INTERBOLSA, SALUDCOOP: RESULTADOS DE UN ESTADO AUSENTE.

La semana que pasó dejó dos noticias en el plano económico que, si bien pueden ser de naturaleza distinta, comparten un fondo: el rol del Estado en el mercado. La caída de Interbolsa y el anuncio de la Contraloría General de la Nación de la apertura de un proceso fiscal contra Carlos Palacino, ex presidente de Saludcoop, por el desvío de recursos de la salud para fines distintos a los contemplados en la Ley han cuestionado el papel de los órganos de control del Estado para prevenir ese tipo de desastres, pero el tema va más allá y es el de revisar el modelo en el cual se considera que es nefasto que el Estado intervenga para corregir los desequilibrios del mercado.

El mercado de valores colombiano es pequeño y por lo tanto las noticias corren al ritmo de los acontecimientos. Ya se conocía la muy alta exposición de Interbolsa en las operaciones “Repo” con las acciones de Fabricato y los rumores sobre los problemas de liquidez de la firma comisionista ya venían corriendo meses atrás; en cierta forma se sabía que Interbolsa estaba “totiada”, utilizando un lenguaje parroquial, lo que no se preveía era el momento en que finalmente no podría aguantar más “la caña”. Entonces, surgen los interrogantes: ¿A la Superintendencia Financiera y al Ministerio de Hacienda no habían llegado los rumores? ¿Han debido actuar con mayor celeridad?

La Contraloría está acusando al ex presidente de Saludcoop  de desviar más de ¡un billón de pesos! de recursos de la salud para el pago de sobre sueldos, inversiones que han debido hacer los accionistas de la EPS y, en fin, para destinos distintos a los de la atención de los planes de salud de sus usuarios afiliados. Entonces también surge una pregunta: ¿Qué hicieron los anteriores titulares de la Contraloría, y la misma institución, que permitieron que ese monto de dinero público se desviara  sin control alguno?

Los cuestionamientos de la eficacia de los controles de los Estados en crisis financieras no son exclusivos de Colombia, miremos un ejemplo en el Cono Sur. El año pasado en Chile la importante cadena de tiendas La Polar se vio envuelta en un escándalo que afecto su cotización en la bolsa, desatando una crisis de credibilidad en el mercado de valores,  al descubrirse un fraude contable en el que no se hacían las suficientes provisiones sobre la cartera, inflando los resultados financieros. La crisis de La Polar cogió por sorpresa a inversionistas, gobierno y público en general. En Chile se preguntaban porque los informes financieros de la empresa no despertaban sospechas en las autoridades  si, al compararlos con los de la industria, marcaban una situación atípica; hecho que hubiese ameritado una señal de alarma y algún tipo de investigación.

Situación similar a la anterior se puede cuestionar con Saludcoop. Los estados financieros y la dinámica de la empresa mostraban un comportamiento y un crecimiento “muy notable”, su desempeño era superior al del sector, algo que ha debido disparar algún tipo de alerta en la Superintendencia de Salud.

Para los casos de Interbolsa y Saludcoop,  los organismos de control están actuando a posteriori, cuando lo único que se puede hacer es mitigar los daños colaterales de los fracasos financieros, judicializar a los culpables y recuperar algo del dinero que se pierde y para, de alguna forma, socializar las pérdidas entre toda la población por diferentes vías. Quizá no se cuenta con las herramientas técnicas y jurídicas de carácter preventivo que, con una seguridad jurídica para los funcionarios públicos, le permitan al Estado intervenir con contundencia en el mercado y ante los agentes económicos cuando se manifieste un desequilibrio en el mercado  y así pueda  prevenir los costos sociales asociados a una crisis de los actores económicos en sectores claves de la economía. 

El problema tanto en Colombia, Chile, Estados Unidos o donde quiera que el Consenso de Washington sirvió de inspiración para el diseño institucional del sistema económico nacional es que se buscó un Estado sin dientes para intervenir efectivamente el mercado, ante la creencia, contra toda evidencia empírica, en que el mercado es perfecto y que cualquier desequilibrio temporal se corrige por sí mismo. Lo más triste del asunto es que quienes apoyan este tipo de racionalidad económica, en las épocas en que hacen dinero, especulando y aprovechando la información asimétrica de los agentes del mercado, en aras de la no afectación de la “confianza inversionista”, cuando en sus apuestas financieras pierden cuestionan  al Estado por no intervenir a tiempo y preparan multimillonarias demandas contra este, buscando que, en últimas, todos los ciudadanos paguemos por su irresponsabilidad.

En materia de la salud, a propósito de la reforma que se tramita en el Legislativo, si bien se debe buscar una asignación eficiente de los recursos, que se puede hacer a través del mercado, no se puede dejar en manos de los intermediarios financieros el manejo práctico de la salud de los colombianos. Los recursos de la salud se optimizan en la medida que se elimine la cadena de intermediación y se fortalezca la infraestructura estatal de la salud. El Estado no puede estar ausente y dejar en manos privadas y con ánimo de lucro uno de los derechos más sagrados del ser humano como lo es el de su salud integral.

Creo que es hora que los ciudadanos consideremos en la política una opción que busque corregir la influencia del Consenso de Washington en nuestra institucionalidad y que, sin llegar a los extremos igualmente nefastos del estatismo, pensemos como el mercado libre, con poca regulación, solo trae riqueza a unos pocos y que la intervención sana del Estado debe equilibrar las oportunidades de desarrollo de todos sus ciudadanos. Pensemos en los grandes temas de la política, ya que esta es más productiva si se deja de pensar en los “huevitos” y se aborda su temario con inteligencia y pensando en el bienestar general.