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| 11/6/2012 10:43:24 AM

DUDAS ENTORNO A LOS TOROS Y LA REELECCIÓN DEL PROCURADOR.

La semana pasada dos episodios incitaron, por lo menos a título personal, una reflexión jurídica - difícil para un profano en esta materia - acerca de la legalidad y legitimidad de la posible reelección del Dr. Ordoñez como Procurador y del alcance práctico que puede tener la sentencia de la Corte que limita la acción de los alcaldes en la intención de algunos de ellos de prohibir las corridas de toros, en ciudades o municipios donde existen plazas de toros permanentes.

 

Empecemos por los toros. Los defensores de las corridas, en aparente minoría numérica pero con mucho poder, han alegado en la defensa de la llamada “Fiesta Brava” la tradición cultural que esta práctica puede tener y el hecho que la Corte en una sentencia les ha reconocido el argumento. No obstante considero que la Corte no ha sido muy contundente en ello,  empezando porque el término “cultura” no ha sido jurídicamente racionalizado. Sin entrar a realizar definiciones elaboradas de lo que se considera como cultura o folclore, podemos entender que una actividad es una manifestación cultural o folclórica cuando, tanto para quien es el agente de la cultura como para su auditorio, esta eleva la conciencia, produce efectos en la mente y los sentimientos que hacen que los individuos alcancen una mayor conciencia y se despierten en ellos las mejores pasiones para el crecimiento tanto individual como colectivo, vinculando la sabiduría de los antepasados con el presente y sembrando la semilla para una futura mejor manifestación cultural; en este sentido, desde mi punto de vista, convertir una costumbre bárbara en tradición cultural es plantar un simiente equivocado en el camino de la evolución del hombre, nada artístico o cultural le encuentro a una práctica en la que la arena se tiñe de rojo con la sangre de un animal inútilmente sacrificado, después de ser torturado, evocando en los asistentes al espectáculo grotescos gritos delirantes de satisfacción. Regresando a la no definición operacional desde el punto de vista jurídico de lo que es una corrida de toros, sí se intentara hacerlo, con los elementos que divierten a los “cultos” aficionados, iría en contravía a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, adoptada por la ONU y UNESCO - de la que Colombia es un país adherente-, además, desconocería  la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección Animal) y el Código de Policía, en donde se protege a los animales contra todo maltrato y muerte dolorosa que puedan sufrir. En este mismo sentido el Concejo de Estado en una sentencia, frente a una demanda que instauró un particular en contra un municipio del Eje Cafetero por la muerte de un trabajador en el matadero municipal, concluyó que de igual forma que las personas los animales tienen derecho a una muerte digna y que “tanto las mascotas como los animales fieros están representados en sus derechos”, para este fallo el Consejo de Estado tuvo en cuenta las normas internacionales que protegen a los animales. Por lo tanto: ¿Sí un mandatario local se ve compelido a autorizar corridas de toros – no se puede olvidar que la Ley por dura que sea es la Ley y se debe cumplir – podría reglamentar el uso de la plaza para este “espectáculo”, acudiendo a la sentencia del Consejo de Estado, a la legislación internacional y al Código de Policía condicionándolo a que el toro ni sea maltratado y ni sacrificado?

 

El Sr. Procurador. El Dr. Ordoñez, a propósito de lo anterior, también es un gran aficionado taurino, como a buen inquisidor las hogueras y  los tormentos le pueden resultar atractivos. Pero más allá de eso la inquietud más grave recae sobre sí su posible reelección, en caso de materializarse, puede ser demandada con éxito. El asunto se centra, más que en las posibles prácticas clientelistas desplegadas por el Procurador para asegurar su objetivo o de las posibles inhabilidades de los senadores beneficiarios de ellas si llegasen a votar por el funcionario, en la presunción  que se le ha violado el derecho a la igualdad a la ternada por el presidente, a la Dra. María Mercedes López, y que se ha desconocido el principio de la transparencia en la gestión de lo público y que quizá algunos de sus electores puedan caer en el campo del  prevaricato. La Constitución dice que el Procurador General será elegido por el Senado  de una terna de postulados por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente de la República.  Sin embargo, antes de que la terna estuviese lista, los senadores del Partido Conservador meses atrás anunciaron que votarán por la reelección de Ordoñez y cuando la Dra. López fue ternada, en declaraciones a Blu Radio, el Dr. Cepeda – presidente del directorio de ese partido- anunció que la decisión de votar por el Procurador Ordoñez había sido tomada en la bancada del partido y que para nada influiría en la colectividad la llegada de la nueva ternada al proceso de elección del Procurador. ¿Si el Procurador se reelige con los votos anunciados del Partido Conservador, sin esperar a que se conformara la terna, negándole el derecho a participar en igualdad de condiciones - en un proceso electoral transparente- a los candidatos distintos al actual titular del Ministerio Público podrá ser demandada por ilegal y a los senadores mencionados acusarlos de prevaricato? Espero que sí y que tenga éxito para garantizar el cumplimiento de la Constitución por parte de quienes en su nombre usufructúan privilegios y le pagan con su irrespeto.

 

 

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