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La reforma política ha recibido muy injustas críticas desde todos los flancos. A mi manera de ver, son inmerecidas. Esta reforma, que está pendiente de su aprobación en la plenaria del Senado para convertirse en Ley, es un avance sustancial e importante en muchos aspectos, sobre todo en el saneamiento de la política y en la democratización de los partidos. Sus logros se pueden enrostrar a quienes pedían su hundimiento.
En efecto, la reforma establece medidas para combatir y erradicar la influencia del crimen en la política y en los procesos electorales, por medio de sanciones a los partidos y a sus miembros que realicen alianzas con organizaciones o agentes criminales. Así, a partir de la vigencia de la reforma habrá "silla vacía", o sea, no se reemplazará al miembro de una corporación de elección popular a quien las autoridades le profieran orden de captura por delitos relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, narcotráfico, o por delitos de lesa humanidad. Y si es condenado, el partido perderá en forma definitiva esa curul.
Es de resaltar que esta medida lleva implícito un voto de confianza de los parlamentarios en el buen criterio y el futuro imparcial comportamiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual en el pasado reciente se ha inclinado en ocasiones a encarcelar primero y averiguar después. Clama al cielo la injusticia que se está cometiendo contra Carlos García Orjuela, la que se cometió con Humberto Gómez Gallo, o la que se intentó cometer con Nancy Patricia Gutiérrez. Esperemos que en el futuro la "silla vacía" no sea objeto de utilización política por parte de esa Corte.
La reforma también acaba con el carrusel de suplentes temporales en las corporaciones públicas, carrusel que en el Congreso se había convertido en una forma truculenta de acceder a las ventajas de un régimen prestacional privilegiado, a costa del erario. En adelante sólo podrá haber reemplazos definitivos en caso de muerte, incapacidad física absoluta, renuncia motivada y aceptada por la Corporación, o medida de aseguramiento por delitos distintos a los comentados arriba.
El Acto legislativo de la reforma política también propone un régimen de partidos organizado democráticamente, con transparencia y equidad de género. Las sanciones a los partidos que violen sus propias normas van desde multas hasta la pérdida de su personería jurídica. Por primera vez la Ley le pondrá dientes a la organización democrática y transparente de los partidos.
La doble militancia será castigada con la pérdida de la curul. Quien quiera presentarse a la siguiente elección a nombre de un partido distinto deberá renunciar un año antes a su curul. Pero para favorecer la movilidad interpartidista, por una sola vez se permitirá cambiar de partido durante los dos meses siguientes la vigencia de la reforma. Obviamente, de esta medida se quejarán los partidos con menos capacidad para atraer nuevos miembros.
Un aspecto interesante de la reforma es la nueva valoración del voto en blanco. En efecto, cuando éste sea mayoría, se repetirán las elecciones; si son unipersonales (para alcaldes, por ejemplo), no se podrán presentar los mismos candidatos, y si son para corporaciones públicas, sólo se podrán presentar de nuevo las listas que hayan alcanzado el umbral.
Y a propósito de umbral: mantener uno tan bajo como el 2 por ciento que no tocó la reforma nos hace una rara avis en el universo democrático. La mayoría de los países democráticos tiene un umbral del 5 por ciento o más, porque un umbral alto contribuye a que haya partidos más fuertes y representativos, mientras uno bajo propicia los partidos de bolsillo. Pero aquí se formó un escándalo cuando se quiso subir al 3 por ciento. Y, sin sonrojarse, los mismos que claman por partidos fuertes se oponen a subir el umbral. Creo que en este tema los parlamentarios les tuvieron miedo a los medios o, mejor, a la capacidad mediática de ciertas minorías.
Lástima también que se haya hundido la propuesta del Polo para habilitar políticamente -es decir, que puedan aspirar a cargos de elección popular- a quienes hayan participado en procesos de paz pasados y futuros. Paz es reconciliación nacional. Pero si se niegan los derechos políticos a quienes voluntariamente han abandonado las armas, eso no contribuye a la paz ni a la reconciliación. Paradójicamente, quienes se opusieron a esto fueron los mismos que en el pasado defendieron la amnistía y el otorgamiento de curules parlamentarias al M-19 y a otras guerrillas. En este tema también nos estamos volviendo una rara avis. Y posiblemente también por miedo a los medios.
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