ECOS DE LA ENTREVISTA A MANCUSO (II)
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En las últimas semanas el vector de la política en Colombia, en su magnitud y dirección, ha sido el de la aprobación en el congreso, en su trámite constitucional, del llamado “Marco Jurídico para la Paz”. Sobre este se pueden contextualizar los siguientes hechos: la entrevista radial que concedió Mancuso, el atentado en contra del ex ministro Londoño y el pulso que ganó el gobierno en la Cámara de Representantes en la aprobación del citado proyecto al uribismo que se oponía con vehemencia a él. Los dos primeros pueden estar fuertemente relacionados.
Se ha observado que los grandes capos del narcotráfico, y en general cualquier mando medio de una estructura de narcotraficantes, le han perdido el miedo a enfrentar a la justicia estadunidense, ya que allí pueden encontrar ventajas importantes a la hora de hacer una negociación efectiva, obteniendo beneficios tales como: penas relativamente irrisorias frente a la gravedad de los delitos cometidos y la consecución de permisos de residencia para ellos y sus familias en los EE.UU., en algunos casos con nuevas identidades. Mancuso ha afirmado que está negociando con las autoridades judiciales norteamericanas, pero en su caso de nada le valdría una negociación exitosa sin resolver los problemas judiciales en Colombia; Mancuso debe responder por delitos de lesa humanidad que no le permitirían al gobierno norteamericano otorgarle beneficios que le garanticen una inmunidad por la comisión de ellos en el país; más aún, las autoridades judiciales en los EE.UU. han condicionado los acuerdos para algunos capos con la colaboración que le presten a las autoridades colombianas en las investigaciones judiciales que aquí se adelantan; por lo tanto, una vez cumplida la pena que pueda negociar se vería deportado a Colombia para enfrentar a los procesos judiciales que en nuestro territorio en ese momento encarare; entonces, realizando una negociación en el país, bajo la cobertura del llamado “Marco Jurídico para la Paz”, el sueño de pasar las últimas décadas de su vida en “tranquilidad” puede ser alcanzado.
La posible negociación de los jefes paramilitares no se encuentra en terreno abonado. Por un lado, la Corte Suprema ha sentado en su jurisprudencia la consideración que los paramilitares no son actores del conflicto - en otras palabras, que su accionar criminal no se enmarca dentro de una motivación política- y, adicionalmente, los resultados de la aplicación de la ley de Justicia y Paz, diseñada para ellos, distan de ser los deseados por la sociedad y por lo tanto estarían en contravía a una aceptación de una nueva ronda de negociaciones con ellos. Esto hace que Mancuso, y los otros jefes paramilitares extraditados, busque, no sin cierto desespero, una estrategia para aterrizar al proceso de negociación que el gobierno pueda llegar a tener con los grupos armados insurgentes en el marco constitucional que está avanzando en el congreso.
La estrategia podría estar centrada en explotar la división entre el uribismo y el santismo, configuración de la lucha política que se vive en la coyuntura del país. Esto llevaría a una jugada a dos bandas: por un lado, le daría la razón al uribismo al emprender una “venganza” contra ese sector - pero no en el sentido que lo enfocan sus voceros buscando descalificar las declaraciones de los extraditados como cuentos que pretenden enredar al ex presidente Uribe en venganza por haberlos enviado presos a los EE.UU.- contando las circunstancias y hechos aún no conocidos y que pondrían en dificultades judiciales al uribismo, debilitándolo políticamente; Mancuso ha dicho que las pruebas existen y que estarían a disposición en el momento en que la justicia actúe; anzuelo que podría morder Santos para maniobrar fortaleciendo su línea política y en detrimento mayor de su más importante adversario; el anzuelo se tornaría más atractivo en la medida que la lucha se presente en términos más ásperos que los actuales. La hecatombe sería explosiva. La segunda banda sería jugada con la facilitación de la aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras; es bien sabido que existen grandes extensiones de tierra en poder de ellos, que fueron ocupadas bien forzando el desplazamiento de miles de campesinos, comprándolas a precios irrisorios o que fueron adquiridas al amparo del negocio del narcotráfico; entonces, facilitar estos procesos sería otra baza para el proceso que puede acoger el gobierno para implementar con mayor éxito su política de reparación a las víctimas.
La sociedad en su momento podrá aceptar esos arreglos. Hoy en día se puede ver con claridad lo que buscaban las falsas desmovilizaciones de la guerrilla durante la etapa en la que, en el anterior gobierno, se negociaba con los jefes paramilitares en Ralito: se pretendía que los ojos de la comunidad, nacional e internacional, vieran con agrado como los bandos combatientes se acogían a la ley, buscando una salida pacífica al conflicto, legalizando, de paso, las exageradas condiciones benéficas que se pactaron, en secreto, con los grupos armados de extrema derecha. Por lo tanto, sí hoy, dentro de un real proceso de desmovilización de las guerrillas y de bandas criminales, ambos sectores reciben tratamientos favorables por su colaboración eficaz con la justicia, con la revelación de toda la verdad del conflicto y una óptima reparación a las víctimas, el proceso podría contar con la bendición de la opinión pública y Santos estaría entrando definitivamente a la historia.
En consideración a lo anterior, no sería descabellada la hipótesis de una alianza entre FARC y “Bacirms” para buscar una salida política en común, a diferencia del modelo anterior que buscó privilegiar al paramilitarismo. Por lo tanto, el uribismo como opositor al modelo de negociación de Santos pasaría a ser su enemigo común. Esa hipótesis en la investigación del atentado a Londoño que configura una alianza entre las FARC y una banda criminal, que lo financió, podría encajar en esa lógica. La motivación de la extrema derecha armada sería la de notificar a sus, otrora, aliados políticos que están ya en caminos divergentes y, posiblemente, las FARC, además de golpear a un enemigo, pretendía “medirle” la real voluntad al gobierno de iniciar una etapa de negociación observando su comportamiento en la votación que la Cámara ese día realizaba sobre el “Marco Jurídico para la Paz”.
Finalmente, dejaría en el aire la inquietud sobre quién estaría políticamente articulando esta alianza y, de nuevo, cuáles serían sus vasos comunicantes con los jefes paramilitares extraditados. Hace décadas los políticos liberales abandonaron a su suerte a las guerrillas liberales que promovieron en el marco de la violencia política de ese entonces; hoy los grupos de autodefensas no quieren repetir lo que la historia les enseña: no se puede confiar del todo en los políticos y no vale la pena guardar silencio para que disfruten impunemente de su poder a sus costillas.
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