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Se puede establecer cierto paralelo entre las reformas a la salud promovidas por Obama y Uribe. En efecto, ambas han buscado universalizar la cobertura de la salud y las dos han generado álgidos debates y mucho descontento entre sectores de la opinión pública. Para Obama el resultado político parece ser adverso. Para Uribe todavía es incierto.
Pero si el propósito general de ambas reformas es el mismo, las condiciones de entorno son muy diferentes y, por consiguiente, el proceso político es muy distinto. Así, en Estados Unidos el 85 por ciento de la población tiene un seguro médico privado, que mayoritariamente es costeado por las empresas a sus empleados, y sólo el 15 por ciento está desprotegido porque no puede pagar. Allá un plan orientado a proteger a la minoría ha alarmado a la mayoría de la población, aun cuando el gobierno ha propuesto que el billón de dólares necesario para pagar a las aseguradoras por los nuevos afiliados se obtendría con nuevos impuestos y desviando recursos de Medicare, un programa asistencial estatal para ancianos. La mayoría teme que la calidad de los servicios de salud se deteriore por esta reforma.
En contraste, aquí la inmensa mayoría de la población -las dos terceras partes- no paga los servicios de salud y su acceso es subsidiado por la tercera parte que sí paga y por los recursos generales del Estado. Aquí un plan orientado a favorecer a la mayoría ha alarmado -con justa razón, como veremos- a la minoría. Aun cuando aquí también el gobierno ha dicho que los recursos financieros necesarios para lograr la cobertura universal en salud se obtendrán de nuevos impuestos, de un mayor control a la corrupción, de la restricción a la tutelas para procurarse ciertos servicios de salud, y de una redefinición de los servicios de salud que prestará el sistema. En lenguaje técnico, la unificación del POS.
Pues precisamente este último punto es el que ha provocado justificada alarma entre la población que hoy paga su servicio de salud al sistema porque, razonan, está bien que la gente más pobre tenga un mejor servicio de salud, pero esto no debería lograrse a costa de un deterioro del acceso a los servicios de quienes hoy lo pagan. En este tema la incertidumbre es total y sólo tendremos claridad hasta el próximo mes de julio -después de las elecciones-, cuando el gobierno anuncie cuál va a ser el nuevo paquete unificado de servicios de salud que se prestará a todos los afiliados al sistema, independientemente de que paguen o no. Muy seguramente no se tratará del paquete contenido en el actual POS, porque de ser así pues ya lo habrían anunciado, y, adicionalmente, esto costaría cerca de cinco billones de pesos que sólo se podrían costear con nuevos aumentos de impuestos, según Fedesarrollo. Así que lo que se sospecha es que va a ser algo de menor alcance que el POS contributivo y de mayor alcance que el actual POS subsidiado. En dos palabras, a los que pagan se les dará menos para darles más a los que no pagan. Una medida de equidad que entre la clase media puede traer mucha insatisfacción y ocasionarle significativos costos políticos al gobierno, pues a nadie le gusta que le quiten lo que tiene.
Sin embargo, la restricción al acceso a ciertos servicios del actual POS no será absoluta. Pero ni pobres ni ricos lo harán vía tutela como antes, pues la prestación de esos servicios, ahora llamados "excepcionales", tendría que ser aprobada por un comité técnico científico. Adicionalmente, estos tratamientos "excepcionales" tendrán que ser costeados parcialmente por el paciente, según su capacidad de pago, lo que también está por determinarse. De esta manera el gobierno busca acabar con lo que, según su criterio, era un consumo excesivo no requerido por parte de algunos pacientes, y con una inducción exagerada a la demanda por parte de algunas EPS y médicos especialistas. Pero, insistimos, la clave estará en lo que el gobierno decida que antes era normal y en adelante será "excepcional", calificación que a los médicos no les acaba de sonar bien.
En Estados Unidos la discusión de la reforma a la salud ha tomado largos años, y todavía no ha sido posible aprobarla. Es de esperar que aquí semejante cambio no se vaya a realizar a través de decretos de emergencia, pues muy seguramente requerirá de una ley estatutaria que debe estudiar el Congreso. Es necesario tomar medidas para superar la crisis financiera en que entró nuestro sistema de salud, pero las reformas estructurales requieren de amplios consensos que es necesario alcanzar con un debate amplio y participativo de todos los involucrados. Incluidos los usuarios, claro.
P.S. No veo relación entre la crisis de seguridad en Medellín y la medida de volver a los estudiantes informantes pagados. Los costos colaterales podrían ser mayores que las ganancias en seguridad. Es mejor corregir la medida.
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