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Bien se sabe que una de las teorías que maneja el gobierno de Álvaro Uribe de cara a las próximas elecciones es que el pueblo aclama una tercera presidencia bajo su mando. El pueblo, como lo sugiere el consejero presidencial José Obdulio Gaviria, es en última instancia quien lo decide todo en una verdadera democracia. Con un silogismo que más parece magia, Gaviria concluye que el estado de opinión, entonces, prima sobre el estado de derecho.
Es tan simplista esta premisa como lo es la de que los gobernantes deben hacer lo que les pide el pueblo, porque al final de cuentas es el pueblo quien decide. No es coincidencia que esta última idea se parezca un poco al adagio de gerentes de empresa que predican que "hay que darle al público lo que quiere". Esta costumbre de igualar la relación de un gerente de empresa con sus clientes a la de un gobernante con los ciudadanos es tal vez una de las peores consecuencias que han traído las encuestas de opinión a todas las democracias modernas.
Desde hace un par de décadas, las encuestadoras han sido llamadas por numerosos académicos y críticos "enemigos de la democracia", porque han trivializado la relación entre los ciudadanos (votantes) y los gobernantes. Al traducir sus técnicas de estudios de mercadeo al estudio de las opiniones y actidudes políticas de los ciudadanos, han simplificado opiniones que de otra manera serían más articuladas que una respuesta como "apruebo" y "desapruebo".
Pero el culpable, si es que hay uno, no son las encuestadoras. Las empresas privadas de investigación de opinión pública (no las universidades, etc), conducen encuestas de intención de voto por una combinación de razones, pero principalmente por una: publicidad. Cada vez que un medio de comunicación menciona una encuesta de intención de voto o de la popularidad del presidente conducida por Invamer Gallup o por Ipsos-Napoleón Franco, por ejemplo, el perfil de estas empresas sube, y su nombre llega a más clientes potenciales. Cuando la compañía logra predecir los resultados de una elección, su prestigio se eleva inmediatamente porque se comprueba la efectividad de sus métodos.
Las encuestadoras no ganan plata conduciendo encuestas de opinión política--excepto cuando tienen un contrato con un medio de comunicación. En todo caso, el negocio está en los estudios de mercado. Preguntar cuál detergente es mejor que otro, o qué color de pared le gusta más a un consumidor, es a lo que se dedican estas compañías la mayoría del tiempo. En resumen, las encuestadoras no están en el negocio de mejorar la democracia. Simplemente ofrecen un servicio que las beneficia también a ellas, y no es su responsabilidad lo que la gente haga con los resultados que ofrecen.
Volviendo a los culpables, las encuestadoras no son el blanco correcto. Los líderes políticos, los gobernantes, son quienes tienen que utilizar las encuestas de opinión de manera responsable. Para empezar, deben reconocer sus limitaciones. Las encuestas en Colombia, por ejemplo, se hacen o bien por teléfono o cara a cara. En el país la cobertura de telefonía fija ni siquiera alcanza al 50 por ciento. La telefonía móvil tiene una cobertura de más del 80 por ciento, pero las encuestadoras no pueden conducir estudios llamando a números de celular. La mayoría de los sondeos se hacen sólo en los centros urbanos, donde es más fácil encontrar a la gente.
En estudios de opinión existe un fenómeno conocido como el efecto Bradley. Éste sugiere que cuando un encuestado está hablando con un encuestador tiende a escoger una respuesta que no sea ofensiva para nadie; es decir, tiende a escoger algo que él o ella piense que la mayoría de la gente aprobaría. En un momento político cargado como el que atraviesa Colombia, es bastante probable que muchas personas se inclinen hacia una respuesta que es favorable al presidente Uribe, porque sienten la presión de las mayorías. Este fenómeno ha sido altamente estudiado y comprobado, y es simplemente una limitación normal de conducir encuestas que involucran a dos personas (es diferente cuando ualguien contesta una encuesta a través de una máquina, por ejemplo).
Esto no quiere decir que las encuestas sean inservibles o que los resultados no sean veraces. Los estudios de opinión siguen una fórmula científica rigurosa y en general nunca fallan en mostrar una tendencia. Bien utilizadas, son una gran herramienta democrática. Pero cuando las encuestas se elevan al nivel de la voz del pueblo, ahí es cuando hay que llamar a la calma. Las encuestas no son la voz del pueblo, porque el pueblo entero no está representado en una muestra de 500 ni del 1000 personas. Así de simple.
Y los gobernantes y líderes políticos y asesores de presidentes que quieran utlizar las encuestas como la base de todas sus decisiones políticas han de saber que se están comportando como gerentes de empresa que están siempre persiguiendo a sus consumidores para saber qué es lo que los mantiene fieles a su marca.
Es inaudito, e inaceptable, que el único trabajo de un líder político sea el de cumplir con los caprichos de una mayoría.
*Gabriela Perdomo es periodista e investigadora del centro de estudios de opinión pública Angus Reid Global Monitor (www.angus-reid.com). Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin por Semana.com y no reflejan la opinión o posición de Publicaciones Semana S.A.
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