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| 9/27/2012 3:36:47 AM

Hay que pedirle a la plutocracia que también se desmovilice

Ad portas de reiniciarse otro diâlogo de paz, entre el Estado colombiano y la insurgencia izquierdista, nos preguntamos…serâ posible un verdadero acuerdo de paz que ponga fin a la confrontaciôn civil y polîtica a través de las armas, exigiéndole solo a una de las partes su desmovilizaciôn ? Consideramos que no es posible.

Planteamientos tâcticos con proyecciôn estratégica :
Mientras el Estado colombiano, a través de su clase polîtica tradicional (aquella que viene desde la aristocracia de la colonia, de la « independencia de la dependencia », la del adefesio de la constituciôn polîtica conservadurista de 1886, la del Estado de Sitio y sus gobiernos civicos militares, paramilitarismo y/o autodefensas) y no tradicional (aquella que proviene de la burguesîa emergente, del narcotrâfico y latifundio), plantea tâcticamente la desmovilizaciôn como es a penas obvio de las guerrillas izquierdistas, estas a su vez respoden también tâcticamente, con la propuesta de dejaciôn de las armas. Tesis y antîtesis de la dialéctica de la polîtica y de la guerra en el marco de la ideologîa.

Estos dos planteamientos, en donde el primero busca por parte del Estado y en contra de la insurgencia, la renuncia a la guerra y la entrega de armas, el segundo busca renunciar a la guerra, pero sin volver a hacer uso de estas. Eso no estâ claro.

Desmovilizaciôn sin humanizaciôn de la guerra, sin comisiones de verdad en medio del conflicto, sin sociedad civil, al menos las vîctimas de la guerra, sin tregua bilateral, pareciera que fuera un pretexto mâs, para justificar la guerra final. Va ser muy difîcil asî.

Tendrâ que ver con esa lectura de dejaciôn de armas por parte de la insurgencia, la declaraciôn universal de los derechos humanos de la ONU y que en su preâmbulo nos dice: « Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebeliôn contra la tiranîa y la opresiôn ». No lo sabemos.

Estarâ pensando la insurgencia con este planteamiento, a mediano y largo plazo en materia de realidades polîticas, justificar nuevamente la guerra, en el evento de que lo pactado no se cumpla o se desmonte como ya ha sucedido con la constituciôn polîtica de 1991 ? De ser asî, que los Dioses y Diosas no lo permitan.

La constituciôn polîtica de 1991 fue desmontada :
No nos olvidemos que en reciente proceso de paz y que diera lugar a la constituciôn polîtica de 1991, solo se lograron ciertos avances en materia de libertades pûblicas.

Ademâs se lograron ciertos beneficios polîticos-econômicos selectivos para sus dirigentes, asî como casa, carro y beca para los dirigidos. La guerra fratricida entre BOLIVAR y SANTANDER no parô. Las causas estructurales de la antidemocracia, siguen mâs vigentes que nunca.

El proyecto polîtico neoliberal y el modelo de gobieno autoritario estân ahî:
En ese proceso de paz que tuvo mâs de desmovilizaciôn que de dejaciôn de armas, el PROYECTO POLITICO NEOLIBERAL y/o NEOCONSERVADOR y mucho menos el MODELO DE GOBIERNO AUTORITARIO se discutiô.

Las privatizaciones de los sectores estratégicos de la economîa nacional y la internacionalizaciôn de la misma, a través del reciente Tratado de Libre Comercio, ademâs de otras polîticas pûblicas regresivas, son una realidad. El FMI a través de las cartas de intenciôn y el BANCO MUNDIAL siguen dirigiendo la polîtica econômica.

La reprimarizaciôn de la economia y los megaproyectos agroindustriales y mineros son una realidad. Las multinacionales en complicidad con la oligarquîa cipaya, siguen haciendo de las suyas. El huevito de la confianza inversionista, se convirtiô ahora en un huevote.

En materia de soberanîa nacional, nuestras relaciones internacionales siguen siendo de dependencia y de subordinaciôn al imperio estadounidense. Las relaciones internacionales estân marcadas por la polîtica exterior de los Estados Unidos por razones de geopolîtica regional.

La fuerza pûblica, en especial nuestras Fuerzas Militares, siguen al pie de la letra la teorîa vigente de la seguridad nacional. Teorîa esta impuesta en lo interno por la clase polîtica. Las bases militares impuestas en nuestro paîs, en la guerra imperial contra el narcotrâfico y el terrorismo, no son mâs que pretextos, para seguir intervieniendo en los asuntos internos de nuestros paîses.

Seguridad Nacional y Desmovilizaciôn de la oligarquîa :
Si este proceso de paz pretende dejar atrâs la guerra, como continuaciôn de la polîtica por los mismos medios de siempre, se hace obligatorio también para la clase dirigente y/o los verdaderos dueños del paîs hasta el momento, dejar atrâs la nefasta doctrina de SEGURIDAD NACIONAL DE LA GUERRA FRIA DEL ENEMIGO INTERNO Y DESMOVILIZARSE YA.

Esta doctrina polîtica e ideologica, impuesta por el Imperio Estadounidense y adoptada por diversos paîses tercemundistas, entre ellos Colombia, a mediados de la década de los años sesenta(ley 48 de 1968) a través de su oligarquîa cipaya, ha sido la responsable estratégicamente de obligar a nuestra fuerza pûblica, de adelantar la
guerra de arriba hacia abajo. Terrorismo de Estado e impunidad.

La clase polîtica tradicional y no tradicional, en consecuencia, estân en la obligaciôn histôrica de irse desmovilizando ya. Desmovilizaciôn polîtica y militar que impida su actitud subversiva, de seguir infiltrândose en el Estado, a través de sus instituciones.

Desmovilizar sus fuerzas que yacen en el Congreso de la Rex-Pûblica, en el Ejecutivo y el Judicial, ademâs de un sector reducido de la FUERZA PUBLICA y de la IGLESIA, entre otras altas instancias del verdadero rostro del poder.

No mâs nuestra sociedad en su conjunto al servicio del Estado, entendiendo por Estado, la oligarquîa histôrica y tradicional. El Estado al servicio de todos. No mâs deshonestidad polîtica y corrupciôn administrativa de mafias en el Congreso. No mâs aristocracia hereditaria parasitaria en el Ejecutivo. No mâs castas jurîdicas familiares en las altas cortes del poder Judicial. No mâs doctrina Santanderista y de Seguridad Nacional en la Fuerza Pûblica. No mâs injerencia de la IGLESIA CATOLICA, APOSTOLICA y MASONICA en la polîtica activa. No mâs fâbricas de matrices de opiniôn a través de empresas de comunicaciones, so pretexto de la libertad de prensa. No mâs registradurîas partidistas que escrutan y eligen, etc.

Que las mayorîas decidan su destino :
Pasar de la legalidad burguesa a la legitimidad democrâtica y participativa del Estado de Derecho, al Estado Social y Democrâtico de Derecho, es posible. Solo basta un decreto de desmovilizaciôn de las partes y que las mayorîas nacionales decidan a través de mecanismos de participaciôn popular…el destino de la patria y matria
colombiana.

Desde Barranca-Lyon y con olor a petrôleo,

Luis Manuel CARRERO GOMEZ

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