Sorprende que hasta ahora le presten atención al departamento de Córdoba

Al parecer con la denuncia hecha por el asesinato en Córdoba de Mateo Matamala y Margarita Gómez, queda demostrado que es necesario pertenecer a la elite urbana, en este caso de Bogotá, para que las autoridades nacionales presten atención a la crisis en seguridad que se vive en los distintos departamentos del país.

El orden público en el departamento de Córdoba no ha sido bueno, ni antes, ni durante, ni después del gobierno anterior, que se precia de haberle devuelto la seguridad a la mayoría de los colombianos y mucho menos lo es ahora a pesar de la presencia de la institución. En esta zona del país no cesaron los asesinatos y desapariciones luego de la desmovilización de los grupos paramilitares, por lo que sorprende que el gobierno nacional salga a ofrecer una recompensa de quinientos millones de pesos a quien ayude a ubicar el paradero de alias el Gavilán y ponga al CTI y la Dirección Nacional de Fiscalía a realizar allanamientos en las viviendas de San Bernardo del Viento, donde ocurrió el homicidio de la pareja de estudiantes y no se hubiese ejecutado las mismas acciones con el homicidio de Yolanda Izquierdo líder asesinada por querer saber la verdad sobre las tierras que les robaron las autodefensas y sobre sus familiares muertos o de Freddy Abel Espitia presidente del Comité de Desplazados de Cotorra, ambos asesinados en enero de 2007. Qué se haya guardado silencio con la muerte de Azael Hernández Bedoya , líder de 27 familias guardabosques en la vereda Murmullo, municipio de Tierralta y ni que decir de Ana Isabel Gómez, líder y secretaria técnica de la mesa de fortalecimiento de población desplazada en Córdoba.

Así mismo podría seguir mencionando más y más casos de crímenes de personas del común en este territorio que han pasado desapercibidas para las autoridades nacionales y por los cuales no se ha dicho ni media palabra, ni se ha dado con la capturas de los responsables y mucho menos se han desplegados grandes operativos para dar con su paradero.

Sorprende además que Córdoba que es un departamento donde hace presencia la fuerza pública a través de la Policía Nacional y tropas de la Décima Brigada del Ejército con tres batallones, junto la fuerza de tarea conjunta, donde también se encuentra la oficina regional de la Dirección de la Fiscalía, más las oficinas de las entidades departamentales de la gobernación, tenga esa ola de violencia, y no es válido asegurar que no existe institución, porque es claro que la hay, aquí es mejor preguntar cómo no se ha sido capaz de detener esta situación y permitir que se sigan asesinando a más y más personas y lo que es peor, que el crimen se haya obsesionado con quienes se organizan para reclamar la reparación a la que tienen derecha por la vía de la ley de justicia y paz, se les revictimice con amenazas, desplazamientos y hasta con la muerte y nadie diga nada.

No quisiera llegar a la conclusión de que el acceso a la justicia con resultados efectivos y la atención que esta requiere por parte de las autoridades nacionales, es algo exclusivo para las clases altas en este país, pero es la impresión que se está dejando, basta no más con mirar tres casos: el de Enmanuel, hijo de Clara Rojas, nacido en cautiverio, que no es el único caso en el que un menor nace en cautiverio, pero como se trata de una ex candidata vicepresidencial, merecía toda la atención; también vale la pena recordar todo el operativo desplegado para dar con el responsable de la amenaza a través de la red social Facebook a Jerónimo Uribe, hijo del ex presidente Álvaro Uribe, hecho que contrasta con los resultados en investigaciones a las amenazas que otras personas del común han recibido por distintas modalidades contra sus vidas y en las que nunca se obtiene una respuesta positiva.

Así mismo sucede con los crímenes en el departamento de Córdoba y que no son exclusivos de la delincuencia común, ni son casos aislados, sino hechos sistemáticos promovidos por miembros de organizaciones como los Urabeños, los Paisas, hombres de alías Sebastían, bandas del narcotráfico, etc., y que merecen y requieren la misma atención y la misma operatividad que se le ha dado al caso de los jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes en Bogotá, cosa de que no quede la impresión de que los buenos resultados en la lucha contra el crimen organizado y los grupos armados son solo para la élite urbana en Colombia.