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Dura lex, sed lex

Semana
4 de mayo de 2011

Dura lex, sed lex.

 

“Como Presidente, estoy obligado a respetar y acatar decisiones de la justicia. Pero no deja de dejarle a uno un sabor amargo un sistema donde a un general que le entregó toda su vida a la defensa de la Patria lo condenen a 35 años de cárcel, cuando verdaderos delincuentes que torturaron, que sometieron a los colombianos a situaciones horrorosas, quedan libres después de cinco u ocho años. Sé que eso es consecuencia de las leyes y de los acuerdos y de las circunstancias, pero cuando uno pone todo el sistema sobre la mesa se da cuenta que aquí hay injusticias”.  Presidente Juan Manuel Santos, refiriéndose a la condena contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, por la retoma del Palacio de Justicia.

 

Palabras que me causaron sorpresa por haber sido proferidas por el primer Mandatario de los colombianos, ya que se trata de una persona calmada, ponderada, pensante, respetuosa de sus congéneres y, en especial, de la institucionalidad, y el cual está dando ejemplo y confianza en la seriedad y firmeza de sus promesas, afirmaciones y decisiones. Una de las primeras promesas tenía como referente el mutuo respeto entre los órganos del Poder Público en su independencia y autonomía, cuando con gran acierto el Presidente Santos hizo la convocatoria a la Unidad Nacional.

 

Y, por supuesto, esta situación vista desde la óptica general, mas no individual, nos preocupa a todos, y en especial a los que no somos deudos de los que perecieron en la cruenta toma, y ante las decisiones de los jueces de conocimiento afloran por una parte los reconocimientos y aplausos por la prevalencia de la justicia, por la otra, los sollozos, las lágrimas y el desconcierto de los condenados y de su entorno familiar, y una màs, que es la mayoritaria, el asombro y un sabor amargo de la injusticia que se comete al condenar a los militares enjuiciados, quienes tienen encomendado la guarda de las instituciones.

 

En Colombia hemos tenido procesos de paz buenos, otros malos, porque han resultado fallidos, y otros màs que han sido feos y vergonzosos. Todos con un costo altísimo, no solo en lo económico, sino en lo moral y lo social. Toda gestión donde prime la buena fe y el sentido Patrio encaminada a procurar una plena convivencia pacífica, el costo-beneficio cualquiera que éste sea, es bajo, es irrisorio frente a ese anhelo tan esquivo como lo es la “Paz”.

 

El proceso de paz con la guerrilla del M-19 que firmo en el gobierno del Presidente Barco, fue pleno, motivo màs que suficiente para considerarlo “bueno”. Todos los colombianos se sintieron a gusto, con plena esperanza y tranquilidad por la paz que se avizoraba con ese grupo subversivo. Nadie levantó su voz de protesta o crítica. Sólo se empezó a escuchar cuestionamientos aislados en el Senado de la República en cabeza de Moreno de Caro. Y otros tantos, en boca del Presidente Uribe cuando lanzaba sus catilinarias contra Gustavo Petro y compañía.

 

Los procesos de paz fallidos con los ‘farianos’ y los ‘elenos, son incontables. Los Gobiernos de turno han sido convidados de piedra y el hazmerreír en el sinnúmero de francachelas que se han celebrado en el Chaguan y, las otras màs, en el exterior. Los disidentes de las Farc y Eln han sido reductos minúsculos inocuos llamados a desaparecer por fatiga famélica y carencia absoluta de pertrechos.

 

El “proceso de paz” que el Gobierno anterior le entregó a Colombia y a la comunidad internacional, acompañado de una parafernalia ridícula, grotesca y ofensiva para los ciudadanos de bien, resultó ser la burla y el engaño màs estruendoso e inicuo que se pueda  cometer con todas las víctimas de la época aciaga del ‘paramilitarismo’ .Dicha burla y engaño se debe investigar hasta la saciedad y castigar a los responsables con todo el peso de la ley, como a cualquier delincuente que expolie y se apodere de los recursos oficiales de la seguridad social.

 

No cabe la menor duda de que todo proceso de paz conlleva a efectuar contraprestaciones recíprocas, lo que obliga a realizar un análisis profundo en el aspecto jurídico, social y económico por los efectos colaterales que implícitamente trae consigo. Situación ésta que alegremente no se dio en la firma de la Paz con el grupo subversivo del M-19, ocupándose sólo de las figuras jurídicas del Indulto y la Amnistía, sin hacer alusión a la verdad, a la reparación y a la responsabilidad de las partes en el conflicto, evitándose asì las voces quejumbrosas que copan los espacios de los medios de comunicación.

 

No es que la ley sea injusta o que el Juez encargado de su aplicación sea parcial. No, la ley es impersonal, abstracta y general y se aplica como esté concebida, Los subrogados, los atenuantes, los agravantes, las causales de justificación o de inimputabilidad, asì, como la dosificación punitiva están señalados taxativamente en el ordenamiento jurídico penal. Dura es la ley, pero es la ley.

 

Manizales, Mayo 4 de 2011.

 

Marco Aurelio Uribe García.