El problema de la delincuencia en Medellín (I): a propósito de la Ley de Juventud.

Esta ley (Ley de juventud) establece como finalidades, en un marco democrático y Social de Derecho, las garantías del Estado en términos de la disposición de recursos físicos, económicos y humanos, en dirección a disponer para los jóvenes colombianos el acceso a la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte, entre otras actividades de importancia capital para el desarrollo humano. Entiendo que no ofreceré una explicación, por lo menos aproximada, si no lo enfocamos hacia realidades concretas de la municipalidad en esta materia.

Medellín, en el año 2006, se aprueba el Acuerdo municipal 76, con el cual se reglamenta la política pública en materia de juventud adoptada por la administración de Sergio Fajardo y que regirá entre los años 2007 y 2015. Este acuerdo, en términos generales, significa el traslado a escala municipal de los principios de la Ley de Juventud, enunciando, en este caso, a la municipalidad como garante de la satisfacción real de las necesidades vitales a los jóvenes medellinenses, y estableciendo la parte orgánica que se moverá sobre la base de “proyectos y líneas estratégicas”, y en consecuencia, disponer del “acceso de las juventudes a los derechos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales; una institucionalidad pública, privada y comunitaria articulada en sus ofertas y a políticas públicas en juventud continuadas y coherentes a la realidad juvenil”.

Sin embargo, este sistemático enunciado de Derechos de la población juvenil, no puede divorciarse, de ningún modo, de las circunstancias económicas, sociales y políticas que atraviesa el país. Como tampoco puede estudiarse lejos del modelo y de la estructura que rige los destinos de nuestra nación.

En el Municipio de Medellín habitan 586.242 jóvenes entre 14 y 26 años.

En materia de salud, según el Observatorio Municipal de Juventud (ver Tabla 1), de la totalidad de jóvenes residentes en Medellín, 97.716 no están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, y 316.532 se encuentran afiliados al régimen contributivo, quienes aportan, ellos o sus familias, económicamente para permanecer afiliados. Estos últimos están repartidos así: 116.413 son cotizantes del régimen contributivo, mientras que 200.119 son beneficiarios de sus familias, las que a su vez cotizan al mencionado régimen.

En el terreno de la educación en el Municipio de Medellín, no hay mayores contrastes respecto del asunto de la salud. Como muestra la tabla 2, en el año 2008 se graduaron de secundaria 133.635 jóvenes, de los cuales 24.889 accedieron a la educación universitaria pública o privada y 31.319 lograron entrar a alguna institución de carácter técnico o tecnológico. Así las cuentas, cerca de 77.432 jóvenes de la ciudad y sus corregimientos  no terminaron la educación preescolar, la primaria, la educación media o la secundaria, y en ultimas, no accedieron a la educación superior, engrosando así las filas de los trabajadores, en su mayoría menores de edad e informales, como lo veremos más adelante.

Un factor, en lo atinente a la educación secundaria en el Municipio, que queda en entredicho, es el de la calidad. Los resultados en las Pruebas Icfes, tan bien recibidas por las administraciones que no se esmera en hacer ni la más mínima observación a los estándares curriculares por medio de dichas pruebas, las cuales relegan a un segundo plano al maestro, entre muchos otros puntos relevantes en esta materia, y que han aceptado el esquema ministerial de manera indiferente, muestran el deterioro al que llegan las instituciones educativas entre los años 2004 y 2008. En nivel alto, el porcentaje de colegios oficiales y no oficiales pasó de 15,6 a 8,8; el porcentaje de colegios en nivel medio pasó de 61,5 a 45,1; y el porcentaje de colegios en nivel bajo pasó de 22,9 a la alarmante cifra de 46,0%.

Todo lo anterior contrasta con la Tasa de Cobertura Bruta Media, que alcanza el 72,7%, y la Tasa de Cobertura Bruta Secundaria 109,1%. Pero además de eso, a las Instituciones Educativas de carácter oficial les toca operar con menos recursos financieros. Según cálculos publicados por el Ministerio de Hacienda hace dos años, el solo departamento de Antioquia, habrá dejado de percibir, por concepto del recorte a las transferencias a las entidades territoriales mediante el Acto legislativo 011 de 2007, $3,6 billones, y el solo Municipio de Medellín $1,4 billones para el año 2016.

