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| 10/17/2011 11:03:31 PM

APRECIACIONES DERIVADAS DEL DEBATE SOBRE EL ABORTO.

En el reciente debate sobre la prohibición total del aborto en Colombia, eliminando las tres situaciones que contempla le ley para su práctica legal, han aflorado comportamientos no constitucionales de funcionarios públicos, doble moral por parte de los legisladores impulsores de la iniciativa y una falta de legitimidad en nuestro sistema representativo a nivel del Congreso.

 

La Constitución del 91 garantiza la libertad de cultos para los ciudadanos y coloca en un plano de igualdad legal a las confesiones religiosas que se practiquen en el País (Art. 19). La institución política que garantiza tal compromiso constitucional es conocida como el Estado Laico, cuya definición más sencilla la podemos encontrar en Wikipedia así: ¨se denomina al Estado, y por extensión a una nación o país, independiente de cualquier organización o confesión religiosa y en el cual las autoridades políticas no se adhieren públicamente a ninguna religión determinada ni las creencias religiosas influyen sobre la política nacional”. En Colombia, si bien una gran mayoría de ciudadanos se confiesan como católicos, apostólicos y romanos, existen comunidades cristianas no ligadas a la esfera de Roma, además de importantes comunidades judías y musulmanas, amén de seguidores de cultos orientales y de un grupo, no sé qué tan significativo, de ciudadanos que no comulgan con religión o credo religioso alguno. Por lo tanto, los servidores del Estado, para cumplir con al Artículo decimonoveno de nuestra Constitución Política, deben observar una neutralidad en materia religiosa de tal modo que su respetable y sagrado derecho de participar activamente en los ritos de sus confesiones religiosas sea de carácter privado como ciudadanos, de tal suerte que, cuando asumen su rol de funcionarios públicos, sus principios morales particulares y relativos  a su religión no influyan en sus acciones y que su faro rector sea el del acatamiento de la Constitución y de las Leyes. Dentro de este código de conducta se debería eliminar todo simbolismo religioso de los despachos públicos que pueda llegar a ofender a ciudadanos que profesen otros cultos y que le otorguen el verdadero significado a un espacio público del Estado: todos somos iguales ante la ley y al acudir a él no debemos sufrir ni un solo signo de discriminación. Nos falta mucho para exigir en esta materia a nuestros funcionarios públicos para que no puedan pasar con facilidad de procuradores a presuntos prevaricadores.

 

Los legisladores del glorioso Partido Conservador, en donde uno de sus sustentos ideológicos se lo presta la Iglesia Católica, buscan cumplir con los mandamientos de la Ley de Dios, argumento que esgrimen para defender la iniciativa legislativa de penalización del aborto, claro está desde su particular punto de vista; pero al parecer, por las investigaciones judiciales que cursan contra la mayoría de ellos, no observan otros mandamientos tales como: “No hurtarás” y “No codiciarás ……ni cosa alguna de tu prójimo” (este último mandamiento se puede arreglar así: no codiciarás ni bien alguno del Estado) y por lo tanto son presuntos pecadores. Entonces, si no es por convicción de fe (si existiese se observaría toda la doctrina)  ¿Cuál es la motivación de la iniciativa en cuestión? Por el momento como respuesta me quedo con la desfachatez con la ostentan una doble moral.

 

En algo que tiene que ver con el párrafo anterior, algunas de las columnas de opinión, en los principales medios de comunicación, con mayor oposición a la iniciativa, desnudaron esa doble moral de los legisladores que la impulsaban, llegando a posicionar en la opinión pública la idea de la ilegitimidad de la representación de la sociedad en ellos. No les falta la razón. En latitudes más civilizadas las faltas éticas de los legisladores, o de otro funcionario público, son enmendadas por estos renunciando a sus cargos y ofreciendo disculpas a sus electores, salvando así la legitimidad institucional; aquí, en cambio, los implicados acumulan proceso judicial tras proceso, apelan a todas las instancias legales, si son declarados culpables reafirman su inocencia acusando a la justicia de parcializada y anunciando que acudirán a instancias internacionales para demostrar su inocencia, nunca piden excusas y en el entretanto posan de dueños de la moral y de la ley. La legitimidad de las acciones del legislativo queda en entredicho por la calidad ética de algunos de sus miembros.

 

Las reflexiones anteriores pueden servir para que en las elecciones de finales de octubre escojamos a los mandatarios locales de una calaña distinta a la de los arriba descritos.         

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