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| 8/7/2011 12:03:14 AM

INQUIETUDES SOBRE EL TRÁMITE DE LA REFORMA A LA JUSTICIA.

El trámite de la reforma a la justicia al parecer no se va a desarrollar sin contratiempos en  el Congreso, esperemos que no derive en tensiones institucionales y políticas que atenten contra la coalición de gobierno y las buenas percepciones, locales y del exterior, sobre la solidez institucional  del País.

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El Gobierno, en manos del ministro del Interior y Justicia, hizo un esfuerzo para llevar un proyecto de reforma consensuado con el poder Judicial, pero al cabo de casi un año de trabajo el propósito no se cumplió y no es malo que así sucediera, ya que quien hace leyes es el Legislativo – esa es su función misional, así suene a frase de Perogrullo- y es allí donde, en los debates, se deben reflejar las variadas posiciones sobre los proyectos de ley que cursen. De tal suerte, es la mecánica parlamentaria  la que determina la configuración final de una ley. En el caso de una reforma constitucional su trámite es más exigente y, en este caso específico de la reforma judicial, se debe contar con las opiniones de esa Rama en el desarrollo de los debates.

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Radicado el proyecto se dieron los primeros disparos entre los poderes públicos. Los presidentes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado manifestaron públicamente su desacuerdo con el proyecto de reforma - en algunos puntos tienen razón-  y, de una forma desatinada, manifestaron que podrían recurrir a una veeduría internacional para que atienda señales de alerta sobre la estabilidad de la democracia en Colombia ante la posibilidad que se   cercene la independencia del poder Judicial en su trámite. De esta forma, aunque formalmente se manifieste el respeto por el Congreso,  expresa una tácita duda por la objetividad del desarrollo en el Legislativo del trámite del proyecto. Estas declaraciones obligaron al Ejecutivo a insistir que su intención enfrenta una sentida necesidad de hacer ajustes al sistema judicial, sin vulnerar su independencia, y a reafirmar que el escenario adecuado del debate es el Congreso de la República.

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En el fondo las actuaciones de la Corte Suprema en contra de los congresistas que han infringido la Ley, o presuntamente en el caso de los que actualmente están siendo investigados sin la definición última de sus responsabilidades penales,  han ocasionado no pocas resistencias mutuas entre los dos poderes que se agravarían, sobre todo,  porque la reforma modificaría las instancias para la investigación y juzgamiento de los congresistas, y demás funcionarios aforados, en materia penal, dejando que la etapa de investigación la realice la Fiscalía General de la Nación y el juzgamiento, con doble instancia, por parte de la Corte Suprema. Habría que sumarle al ambiente de tensión las actuaciones del presidente del Senado que, en su discurso de posesión, manifestó la existencia de un choque de trenes entre los tres poderes en desmedro del Legislativo y, no contento con ello, presentó un proyecto de ley con la intención de revivir la inmunidad parlamentaria (algunos leen la impunidad). Es evidente que desde esa Corporación también han salido disparos.

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Algunos juristas pueden estar pensando, en un análisis retrospectivo: ¿Qué hubiese pasado con el proceso de la parapolítica  en el Congreso con los mecanismos hoy propuestos en el proyecto de reforma? Es evidente que la judicialización de congresistas involucrados con las organizaciones paramilitares ha sido muy efectiva gracias a la acción de los magistrados de la Sala Penal. Ante la eficacia demostrada por la Sala algunos parlamentarios, comprometidos con acciones ilegales, optaron por renunciar a su fuero y someterse a las investigaciones de la Fiscalía de la época y al juzgamiento por los jueces penales, en donde se presentaron investigaciones que no avanzaron y juzgamientos sospechosamente absolutorios; la Corte  tuvo que reasumir las investigaciones para que estas avanzaran y revocar fallos de inocencia a congresistas que a su juicio gozaban inmerecidamente de su libertad y de su condición de inocentes. La historia deja enseñanzas que no es conveniente olvidarlas o desatenderlas. Si bien es necesario, y creo que justo, establecer la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas también se requeriría que la figura del magistrado investigador, soportado técnicamente en la Dijin o en el CTI, pueda seguir operando, teniendo en cuenta que la buena o mala conducta de los legisladores determina la efectividad o la perversión de las leyes que producen y por lo tanto esta requiere ser examinada por altos magistrados.   

  

Las cosas tenderían a agravarse. Es probable que en el transcurso del primer periodo de esta legislatura la Sala Penal  de la Corte ordene la detención de los congresistas, mayoritariamente del Partido Conservador, involucrados en el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes; adicionalmente, también es posible que resuelva la situación jurídica del Presidente del Senado – también miembro ilustre de ese partido político- llamándolo a juicio y quizás con orden de detención, entonces: ¿Qué puede suceder en el debate de la reforma al interior del Congreso? ¿Afectará la unidad de la coalición del gobierno? ¿Se presentarán posiciones extremas difíciles de conciliar que llevan al hundimiento del proyecto o a una verdadera guerra entre los poderes? ¿Cómo terciará el gobierno?

 

Indudablemente los ciudadanos esperamos un debate que considere los intereses institucionales de la Nación, ajeno a polarizaciones nefastas; con la visión, por parte de sus protagonistas, de evitar choques institucionales que borren de un plomazo los esfuerzos del Gobierno por buscar una pacífica  convivencia política entre diversos y, también, de no deteriorar la positiva imagen externa de Colombia que, con tanta paciencia, se ha construido en el último año. En lo posible podemos darle una lección a la clase política de Washington que prefirió privilegiar el mezquino cálculo electoral en el proceso de incremento del techo de la deuda del gobierno que a la salud económica de su país y al bienestar de su sociedad.

 

Quedan otros aspectos polémicos  para analizar del proyecto que más adelante se pueden considerar.  

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