EL FUTURO NO SOLO ESTÁ EN OSLO.

En estos días se inicia en Oslo (Noruega) la ronda de negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano con miras a terminar, de forma negociada, el largo conflicto interno en el que no encontramos inmersos. Esperemos que la suerte nos acompañe y que los voceros de la guerrilla puedan combinar una dosis de realismo político y militar, una porción de sinceridad y una pizca de entendimiento para que comprendan que la sociedad reclama su derecho a tener un sueño de paz, especialmente para las generaciones por venir, y que a mediano y largo plazo busquemos escenarios de fortalecimiento democrático y desarrollo incluyente; y por parte del gobierno deseemos  que encuentre la “silla” adecuada en la curva de la utilidades de la negociación y pueda concretar un acuerdo en donde las concesiones que se puedan hacer traigan beneficios,  que  permitan la reparación y un proceso de verdad que las víctimas del conflicto están reclamando. Se podría decir que el reto que se plantea en Oslo es fundamental para el futuro del País, pero  hoy el Estado colombiano enfrenta otros dos que emblemáticamente se ligan con el primero, ya que para que el resultado de la negociación  sea exitoso se debe  contar con un Estado fuerte en materias judicial y electoral y por lo tanto lo que suceda en estos meses en la Fiscalía General - y el sistema judicial en general - y con la Registraduría del Estado Civil indicarían sí como sociedad nos encaminamos en la construcción  del Estado que la paz política y social requiere.

La Fiscalía realmente no ha tenido momentos de orgullo en las semanas precedentes. El caso emblemático de esta difícil coyuntura es el de Sigifredo López, por el cual, junto con la DIJIN, en esta semana el Fiscal General le pedirá perdón por la injusticia contra él cometida. Pero en este marco se puede vislumbrar algo más grave y está en relación con el llamado “Cartel de la Contratación” de Bogotá. El modelo con el cual particulares se apropiaron del presupuesto de la ciudad ni es nuevo y ni es exclusivo de los colombianos; ya el italiano Roberto Saviano, en su libro “Gomorra”, relató cómo los negocios de las mafias de la Camorra a través de los grandes contratos públicos con la ciudad de Nápoles, obtenidos a través de políticos corruptos o por medio de los políticos nacidos en su seno, a la vez que  diversificaban su estrategia financiera lograban “lavar” sus utilidades ilícitas. El modelo tampoco es inédito en Colombia ya que no son pocos los municipios que, desde tiempo atrás,  han sido tomados por las mafias de la contratación y se han apropiado del dinero público para favorecer sus intereses económicos y políticos. En Bogotá, en la pasada administración, se gestó un cartel de contratos, un pulpo que extendió sus tentáculos por todos los rubros del presupuesto: desarrollo de obras, educación y para cerrar la lista incompleta con el más aberrante, la salud - en especial con los programas de los bogotanos más pobres. Los hechos son tan graves que tienen en la cárcel a los entonces: Alcalde Mayor, su hermano Senador, Contralor Distrital, contratistas y funcionarios menores. Las investigaciones desde un comienzo comprometieron a un numeroso grupo de concejales de la ciudad, hasta el punto que en plena campaña política, en la que no pocos de ellos se reelegirían, la Fiscalía General los llamó a interrogatorio; pasaron los meses y el proceso, con los ojos de la sociedad, no mostró avances, al parecer el código de silencio mafioso impidió el progreso investigativo; hasta que un contratita lo rompió y comenzó  a colaborar en busca de un acuerdo bajo el principio de Oportunidad; así Emilio Tapia ha venido develando el verdadero mapa de la corrupción en la capital del país y con base en ello, aparentemente, el fiscal que venía al frente del proceso se aprestaba a tomar decisiones que afectarían inicialmente  a tres concejales, un ex secretario de salud  y a empresarios de prestigio, pero el Fiscal General tomó la sorpresiva decisión de remover al fiscal titular del proceso. La señal, para una buena parte de la ciudadanía, es negativa ya que lo primero en que se piensa es que se le pone un freno a la investigación, justo cuando se comenzarían a tocar a los grandes “cacaos” de la política bogotana. Sr. Fiscal el reto que tiene es el de cimentar la confianza de la ciudadanía en la Fiscalía y en la justicia en general – que por las recientes encuestas de confianza en las instituciones esta no se encuentra en un nivel alto -; sí se genera un manto de impunidad no tendrá oportunidad para que sus conciudadanos le acepten las disculpas que pueda ofrecer, el mensaje para todo un país sería que el delito sí paga y para ello solo basta ser político o estar cerca del poder. Sí no somos capaces de tocar los intereses de la mafia moderna, teniendo la oportunidad para ello, para que esperamos resultados positivos en Oslo, mejor como se dice: “apague y vámonos”.

Otro reto, relacionado con el anterior, se centra en el sistema electoral. Si bien la Registraduría ha hecho un esfuerzo grande en tecnificar el sistema de conteo electoral pero, como se demostró en las elecciones atípicas para la gobernación del Valle en meses pasados, este no está lo suficientemente blindado contra algunas prácticas de fraude. En un informe que presentó la Comisión Asesora para la Implementación del Voto Electrónico en esta semana da cuentas que faltan recursos para implementar esta modalidad de voto en el país, con la que se reduciría en buena proporción el riesgo de manipulación y fraude del sufragio de los ciudadanos; así que, seguramente, en las próximas elecciones veremos como en algunos casos y regiones la voluntad popular no encontrará el correspondiente guarismo electoral sino que se hará la voluntad de ciertos caciques políticos que pretenden perpetuar sus perversas dinastías a través del fraude que, históricamente, no lo hemos podido ocultar en algunas zonas. Ejemplo nos han dado los venezolanos en sus pasadas elecciones presidenciales; sí bien se pueden criticar las campañas, los candidatos o las ideologías lo que sí quedo fuera de toda duda fue su escrutinio, tecnológicamente avanzado que entregó resultados pronta e inobjetablemente. Si no logramos un nivel tecnológico alto en el escrutinio se seguiría retroalimentando el círculo que configura la corrupción en la política: la conformación de clientelas – aprovechamiento de la contratación oficial no solo para obtener beneficios económicos sino a través de las nóminas que generan estos contratos encontrar los votos cautivos - que tienen, en el caso de Bogotá, a unos “abnegados” concejales reelectos y ejerciendo “control” político a la administración que juró combatirlos.

Si el Estado colombiano no da claras señales de romper con los esquemas de corrupción oficial,  no garantiza las condiciones para que nuevas fuerzas políticas tengan una expresión legítima y no les permite la posibilidad de competir por el favor del pueblo en unas elecciones en igualdad de condiciones a las de la maquinaria tradicional de poco servirán los posibles acuerdos que se logren en Oslo. En Noruega se juega una parte del futuro de los colombianos y en Bogotá la otra. Señor Fiscal General y Gobierno: no se conviertan en pieza de una desilusión en las instituciones por cuenta de los ciudadanos; parte de la fortaleza del Estado en un proceso de esta naturaleza se centra allí: en la legitimidad que los ciudadanos le otorguen a su Estado.