Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 4/24/2011 3:55:48 PM

CIUDADANOS DE TERCERA?

Parece ser que en este país, hay ciudadanos y servidores públicos de diferentes categorías y que los Militares estarían encasillados en las categorías más bajas de la sociedad. Es una afirmación un tanto dura para el espectro académico de muchos, pero los hechos que se han presentado en los últimos años, así lo demuestran.

 

Para citar solo algunos ejemplos. Los Primos Nule y su socio Mauricio Galofre,  diseñaron una estrategia defensa que les permitió aceptar cargos por el delito de peculado por apropiación y negociar con la Fiscalía la aplicación del principio de oportunidad para otros tres delitos que les habían sido imputados, lo que seguramente les representará en muy corto tiempo, acceder a la libertad a pesar de haber desfalcado al erario público en varios billones de pesos.

 

Alias Karina, reconocida terrorista de las farc, recordada porque el 31 de julio de 1999, jugó futbol con las cabezas de policías muertos en el ataque al municipio de Nariño (Antioquia), asesorada por personas defienden los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, definió su estrategia de defensa, se acogió a leyes diseñadas para el efecto, es gestora de paz y muy seguramente no pasará muchos días en un centro penitenciario.

 

Marbel Zamora (a. Chucho), otro nefasto personaje de las farc, que causó cientos de muertos en ataques terroristas, diseñó su propia estrategia de defensa y estuvo a punto de salir libre  por una maniobra jurídica perfectamente válida, que probablemente no fue elaborada por su pequeño hijo, como salieron a pregonarlo algunos medios de comunicación.

 

Hasta Garavito, el demente que abusó sexualmente y asesinó a sangre fría a cientos de niños, tiene abogado - o abogados -, y con seguridad manifiesta, el abogado está haciendo lo que esté a su alcance jurídicamente, para que su cliente pase la menor cantidad de tiempo posible en la cárcel.

 

Así se pueden contar muchos casos de servidores públicos y de personas del común, que están involucradas casos, como el escándalo de agro ingreso seguro, en las investigaciones que se adelantan por interceptaciones telefónicas irregulares en el DAS, o el caso del Ex Senador Iván Moreno, los  casos de parapolítica y los de paramilitares, entre otros, donde hay cientos de abogados diseñando estrategias de defensa para determinar qué delitos confiesan y en qué momento lo hacen.

 

Todo ello para cumplir su cometido: Ejercer una verdadera defensa, que permita a sus clientes asumir las menores consecuencias jurídicas por sus actuaciones.

 

Es decir, todos ellos tienen derecho a defenderse, a contratar abogados, a que los abogados se reúnan, definan la teoría de su caso y a que hagan todo lo posible para ejercer los derechos que les han sido conferidos por la Constitución Política de Colombia, que en el papel debían aplicarse a todos los ciudadanos por igual.

 

Pero parece ser, que los militares No. Así lo pregonan algunos “periodistas” y lo más preocupante es que a ellos les hace el juego, gran parte de la opinión pública.

 

Los abogados de los Militares no tienen derecho a diseñar estrategia defensa, porque los columnistas de moda lo llaman “defensa institucional” y “cuestionables practicas”, bajo el argumento que se obstruye a la justicia –Pero de la estrategia de Iván Moreno y de Marbel Zamora no han dicho nada-. Es decir, que los mencionados anteriormente, –Terroristas, contratistas, servidores públicos y ciudadanos del común-  pueden tener a su servicio prestigiosas oficinas de abogados, pero los militares, No.  Si el abogado de un Militar solicita la libertad de uno de sus representados, es dilación procesal, pero si la solicita el terrorista alias Chucho, es una situación pintoresca, nacida de la idea  de su “pequeño hijo”.

 

Si los abogados de los militares, definen una estrategia para determinar qué delitos se pueden confesar y cuáles no, o simplemente para establecer el orden en que deben rendir versión libre, o indagatoria, o aceptar cargos en una audiencia, o no aceptarlos; eso es, “defensa institucional y cuestionables prácticas”. Pero si los que lo hacen, son los Primos Nule y Mauricio Galofre, entonces “eso está bien”  y en los corrillos se escucha… “buena la estrategia de la defensa”.

 

En Colombia hay oficinas de abogados que se dedican a representar terroristas en las imputaciones que la justicia les realiza y esas oficinas de abogados se reúnen y precisan cursos de acción para la defensa. Pero al respecto, ningún columnista dice nada… Así se trate de estrategias como denunciar cualquier combate que sostenga legítimamente la Fuerza Pública, para presentarlo como si se tratara de actos fuera de combate.

