armado, defensores de derechos humanos, sindicalistas, etc., sucesos  que se han  extendido a ciudades capitales como Bogotá.

Bandas criminales proponen someterse a la justicia

En los últimos meses el obispo de Montería Monseñor Julio Cesar Vidal, ha transmitido  el mensaje que envían  algunos miembros de las bandas criminales para que se les permita un sometimiento a la justicia, petición que provocó un debate en el panorama nacional por los resultados que arrojó el anterior proceso de desmovilización de las autodefensas.

Ante esta  posibilidad expertos en el teman opinan  que el gobierno nacional no se puede abrir a este escenario sin antes estudiar los riesgos que existen, cosa de que no se vaya a caer en los mismos errores que se cometieron durante la administración de Álvaro Uribe con los integrantes de algunos grupos de autodefensas que quisieron someterse a un proceso de paz.

La analista política  Claudia López por ejemplo, opina que si previo a una negociación con las autodefensas, el gobierno de Uribe  hubiese condicionado la rebaja de penas no solo a la entrega de armas, sino además, se hubiese tenido en cuenta también  rutas del narcotráfico y  nombres de personas que  desde  la función pública y la vida política nacional colaboran con ellos, hoy Colombia no se vería obligada a soportar una segunda generación de grupos paramilitares,

http://www.youtube.com/watch?v=kEw3N45vkJI&feature=related.  López estima  que  Juan Manuel Santos no puede caer en el error de creer que la paz se limita a la entrega de unos cuantos fusiles, sino  que esta se extiende al suministro  de información que le permita a la justicia investigar y procesar a quienes desde la legalidad actúan en connivencia con estos grupos.

En las entrevistas que dio   Monseñor Julio Cesar Vidal a la Revista Semana en su última edición , aseguró  que integrantes de las bandas criminales de 'los Rastrojos', 'los Urabeños' y 'los Paisas', estarían dispuestos a someterse a la justicia a cambio de entrega de armas, rutas y cultivos ilícitos, pero en ningún momento  menciona el suministro de  información que permita identificar  a los  políticos, funcionarios públicos, militares, policías, empresas y líderes comunitarios que colaboran con esta fuerza  ilegal y que más adelante pueden ser la piedra en el zapato en un intento por recuperar la legalidad en departamentos como Córdoba y Antioquia, donde estas operan sin mayores problemas.

El liberalismo a través de su jefe único Rafael Pardo,  ha  rechazado  toda negociación con las bandas criminales, "Establecer negociaciones con las Bacrim sería revivir la equivocación de Ralito", aseguró Pardo en entrevista con la Corporación Nuevo Arco Iris, http://www.youtube.com/Nuevoarcoiris#p/u/27/QKpdSl6r-LQ, mientras monseñor Vidal continúa en su gestión mediadora y el gobierno nacional se da un tiempo de espera, sin dejar a un lado la tarea de combatir este fenómeno que día a día cobra vidas y desplaza poblaciones de sus lugares de origen, hecho que pone a dudar a los sectores de opinión sobre la intención de estos grupos ilegales de someterse a la justicia.