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Los asesinatos del político Álvaro Gómez Hurtado y el del periodista y humorista Jaime Garzón tienen tres cosas en común: que desde el principio se intentó desviar la investigación, que contaron con apoyo mafioso, y que en torno a la autoría intelectual aún falta por develar el papel que habrían jugado militares de alto rango. En el caso de Garzón la desviación corrió por cuenta del DAS, mientras en el de Gómez Hurtado una investigación de la Fiscalía apuntó a la Brigada XX de Inteligencia, que luego de este suceso fue disuelta por el Ejército Nacional.
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, y desde ese día han sido dos las hipótesis que se han tejido para tratar de entender el crimen: que fue un plan de los enemigos del presidente Ernesto Samper Pizano para desestabilizarlo, o que fue un plan de Samper contra sus enemigos, para neutralizarlos. Las recientes declaraciones de alias ‘Rasguño’ en las que acusa a Samper y a Horacio Serpa –su entonces ministro de Gobierno- de instigar el asesinato del líder conservador, se inscriben en la segunda hipótesis. Pero adolecen de liviandad, primero porque son un refrito (eso mismo ya se lo había dicho en 2007 al periodista Juan Carlos Giraldo: que “fue un favor del narcotráfico para ayudar a políticos”) y segundo porque en su testimonio –el de antes y el de ahora- no hay evidencia alguna para probar que Samper mandó matar a Gómez.
Eso mismo piensa la bien informada columnista María Isabel Rueda –acérrima contradictora del ex Presidente liberal durante el Proceso 8.000- quien en su columna de Semana en agosto de 2007 (edición 1318) afirmó que si bien Samper “sabía que el dinero de los narcos había entrado a su campaña”, eso le daba la autoridad para decir que, “en cambio, no creo que haya tenido nada que ver con el asesinato de Álvaro Gómez”.
Según Rueda, en tesis que aquí acojo, “siempre he creído (…) que un crimen de Estado acabó con la vida de Álvaro Gómez, entendiendo por ello la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas, aliados muy probablemente con el narcotráfico del Valle, y sin conocimiento de Samper, hubieran planeado y efectuado el magnicidio”.
Lo que no contó la columnista fue que su deducción tenía como asidero un juicioso informe presentado por Semana hace nueve años, en noviembre de 1998, titulado El Complot (edición 861), donde la revista reunió las fichas del rompecabezas del magnicidio y reveló un documento con los detalles de un intento de golpe de Estado a Samper. El documento – hallado en la residencia de un militar en servicio activo- consistía en “una especie de plan de vuelo en el cual estaban consignadas las motivaciones y el itinerario de la primera etapa del golpe”, proyecto éste que habrían tenido que abortar, por la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Hay voces documentadas que afirman que los golpistas habrían compartido con Álvaro Gómez sus planes, que incluían ponerlo a presidir una junta cívico-militar de transición, y que cuando éste se negó a secundarlos tuvieron que prescindir de él, porque “sabía demasiado”. Sea como fuere, según Semana “los investigadores del caso detectaron que al menos en tres oportunidades el comandante de la Brigada XX de Inteligencia, coronel Bernardo Ruiz Silva, “trató de desviar la investigación y para ello intentó demostrar que quienes cometieron el magnicidio fueron algunos miembros de las milicias bolivarianas de las Farc en la comuna nororiental de Medellín”.
Es sabido que tres años después del crimen, la Fiscalía ordenó el arresto del coronel (y de otros implicados), bajo el cargo de ser el autor intelectual, aunque, según Semana, “es improbable que el comandante de la Brigada de Inteligencia -que a pesar de su importancia era un hombre que tenía numerosos jefes por encima- haya tomado por su cuenta la decisión de acabar con uno de los hombres más influyentes del país”. La misma revista esperaba, con infundado entusiasmo, “que con la captura de Ruiz se prenda una especie de ventilador que salpique como nunca antes a algunos altos mandos de esa institución. Varios militares temen a esta hora que Ruiz se convierta en el Santiago Medina de este proceso”.
Lo cierto es que durante un tiempo el hombre fue prófugo de la justicia, hasta que fue ‘cazado’ en un apartamento de Cedritos, al norte de Bogotá. Pero el 20 de mayo de 2003 fue absuelto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, sentencia que fue apelada por la Fiscalía y confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Dicha absolución trajo como resultado un nuevo empantanamiento de la investigación, que ha servido para que surjan versiones amañadas, que una vez más intentan desviar la atención sobre los verdaderos culpables del crimen. Así las cosas, las acusaciones de alias ‘Rasguño’ contra Ernesto Samper y Horacio Serpa parecen inscribirse en este contexto, y en esa medida formarían parte del mismo complot.
Las conclusiones aportadas por Semana en el citado informe no han sido desvirtuadas, por lo que convendría repasarlas para sorprenderse con los verdaderos alcances de la impunidad en Colombia, sobre todo cuando se trata de magnicidios catalogados como “crímenes de Estado”:
http://www.semana.com/noticias-nacion/complot/35582.aspx
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