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| 8/22/2011 7:43:16 PM

El retiro de avales: un avance que requiere mayores esfuerzos.

Las instituciones y algunos de los principales partidos políticos del País están realizando un esfuerzo para devolver al ejercicio de la política la ética y la legalidad que le debe caracterizar. El Gobierno ha liderado reformas legislativas y la promulgación de leyes, como la de anticorrupción, que han dado las herramientas jurídicas para que  el Estado y los partidos políticos emprendan una depuración de prácticas que han fomentado la corrupción y la convivencia, en algunos casos, del interés público con los de grupos ilegales, que han utilizado el patrimonio de los ciudadanos para incrementar su poder e influencia y lavar sus ganancias ilícitas.

 

En este nuevo marco los partidos políticos y sus directores tienen una responsabilidad legal importante en el otorgamiento de avales a candidatos -  en otras palabras,  en el proceso de habilitar en su nombre a ciudadanos para que, desde los distintos estamentos de elección popular, además de representar a los ciudadanos la ejerzan en nombre de sus partidos o movimientos políticos- lo que los ha llevado, de una forma atropellada, a depurar sus listas causando dificultades en la coyuntura pero buscando que, a mediano plazo, se beneficie el sistema político colombiano, si se continua con la voluntad política de cambiar las prácticas electorales de los partidos en Colombia.

 

El porcentaje de candidatos al que los partidos han retirado el aval es pequeño, en comparación con el universo de candidatos, pero significativo en lo que respecta a su poder electoral. Se pueden distinguir grupos, a saber:

 

El primero es el de los que tienen antecedentes penales, inhabilidades, e incluso órdenes de captura. Resulta increíble ver la capacidad de cinismo y el mínimo respeto por la Ley que algunas personas ostentan al pretender “lavar” sus nombres con el ejercicio de la política contraviniendo, con doble acción, a  la institucionalidad. Es inaudito, además, contemplar la forma como los partidos, en primera instancia, les otorgaron los avales; no establecieron el mínimo procedimiento que filtrara las flagrantes violaciones al régimen electoral y, por lo tanto, tuvieron que salir apresuradamente a retirarlos con sería afectación de su imagen ante la opinión pública.

 

El segundo grupo corresponde a ciudadanos que no teniendo problemas con la justicia tienen un vínculo familiar con personas que han sido condenadas por delitos conexos con el narcotráfico, con el paramilitarismo o en delitos contra el patrimonio público, en este caso ya sea a nivel penal o disciplinario. Este es un caso difícil de tratar. Se ha alegado que no existen los delitos de sangre, que las responsabilidades son individuales, y que, por lo tanto, injustamente se pueden estar tratando a los familiares que intentan alcanzar una posición electoral. Evidentemente se pueden presentar señalamientos alevosos, pero también se debe mirar el beneficio que reciben de la estructura política y económica de sus familiares condenados, ya que si es estrecho lo único que seguiría evidenciando es una proyección de poder de quien no puede ejercer la política a través de un familiar con antecedentes limpios. Este nepotismo ha sido la base que ha permitido la construcción de mafias electorales que han utilizado los recursos públicos para empoderarse regional o localmente. Aquí también nos puede llevar a la reflexión sobre la responsabilidad social de las malas acciones individuales, es decir que la persona que comete un delito está no solamente marcando su nombre sino el de su familia, a la que expone al escarnio público con las consecuencias que ello pueda conllevar. En este punto Cambio Radical se ha dado una pela muy dura retirando avales a personas con apellidos de barones electorales que se encuentran privados de la libertad por delitos graves; esto ha requerido una voluntad política de depurar el partido así se pierdan las elecciones en muchas regiones.

 

Existe un tercer grupo que pondrá en aprietos la decisión de limpiar a los partidos. Me refiero al caso de Bogotá, que puede ser el mismo en otras regiones, en donde a algunos de los actuales concejales, muchos de ellos en vías de reelección, en las próximas semanas posiblemente se vean inmersos en procesos judiciales de corrupción. La revista Dinero, en una entrevista con Inocencio Meléndez, ha mencionado la investigación que pesa sobre doce concejales por las obras de  reparación de la malla vial de la ciudad; se rumora que está ad portas la divulgación de una investigación de la Fiscalía sobre la contratación en las alcaldías locales que estarían afectando judicialmente a por lo menos siete alcaldes y a un grupo de ediles y los rumores no paran allí. Estos hechos involucrarían a pesos pesados de la política capitalina, entonces: ¿Cómo actuarán los partidos que en estos momentos avalan sus aspiraciones? Una dura prueba de fuego que se puede venir y que puede afectar profundamente el mapa electoral de la capital.

 

Queda mucho por hacer en la depuración de los partidos. Se deben crear los sistemas institucionales, al interior de cada uno de ellos, que garanticen filtros efectivos; se debe profundizar en los mecanismos de afiliación de sus miembros y, sobre todo, en la forma de quebrar las malas prácticas electorales como la compra de votos y la violación de los topes de los presupuestos de las campañas políticas. Los partidos deben  propender por la protección del erario público para impedir que se utilice en beneficio político de pocos que con él  garantizan sus elecciones y el beneficio privado de sus allegados. Llegó el momento de menos discursos y de mayor acción.

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