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Juan Gossaín reveló esta semana en RCN una serie de documentos que prueban parte de las actividades delictivas desarrolladas desde el DAS. Los papeles fueron encontrados por la fiscalía en el allanamiento al Departamento Administrativo de Seguridad. Tienen escudos oficiales y se titulan “Guerra Política”. Bajo un encabezamiento que señala que fueron elaborados por la Dirección General de Inteligencia, concretamente por la Subdirección de Operaciones, y que sus propósitos son: “Defender la democracia y la nación” y “Crear conciencia sobre las consecuencias de un sistema comunista”. (Ver documento)
Para cumplir esos objetivos el DAS puso en marcha varias operaciones, tres de ellas bajo los nombres clave: Amazonas, Transmilenio y Bahía. (Ver documento)
Contemplan tres clases de acciones: Desprestigio, Sabotaje y Presión. Para desacreditar a los opositores, el DAS sugiere el uso medios de comunicación, encuestas y chats. También plantea distribuir en la calles panfletos, volantes, afiches y libros. Adicionalmente crear páginas web, comunicados, denuncias y montajes.
La estrategia debe ser complementada con operaciones de “sabotaje”, para lo cual el DAS recomienda el terrorismo: Explosivo, incendiario, servicios públicos y tecnológico. Y en el campo de la presión, el organismo de seguridad estatal sugiere apelar a “amenazas y chantaje”. (Ver documento)
Según los papeles de junio de 2005, el objetivo general de la “Operación Amazonas” consiste en “promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006”.
Es claro que para quienes hicieron el informe, “Estado” quiere decir el gobierno Uribe. Sus blancos son “Partidos políticos opositores al Estado” y la Corte Constitucional que en ese momento estudiaba la exequibilidad de la primera reelección. (Ver documento).
Para acabar con los opositores al “Estado” el DAS plantea desacreditar al “Frente Social y Político”, el movimiento que llevó al Senado a Carlos Gaviria y con ese fin ordena “generar vínculos con ONT FARC”. Sobre la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, plantea “generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia”. Horacio Serpa debe ser vinculado con el ELN. El Polo Democrático y sus dirigentes Gustavo Petro, Antonio Navarro, Wilson Borja y Samuel Moreno, según el documento, deben ser relacionados con las FARC, el narcotráfico, escándalos financieros e incluso frente a uno de ellos recomienda “generar infidelidad sentimental”. (Ver documento)
También ordena apelar al desprestigio, la presión y el sabotaje contra los entonces magistrados de la Corte Constitucional: Jaime Córdoba, Humberto Sierra, Jaime Araujo, Clara Inés Vargas y Alfredo Beltrán. (Ver documento)
En un subcapítulo llamado “Operación Imprenta” se propone impedir la edición de libros inconvenientes para el “Estado”. Para ello dispone sabotear camiones de distribución, y recurrir a amenazas y “guerra jurídica”. (Ver documento)
La “Operación Arauca” tiene como blanco al CCAJAR, que coincide con la sigla del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y plantea vincularlo al ELN plantando una evidencia falsa durante una diligencia judicial. La acción, de acuerdo con el papel del DAS, consiste en hacer aparecer un “intercambio de mensaje con cabecilla ELN, el cual será encontrado durante allanamiento”. (Ver documento)
Entre los blancos del DAS también figuran organismos internacionales. La “Operación Europa” que plantea desprestigiar -a través de comunicados, denuncias en página web y guerra jurídica- a la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno Europeo y a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. (Ver documento)
Para eso ordenaron crear páginas falsas de internet, entre otras, a nombre de la “Corporación Verdad y Justicia” y el “Servicio Colombiano de Información y Estadística para la prevención del Conflicto”. (Ver documento)
Todo se adelantó con fondos públicos, como parte de una “Guerra Política”, sobre la cual el gobierno Uribe niega cualquier responsabilidad.
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