 

A estos eventos se suma, la diferenciación que se hace al momento de aplicar figuras jurídicas a los militares, como bien lo ha citado un reconocido ex asesor presidencial en su cuenta de twiter, al cuestionarse válidamente, por qué los delitos de lesa humanidad cometidos por algunos desmovilizados del ELN prescriben y por qué, los presuntos delitos en los que habría incurrido el Coronel Plazas, no prescriben?. Este caso no es el único.

 

Por qué los delitos de lesa humanidad, como secuestros, asesinatos, asaltos a poblaciones y asaltos a edificios públicos, en los que incurrieron directamente o indirectamente, por cadena de mando, algunos de los actuales Gobernadores, Representantes a la Cámara, Directores de Institutos descentralizados, Columnistas y Catedráticos, fueron indultados, se consideran cosa juzgada y los columnistas de moda y gran parte de la sociedad están de acuerdo?

 

Y entonces por qué, los delitos que presuntamente habrían cometido militares, como el General Iván Ramírez o el Coronel Gilberto Sánchez no prescriben?

 

El argumento de algunos columnistas, e incluso de algunos académicos, es la mayor rigurosidad en el tratamiento a las autoridades, a las que le han sido entregadas las armas para la defensa de la nación; que a mi juicio es un argumento totalmente fuera de contexto, frente a lo que ha sido el tratamiento a nivel internacional de casos similares, en los que militares se han visto cuestionados por sus actuaciones en conflictos internos. 

 

Basta una mirada al caso Español y a la reacción de la Nación entera, cuando el reconocido Juez Baltazar Garzón pretendió investigar hechos de la dictadura de Franco, desconociendo una ley de punto final. Ahí no se continuó investigando lo ocurrido en la dictadura franquista, sino que se está Investigando al Juez Garzón, por prevaricato. Allí se cometieron delitos de lesa humanidad por los diferentes actores del conflicto; no solo por la ultraderecha franquista, sino también por los opositores, pero España y la Justicia Española, ha considerado que es un capítulo cerrado de una era de la historia, que seguramente nadie quiso que ocurriera, como estoy seguro que nadie quiso, que la época de la Inquisición hubiera dejado su estela, en la historia de la humanidad.

 

O analicemos el caso de las fuerzas militares de Estados Unidos, quienes gozan de inmunidad en cualquier conflicto en el que participen, aún incurriendo en desmanes que son reprochables desde cualquier punto de vista y que en todos los casos no son investigados por las autoridades de ese país.

 

O recordemos el caso Chileno, donde algunos sectores del gobierno, el parlamento y los militares, buscan la promulgación de una ley de punto final, con la que muchos no están de acuerdo, pero en la que otros coinciden, que es la mejor opción para mirar hacia un futuro promisorio de la Nación.

 

Por qué hay tantos críticos frente a una probable ley de punto final en Colombia para los militares que han incurrido en conductas que si bien es cierto pueden ser reprochables, también pueden ser perdonadas o sancionadas con una rigurosidad igual a la de integrantes de grupos armados ilegales?

 

Y por qué hay tanto respaldo a los procesos de paz consolidados con grupos como el M-19, el Quintín Lame, el EPL, el ERP, la corriente de renovación socialista, el ELN y algunas desmovilizaciones individuales de las farc, en los que han sido beneficiados, cientos de terroristas que han cometido miles de crímenes de lesa humanidad?

 

Esto sin ahondar en temas de derechos económicos, que han sido defendidos en el Congreso de la República por Senadores como Juan Lozano y Manuel Virguez, en los que con las mismas normas, o con normas similares; le han sido reconocidos a otros sectores públicos, como la justicia y los maestros, pero a los militares, aun no…

 

La conclusión es cruda, pero los hechos presentados así lo demuestran. En un estado donde la Constitución Política no diferencia a las personas en categorías, sino que por el contrario, pone en un plano de igualdad a todos integrantes de esta gran Nación; los militares son considerados personas de categoría diferente, ellos no tienen derecho a una defensa en igualdad de condiciones a la de los restantes miembros de la sociedad. No tienen derecho a que sus errores sean perdonados como se les perdona a otros ciudadanos y no tienen derecho a que sus derechos sean reconocidos, como se les reconocen otros sectores.

 

Por ello cobra validez, la frase que cursa por las redes sociales: “cuando la patria está en peligro, el pueblo se acuerda Dios y recurre al Soldado, pero cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el Soldado es repudiado…”

 

Sin embargo, a pesar de los desplantes y recriminaciones, a pesar de las críticas y del tratamiento desigual, el Soldado sigue ahí, solido y fuerte, con fe en la causa y dispuesto a proteger la bandera que un día juró defender.

 

Hasta cuándo? No se… Ojalá nunca desfallezca...

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1839

PORTADA

Odebrecht: ¡Crecen los tentáculos!

Las nuevas revelaciones del escándalo sacuden al Congreso y al director de la ANI. Con la nueva situación cambia el ajedrez político al comenzar la campaña electoral.