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Es más difícil investigar y decir la verdad, que acogerse a la versión oficial. Es incómodo sacar a flote las miserias del poder y, en cambio, siempre resulta rentable arrimarse al poderoso. La labor de Human Rights Watch (HRW) le ha permitido al mundo conocer lo que pasa en muchos países, más allá de la visión rosa que quieren y publicitan los gobiernos.
Para citar un ejemplo cercano, hablemos de Venezuela. HRW ha denunciado permanentemente los abusos de poder del presidente Hugo Chávez. Esta ONG fue una de las primeras voces que se levantaron para criticar la arremetida chavista contra la libertad de expresión.
Cuando el gobierno venezolano sacó del aire a Rctv, mediante la no renovación de su licencia, HRW denunció ese atentado contra la libertad de información. José Miguel Vivanco, el director para las Américas de esa entidad, señaló: "El presidente Hugo Chávez está abusando de la autoridad regulatoria del Estado para castigar un medio de comunicación por sus críticas al gobierno".
La contraofensiva chavista no se hizo esperar. De inmediato los motivos de Vivanco y HRW fueron cuestionados. "¿Quién le estará pagando a Vivanco?... ¿A quién le sirve este provocador permanente?", se preguntaba José Vicente Rangel, hombre de confianza de Chávez. También señaló a HRW como "vocero de la oligarquía mediática", "mercenario de los poderes imperiales" y culminó sentenciando: "Es un hombre absolutamente descalificado, actúa de esa forma porque le pagan".
Sin embargo, el chavismo no ha logrado callarlos. Las denuncias sobre acciones y posturas del gobierno de Venezuela han seguido. El intento para concentrar mayores poderes en manos del mandatario fue advertido recientemente por Vivanco: "La reforma le permitiría al presidente Chávez suspender derechos básicos indefinidamente sobre la base de un estado de excepción permanente".
HRW tampoco permaneció en silencio ante la propuesta chavista de excluir a las Farc de los listados de organizaciones terroristas. "Inaceptable que el presidente Chávez intente producir una imagen de las Farc que no corresponde con la realidad", declaró Vivanco, y agregó: "Hay un acuerdo fundamental que describe el terrorismo como serios crímenes de violencia política, sembrar miedo en la población con la idea de alcanzar un objetivo político. Y las Farc sí cometen acciones que clasifican en esta noción".
Por declaraciones como estas, los partidarios de Chávez han definido a Vivanco como un "enemigo de Venezuela", han dicho que "expresa criterios sesgados" y que es un "parlante en la sombra del Departamento de Estado".
Pero es evidente que HRW no tiene intereses particulares en Venezuela. En otras ocasiones ha denunciado complicidad de agentes del gobierno de Estados Unidos en violaciones de derechos humanos.
Esa organización -aborrecida por muchos poderosos- también trabaja en Colombia.
Esta semana publicó un informe en el que señala que el gobierno colombiano está socavando e intimidando a la Corte Suprema de Justicia que investiga la para-política. Dice, además, que los paramilitares siguen activos en varias regiones del país y que el paramilitarismo no está extinguido como pretende el Ejecutivo.
El reporte advierte que muchos de los supuestos desmovilizados no eran siquiera paramilitares. Afirma que las ejecuciones extrajudiciales vienen aumentando silenciosamente y asegura que las estadísticas oficiales no reflejan lo que está sucediendo con los sindicalistas colombianos.
El gobierno respondió rápidamente para desprestigiar el informe. "Es muy difícil contender con organizaciones cuya única fuente de información es Anncol", dijo el asesor presidencial José Obdulio Gaviria.
Algo bueno debe estar haciendo HRW, para ser merecedora de tantas y tan diferentes descalificaciones.
Aunque haya colombianos que sólo quieran creer lo que dice de Venezuela, y venezolanos que acepten únicamente lo que dice de Colombia.
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