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Se nos ha vuelto difícil a los medios y a los periodistas que trabajamos en ellos hablar sobre lo que está sucediendo con la adjudicación del tercer canal de televisión privado sin que terminemos como Claudia López.
Son varias las razones para que eso nos esté sucediendo. Y la primera de ellas tiene que ver con el hecho innegable de que casi todos los medios colombianos tienen un interés directo o indirecto en esa adjudicación. De los tres proponentes, dos -Planeta y Prisa- son dueños de medios. El primero es propietario del diario El Tiempo y de la revista Cambio. El segundo, de Caracol Radio. A su vez, cada grupo tiene una tracalada de socios. Con El Tiempo y Cambio está El Heraldo, de Barranquilla. Los Periódicos asociados: Vanguardia Liberal, de Bucaramanga; El Colombiano, de Medellín, y El Universal, de Cartagena, además de CM&, son socios del Grupo Prisa. Ni siquiera El Espectador y SEMANA se salvan de estar en esta lista. El primero es de propiedad de los dueños de Caracol Televisión -que, si bien no tienen aparentemente un interés directo, sí lo tienen de manera indirecta-, y Felipe López, propietario de SEMANA, es socio minoritario de Caracol Televisión y de Caracol Radio.
Aunque los dos canales privados, Caracol y RCN, no están relacionados directamente con esta adjudicación, sí son parte interesada. A diferencia de los anteriormente mencionados, a ninguno de los dos le interesa que haya más canales en el país. No quieren dejar de gozar de los privilegios millonarios que les ha dado el duo-polio que han detentado hasta ahora. Su misión en este mundo, además de hacer telenovelas y telenovelas y de relegar los programas de opinión a las horas de la madrugada, es impedir que este mercado se abra, y para ello han montado un poderoso lobby comandado por dos abogados cuyos nombres hacen temblar hoy a los comisionados de la televisión y a la Ministra de Comunicaciones: Néstor Humberto Martínez y Jaime Lombana. Su propósito es ponerle trabas al proceso de adjudicación del canal con miras a retrasar el tema, o a forzar a que el canal que se otorgue sea un canal enano que no les haga competencia, como parece que puede suceder.
Pero no sólo el hecho de que casi todos los medios en el país -con excepción de El Nuevo Siglo- tengan un interés en esta licitación para el tercer canal impide que la opinión pública esté bien informada sobre un asunto que la afecta directamente. También sucede que el gobierno que adjudica el canal tiene al frente a un Presidente-candidato emprendiendo una campaña incierta y sin precedentes en la historia del país. Qué mejor escenario que tener a la mitad de los medios licitando y a la otra mitad haciéndole demostraciones de fidelidad para que no cambie las reglas ni les quite los privilegios. Si toda la energía y el espacio que los dos canales les han dedicado a las declaraciones de Néstor Humberto Martínez en las que él sale señalando inconsistencias jurídicas en el proceso de adjudicación del tercer canal -las cuales son presentadas como noticias, cuando en realidad son informaciones amañadas a sus intereses-, las hubieran invertido en investigar los escándalos del Presidente, probablemente Uribe habría bajado en las encuestas. Muchos dirán que ellos, los dueños de los dos canales, están en todo su derecho de defender sus privilegios y que no importa que se les note demasiado su interés a la hora de informar sobre el proceso de adjudicación. Sin embargo, sí deberían tener un mínimo de respeto con el televidente y poner debajo de la imagen de Néstor Humberto una nota que diga que él es abogado de los canales y que actúa en defensa de los intereses de los dueños de la concesión.
En un escenario tan viciado como el que señalo, la posibilidad de que esta licitación del tercer canal se puede hacer de manera transparente, sin levantar suspicacias, es casi un imposible. En ese sentido, la decisión de la Comisión Nacional de Televisión y de la Ministra de Comunicaciones de abandonar la subasta no contribuye sino a aumentar las suspicacias. Si lo que se quiere es fortalecer la televisión pública, la subasta es el método ideal. Pero si lo que se quiere es pagar los sueldos de la Comisión Nacional de Televisión, la opción del sobre cerrado es la que sirve. Si lo que se quiere es mantener el mismo modelo de televisión en el que el duo-polio de RCN y Caracol reine, entonces lo mejor es otorgar un canal enano, y si lo que quieren es otorgar el canal enano para que después el adjudicatario termine renegociando con el gobierno el contrato, como sucedió con el aeropuerto El Dorado y Odinsa, entonces apagá y vámonos.
Más allá del hecho puntual de que en el país se vaya a otorgar un tercer canal, lo que está sobre el tapete es el modelo de televisión que vamos a tener para por lo menos los próximos 10 años. Y el televidente raso que enciende su televisor todos los días, tiene todo el derecho de saber lo que está en juego.
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