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| 5/28/2012 12:06:10 PM

EL CASO DE SIGIFREDO: UN EJEMPLO DE NUESTRA FALTA DE PROFESIONALISMO.

Se nos vino encima del TLC con los EE.UU. y nos cogió sin la infraestructura necesaria para competir con éxito, sin planes estratégicos para acomodar nuestra economía a esa realidad comercial, entre otros aspectos técnicos a considerar; en síntesis, nos sorprendió con la mentalidad de siempre: la de la falta de profesionalismo, nuestra falta de rigurosidad en lo que hacemos. Esa idiosincrasia  se  refleja  en nuestra clase política y en nuestra clase dirigente. El afán de este escrito no está en el plano económico sino en dos casos  puntuales que  merecen  unos comentarios ya que ilustran lo antes acotado.

 

La captura de Sigifredo López, sindicado de ser el determinante del secuestro de sus colegas, los diputados de la Asamblea del Valle, que posteriormente terminaron asesinados por las FARC, situación en la que él quedó como único sobreviviente, ha causado conmoción en la sociedad y es el primer ejemplo. Resulta difícil  creer que un hombre, que estuvo secuestrado por tantos años, que sufrió quebrantos en salud por estar en esa condición,  una vez recuperada su condición de ser humano libre haya tenido la cabeza fría para engañar a toda una sociedad y esconder un crimen,  que de ser cierto no hallaría perdón en las conciencias de los colombianos. Tengo una resistencia a creer esto; lo único que se puede alegar en este momento es que Sigifredo tiene el derecho a recibir el beneficio de la presunción de inocencia. El fiscal que adelantó la investigación debería haber sabido que la decisión que estaba considerando sería una noticia que caería como una carga de profundidad en el ánimo social y, por lo tanto, se podría pensar que su labor investigativa ha debido llevarse con la plena rigurosidad técnica que la ameritaba. Indudablemente, mal podría cuestionar la actuación de un operador judicial, y más sin conocer el proceso, pero las noticias de los últimos días sí permiten plantear unas inquietudes: ¿El fiscal entrevistó al guerrillero, condenado por ser quien organizó el secuestro de los diputados, detenido en Cómbita, buscando detalles de la posible participación de Sigifredo en los hechos? ¿Confrontó con él la identificación del individuo quien, en un video encontrado en los computadores de Alfonso Cano,  indica la forma de realizar el secuestro y las rutas de escape para su éxito operativo? ¿Pudo pensar que dicho individuo podía ser alas “JJ”, el entonces jefe de la columna guerrillera que cometió el secuestro? ¿Buscó en los archivos fílmicos y de audio disponibles de alias “ JJ” para realizar un examen pericial  y poder reafirmar o descartar la hipótesis de la participación de Sigifredo en la investigación de ese hecho? ¿Pudo haber acudido, en virtud de los convenios internacionales de cooperación técnica judicial, a una confirmación por parte  de una agencia  extranjera de investigación judicial, con mayores recursos técnicos que la Fiscalía, para estar más seguro sobre la hipótesis que manejaba? En fin, creo que estos interrogantes han debido plantearse antes de tomar decisiones y no con el escándalo que la captura de Sigifredo ha despertado. Con todo respeto, pienso que al fiscal investigador adoleció de una falta de rigor profesional, rigor que debe estar presente en un operador de la justicia en donde sus actuaciones, en general, pueden cambiar la vida de una persona, y de su entorno familiar, de forma radical. Independientemente de su resultado, las pesquisas que ahora se inician han debido realizarse en el transcurso de los preliminares y no por las inquietudes de la defensa y del periodismo crítico.

 

El segundo ejemplo, el caso del sistema de salud. El anterior gobierno, en sus ocho años de ejercicio, no pudo hacer más por acabar con el precario sistema de salud sencillamente porque no le alcanzó el tiempo para hacerlo o, mejor, porque no se pudo reelegir. Se conocen ahora las nefastas decisiones del ministerio de la “Protección Social” a favor de algunas multinacionales farmacéuticas; la falta de control del ministerio, rayando en la complicidad, que llevó a que directivos de algunas de las más grandes  EPS se apropiasen de recursos públicos del sistema y los destinasen a fines distintos y con intereses personales dando  como resultado final  un sistema desfinanciado,  inoperante y proclive  a la corrupción. Dos años después de terminar la nefasta gestión de su antecesor el gobierno de Santos poco ha hecho por enfrentar el problema con la decisión y el rigor que se merece. Las señales de alarma se sienten: el alcalde de Bogotá ha pedido a gritos la intervención del gobierno nacional para controlar el desfalco en la red hospitalaria pública del distrito y la Contraloría y la Procuraduría han abierto investigaciones fiscales y disciplinarias a los funcionarios responsables de posibles actos de detrimento patrimonial en montos tasados en cerca del billón de pesos– los investigadores del primer órgano de control encontraron evidencias de ello, pruebas  que no halla la Fiscalía, con su titular impedido en el caso de SaludCoop -.  Al iniciar su gobierno, Santos sorprendió con la investigación en torno a la corrupción en el sector; se veía, entonces, como el preludio para enderezar de una vez por todas al sistema y buscar una solución financiera que lo hiciera operativo a los niveles óptimos de calidad requeridos; hoy solo vemos que la intervención realizada por el Estado ha aportado nulos beneficios y no se ve  una solución a largo plazo. No debemos sorprendernos que el gobierno, en unos meses, resulte invocando una emergencia social para tratar de hacer lo que se ha debido realizar desde los inicios de su periodo. A propósito, la Contralora General ha sido la única funcionaria que ha propuesto una solución inteligente: adoptar el modelo como se superó la crisis financiera de los años ochenta; pero a ver que los eficientes funcionarios del nuevo ministerio actúen es mejor sentarnos a esperar.

 

Si estos ejemplos de las competencias de nuestros funcionarios públicos se pueden extrapolar a otros sectores, de nuestra actividad social y económica, bien vale plantear la inquietud sobre la premisa que los tratados de libre comercio, que el gobierno suscriba con otras naciones, son el vehículo de nuestro desarrollo. Bien vale la pena revisar nuestra mentalidad emprendedora y nuestra capacidad profesional en muchos aspectos de nuestra vida.

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