Bueno, ¿y si en Colombia la tasa de desempleo formal alcanza el 70%, la población juvenil de la ciudad de Medellín en qué condiciones laborales se encuentra? Como lo dije anteriormente, alrededor de 77 mil jóvenes no tienen ninguna posibilidad de acceso a la educación, teniendo así como única opción dedicarse al trabajo. Según el diagnostico realizado por la Escuela Nacional Sindical y Metrojuventud sobre la informalidad, muchos de estos jóvenes, han desertado de sus colegios por diversas razones, pero la gran mayoría alega problemas económicos. “En su mayoría tienen bajos niveles educativos, actualmente ninguno está vinculado a la educación formal y han abandonado sus estudios en octavo y noveno; expresan haberse retirado por problemas en el colegio, en especial con los profesores. Por otro lado, cuando se vinculan a este tipo de trabajos concentran sus esfuerzos en la consecución de dinero para suplir sus necesidades y cada vez tienen que destinar más horas y más energía en ello. De igual manera, expresan la necesidad de estudiar y reconocen la importancia de la educación en sus vidas para la realización de sus sueños y el acceso a mejores condiciones de vida, por ello, consideran la posibilidad de continuar estudiando siempre y cuando se presenten las oportunidades, dado que sus obligaciones económicas les limitan la posibilidad de acceder a los procesos educativos.

A modo de conclusión. Otra opción: la delincuencia.

Esta gran cantidad de jóvenes que a diario se ven obligados a trabajar en condiciones indignas, por decir lo menos, a una exposición permanente a cambios climáticos, al malgenio o maltrato de los clientes, limitaciones para una adecua financiación, explotación laboral y en algunos casos acoso sexual, ganando entre 10 mil y 15 mil pesos diarios, teniendo que costear comida en el orden de 5 mil pesos para una familia, y en otros casos el costo de la noche de algún cuarto en el centro, es el reflejo de un grave problema estructural.

Este es un problema generado por la falta de condiciones de vida que la misma ley se encarga de enunciar con vehemencia, pero en un sentido formal radica todo su contenido, porque en un sentido material, por lo menos en los casos aquí citados, no hay un solo atisbo de cumplimiento de estos preceptos. Es claro que debe rechazarse cualquier acto delictivo venga de donde venga, pero con una juventud que en últimas termina siendo víctima de la descomposición social me surge un interrogante: ¿Cómo se resuelve el problema con estos jóvenes que acuden a la delincuencia como medio de subsistencia? A todas luces solo hay dos formas de atenderlo, la autoritaria y la democrática.

En la primera acepción entran las más sonadas medidas, las más frecuentes afrentas que supuestamente han hecho de buena fe las administraciones nacionales, departamentales y municipales, las medidas coercitivas donde la fuerza es la que impera sobre cualquier manifestación de lógica civil, que inmediatamente nos diría que la solución es atacar las causas del problema. Esta es la lógica en la que entran medidas tales como las llamadas “limpiezas sociales” Todas estas medidas anacrónicas encargadas de encubar el problema, no solucionarlo.

Y la segunda, la vía democrática, es la que concibe a estos problemas y sus soluciones como una cuestión compleja, como cualquier otro proceso social que realmente transforme las estructuras, vía que de ninguna manera excluye sanciones, pero que no ve al joven como el culpable sino como víctima, pues al no poseer condiciones materiales de existencia optimas, no podrá alcanzar estados de civilidad que le permitan reconocer y diferenciar que se hace en un sistema tan desigual e inequitativo como el colombiano, y que se termina vendiendo al mejor postor, encarnado en el mafiosito del  barrio o el duro del microtrafico de drogas, en fin, cualquier manifestación de delincuencia debe ser tratada de esta manera sensata, y en sumo, eficaz. También se trata de ir más allá de la ley misma, que por sí sola no ofrece nada, si no existe un fortalecimiento de corrientes progresistas y con vocación de poder. La solución está en labores persuasivas, educativas, pues estas actitudes delictivas en gran medida están fuera de su propio control. El aspecto fundamental es que mientras no existan bases materiales dignas, justas, equitativas, de beneficio reciproco, estos problemas no se solucionan. Estos se resuelven cuando se resuelvan los problemas de fondo, los problemas generales, los problemas estructurales de la sociedad.

¡MENOS CAFÉ CON ALONSO, MAS GARANTÍAS Y MAS PRESUPUESTO PARA LA JUVENTUD DE MEDELLÍN!