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De las 14 reformas que ha anunciado el gobierno de JMS, solo tres son prioritarias: la ley de tierras, la de la salud y la de las regalías. Las demás son arandelas que este gobierno debería omitir si quiere pasar a la historia.
Ni la reelección de alcaldes y gobernadores ni el aumento del periodo de ocho a doce años para los actuales magistrados de las Cortes —que me suena a dádiva por parte del Ejecutivo, quién sabe a cambio de qué— son urgentes. Ya llevamos dos reformas políticas en seis años: la última se hizo en 2009 y ahora se propone una tercera. Y a pesar de que en el papel todas esas reformas han sido pensadas para fortalecer los partidos y evitar que la mafia del paramilitarismo penetre el Estado, han sido precisamente esos años en los que la mafia ha registrado los avances más significativos. De no haber sido por la actitud valerosa de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, este país sería hoy un narcoestado.
Esa decisión de la justicia de pararle el macho a la alianza entre los políticos tradicionales y la mafia que despojó a miles de campesinos de sus tierras, produjo un choque de trenes entre el gobierno Uribe y las altas Cortes. Y el error del nuevo gobierno es creer que para arreglar ese desencuentro se necesita una reforma judicial. Basta con que cambien a Felipe Muñoz en el DAS y con que el presidente Santos no se oponga a que la Corte y la Fiscalía sigan investigando las relaciones de la mafia con el mundo político y militar. Eso desactivaría inmediatamente los dos bloques en que está dividida la Corte y agilizaría todos los nombramientos que hoy siguen represados.
La reforma judicial anunciada por el gobierno tampoco ataca el clientelismo judicial, una práctica que ha politizado a las Cortes más que la facultad de elegir Fiscal o proponer terna para Contralor. Eso de que haya magistrados de la Corte Suprema que se tengan que declarar impedidos de investigar al procurador Ordóñez porque tienen familiares que han sido nombrados por él en el ministerio público es una vergüenza. Para frenar este carrusel de nombramientos, solo se necesita una decisión administrativa que prohíba estas prácticas. Así de sencillo.
También en el gobierno han presentado el proyecto de reforma por medio de la cual se reviven los ministerios que ellos mismos ayudaron a acabar cuando estaban bajo el embrujo del uribismo. A ese acto de incongruencia supina en política se le llama equivocarse, pero esa palabra no se oye en el Congreso.
A esta congestión hay que agregarle las propuestas de los congresistas. El senador Édgar Espíndola, en la legislatura pasada, propuso penalizar la infidelidad marital; la senadora cristiana Claudia Rodríguez planteó una que le permitía a la policía retener a personas que se encontraran en alto grado de euforia o excitación y el senador Velázquez propuso uno que prohibía a los "inmorales" del grupo Lgbt besarse en público. A estas perlas habría que agregarle el referendo que propone la cadena perpetua a los violadores de niños, porque a la senadora Gilma Jiménez no le basta con la pena máxima de 60 años ya establecida para esos delitos, y la del senador Barreras, quien ha propuesto cárcel para los conductores que tengan tufo.
El desafío es mayúsculo: desde el 20 de julio hasta la fecha ya hay radicados 17 proyectos de acto legislativo y 169 proyectos de ley, y el gobierno corre el riesgo de perder energías en pendejadas cuando hay proyectos necesarios e inaplazables que requieren de toda su atención, como sucede con la ley de tierras.
En un programa de Hora 20, el presidente del Senado, Armando Benedetti, dijo 'mamando gallo' que con tantos proyectos de ley se podía dejar de legislar un año. Fue una broma, claro. Pero deberíamos cogerle la caña a ver si nos hacen el favor de no aprobar ninguna ley durante 365 días. A lo mejor entenderíamos que nuestro problema no radica en la falta de leyes, sino en las personas que no las cumplen.
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