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| 4/16/2011 12:08:35 AM

Acerca de cómo equiparar modelos a la baja: caso “reforma” a la ley 30.

Marchas estudiantiles Pereira. Fotografía: Vladimir Velásquez G.

No es secreto que el modelo educativo que ha querido implementar el gobierno de Juan Manuel Santos, fue uno de los causantes del masivo movimiento popular de la semana anterior.

 

Pero las concurridas marchas no sólo desprendieron los harapos con que intenta cubrirse el desacreditado proyecto disfrazado de “reforma” a la ley 30, sino que desnudaron la manera en que se pretende rebajar el modelo educativo al nivel del productivo. Para ejemplificar basta con retomar el caso del maíz, un producto que para cualquier neófito del neoliberalismo parecerá irrelevante si de contribuir con la prosperidad nacional se trata.

 

El tema del maíz ha sido de tanta importancia, que países como los Estados Unidos de América USA, desde mediados del siglo XIX han impulsado políticas para articular las instituciones educativas y los centros de investigación y extensión agrícola entorno a su producción, siempre financiados por el gobierno. Proyecciones como la de la Universidad Estatal de Iowa (ISU por sus siglas en ingles) así lo demuestran.

En Colombia esta idea de desarrollar lo productivo en correspondencia con lo educativo, tuvo alguna recepción durante buena parte del siglo XX. Desde la academia se produjeron significativos aportes de agrónomos y genetistas en la materia, destacándose la creación de la variedad Estación Tulio Ospina (ETO) acogida en más de 30 países. Sin embargo estos avances languidecieron tiempo después con la implementación de políticas aperturistas que entre otras, permitieron a USA patentar la invención de la semilla criolla.

Los resultados son contundentes, hoy la ISU es uno de las mayores promotoras de conocimiento en el cultivo del grano, y el estado de Iowa integra la lista de los grandes productores de cereales de USA y el mundo. Al tiempo que Colombia, en plena capacidad de producir el maíz que requiere, terminó importando a 2008, el 90% del total que consume[1].

Para el caso estadounidense es la consecuencia, sin ser la única, de una política nacional de subsidios y protección, donde el éxito del área productiva también responde al respaldo estatal a la educación.

Efecto contrario tiene lugar en el país, el descalabro se debe a la orfandad de la producción, característica que ha venido replicándose para el sector educativo desde la aplicación de la Carta Política de 1991 y la ley 30 de 1992. Con la primera se descargó en la sociedad y la familia parte de la responsabilidad de financiar la educación, con la segunda, “lo que inicialmente se veía como piso de referencia para la transferencia de recursos del Estado, terminó siendo el techo”[2] como quiera que la fórmula de “incremento en pesos constantes” -sin ningún tipo de ajustes a los nuevos gastos de las universidades- mantuvo congelado el presupuesto desde 1993. Allí se encubó parte del déficit presupuestal de las universidades que, según informe de los rectores reportado en el diario El Tiempo (12/04/2011) asciende a $ 700.000 mil millones, asunto que a pesar de la gravedad, no deja de ser una espina en la zarza que aspira extender el TLC en el sector de la educación.

De ahí que la actualidad del país albergue una contradicción, entre la necesidad de capacitar la oferta de trabajo y el nivel paupérrimo de la demanda con la que será atendida; lo que quiere decir que bajo el actual orden de cosas, inyectar más recursos a la universidad, significa formar profesionales del agro que saldrán a ver cómo un país con terrenos actos para el cultivo del maíz importa el producto. De igual modo, si el Estado escoge financiar la investigación y dar autonomía a las universidades en estos aspectos, chocará de tajo con los reclamos de las multinacionales que de entrada exigen que este ítem se ciña a sus intereses y no al de las colonias expoliadas.

Visto así qué pertinente va resultar invertir recursos para resolver el lio de contratación temporal que afrontan los docentes de las asignaturas de agronomía y demás carreras, si de hacerse, terminarán dedicando el tiempo a transmitir un conocimiento que como mucho, desembocará en la informalidad de la cual un tercio ahora son profesionales[3].

La síntesis del asunto se recoge en las palabras del ex­-rector de la Universidad Nacional, Marco Palacios, cuando hace unos años sentenció "quizás estemos 'enseñando demasiado', entregando un profesional que supera los requerimientos del mercado". He ahí el carácter al que obedece la lógica que Santos ha echado a rodar en la nueva pretensión de ley, que consiste en equiparar la calidad de la educación a la de un sistema productivo que confina al recuerdo cualquier intento de progreso. Simple cálculo mercantil: a menor producción menor educación.

Ahora, la antítesis del hecho se aglutina en el rechazo a la “reforma” de la ley 30 y proyectos afines que en últimas debe ser teoría de conjuntos contra el modelo de nación impuesto, en ese orden de ideas habrá que seguir aunando los esfuerzos para que jornadas venideras como la del primero de mayo, reúnan la diversidad de sectores que así lo han comprendido.

 


[1] Sin maíz no hay país. Hernán Pérez Zapata. 2009, página 34.

[2] Revista Deslinde, artículo. Gonzalo Arango Jímenez. 2010, páginas 46 a 50.

[3] Confianza Inversionista. Economía colombiana, primera década del siglo XXI. Aurelio Suárez Montoya. 2010, página 207.

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