DE CLIENTELISTAS A POLÍTICOS – EMPRESARIOS.

Una frase del renunciado director del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en Bogotá, a raíz del fallo a favor de un contratista que un juez emitió ante una tutela interpuesta por este para evitar que el IDU le declarase la caducidad al contrato a su cargo,  para la construcción de una avenida al norte de la ciudad,  en donde la obra no solo lleva un retraso en el cronograma de su entrega de cuatro meses, sino que el indicador de cumplimiento muestra un 40% de la misma, me llamó la atención y es la siguiente: ”Los contratistas y el Estado ahora son uno solo”; con ella significaba que la acción del Estado en lugar de redundar en beneficio de la ciudadanía la hace en premio de las empresas que contratan con él.

Cuando en la década de los ochenta, del siglo pasado, se hablaba del modelo de Estado que resultó del llamado “Consenso de Washington” se hacía referencia a que este tenía que ser disminuido, de tal suerte que sus funciones se redujeran a la administración de justicia, al recaudo de impuestos y al mantenimiento de la seguridad nacional. Se daba por sentada la necesidad de desregular la economía, en el entendido de que el mercado, operando libremente, equilibraría las relaciones económicas y la privatización de los servicios públicos, asumiendo que el capital privado llevaría una mayor productividad a los activos, traduciéndose en un mayor beneficio hacia la población.

En Colombia, antes de la implementación del modelo de Estado del que arriba nos ocupamos, las obras públicas eran desarrolladas directamente por este; en los diferentes órdenes territoriales, existían secretarias de obras públicas, institutos nacionales, entre otros, con maquinarias y cuadrillas de obreros que desarrollaban la infraestructura. La seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) también era manejada exclusivamente por el Estado a través del Instituto de Seguros Sociales y de otros específicos dirigidos a los servidores públicos y a los de las FF. MM. Así se operaba en los otros sectores de servicios básicos.  El resultado fue que la politiquería se tomó esas entidades, los políticos se apoderaron de ellas, se beneficiaban de la burocracia y de la contratación, de esa manera aseguraban las elecciones y reelecciones como Concejales, Diputados, Representantes a la Cámara o Senadores, dependiendo del orden territorial en el que se moviesen; no importaba  el incremento injustificado de burocracia o el desangre financiero que sufrieran los estamentos públicos  ya que por el órgano legislativo pasaba la aprobación del presupuesto, allí se aseguraban los recursos de la ineficiencia social y de la eficacia electoral. Eran muy pocas las organizaciones del Estado que funcionaban eficientemente.

Por lo tanto, la receta neoliberal caía como anillo al dedo. Quitarle la politiquería al  manejo del Estado aparecía como una fórmula saludable para optimizar sus recursos. Entonces vinieron las leyes que reformaron la seguridad social y la prestación de servicios públicos y que permitieron que sus activos se transfiriesen al sector privado, en donde lejos de los políticos entraríamos en una era de prosperidad, con mayores coberturas en la prestación de los servicios y una mayor eficiencia en el desarrollo de los mismos. Así, por ejemplo, los estamentos del Estado encargados de la infraestructura pasaron de constructores a estructuradores de proyectos y de licitaciones, para que las empresas del sector privado desarrollasen las obras a beneficio de los flujos de ingresos futuros de su usufructo.

Pero en el país, con un mercado interno no muy desarrollado, el Estado es un actor económico de peso; con su nuevo rol también se convirtió en un gran dispensador de contratos, entonces del cordón umbilical, que debe existir, en la alta política, entre los tomadores de decisiones y los contratistas privados  no se pudo desalojar a la politiquería del nuevo modelo. Esta clase ni perdió burocracia y ni capacidad de contratación. Las cuotas de personal las mantuvo mediante las Cooperativas de Trabajo Asociado y la contratación mediante empresas familiares o de terceros controladas por sus miembros. La ley previó un trato preferencial en la contratación estatal para las cooperativas y fundaciones de educación superior, pero se convirtió en la puerta de fuga para que la clase política no se despegara del proceso. Los ejemplos del llamado “Cartel de la Contratación” en Bogotá, de los escándalos de la salud, y demás, en otros municipios, han mostrado el uso de las cooperativas en su desarrollo. Si alguien externo  mirara el volumen de contratación estatal con las cooperativas podría pensar que este sector en Colombia puede ser un modelo para distribuir riqueza, pero no lo es.

Si el gobierno quiere combatir la corrupción debe hacer una profunda evaluación de los procesos de contratación con las cooperativas;  la Superintendencia de Economía Solidaria debe ser más activa en las investigaciones que sobre los escándalos en la contratación afectan a su sector, creo que esta se ha quedado rezagada de las actuaciones de otras superintendencias y de las instancias judiciales en la corrección y prevención de irregularidades en el manejo de los dineros públicos.

Si bien se pudo erradicar al “político – clientelista”  del manejo del Estado no se contó con su transmutación a “Político – Empresario” o “Empresario - Político”, que siguió desangrando al presupuesto, que la inmensa mayoría de los colombianos lo sostenemos pagando con esfuerzo los impuestos. Entonces se entiende la razón por la cual se legisla a favor de ciertos intereses.

Bogotá D.C., Colombia. Julio de 2011.

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