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LA ESPERANZA EN EL BUEN GOBIERNO

Semana
2 de noviembre de 2011

Pasadas ya todas las adversidades del proceso electoral, incluida la guerra sucia que este año fue escabrosa pero sin efectividad, comienza una nueva preocupación que ya deja escuchar comentarios y que se relaciona con la expectativa sobre lo que será la labor de los nuevos gobernantes territoriales. El comentario generalizado hoy es el de “ojalá haga un buen gobierno”.

 

El cuento del buen gobierno fue popularizado por Juan Manuel Santos desde finales del siglo pasado y hasta creó una fundación con ese nombre. Hoy es un capítulo del plan de desarrollo nacional al que le asigna bondades en materia de soporte transversal del plan, trascendiendo la concepción popular del término y señalando los principios que deben aplicarse en el ejercicio del poder.

 

Lo cierto del buen gobierno según los conceptos del PND y los de otros autores, es que los gobernantes territoriales deben dejar de tomar decisiones basadas en el sentido común. Los asuntos públicos son demasiado importantes y de tanta trascendencia como para que, en esta situación de crisis, gobernadores y alcaldes sigan gobernando como hasta ahora lo han hecho, basados en el subjetivismo de sus criterios personales u obedeciendo intereses parcializados de carácter politiquero. Si lo privado se maneja con paradigmas objetivos y técnicos, con mayor razón lo público, que es sagrado, se debe manejar con modelos de gestión acordes con la naturaleza de lo público y consecuentes con la dignidad humana. Alcaldes y gobernadores que se olviden ya del sentido común y sus caprichos personales para gobernar, que lo público no se debe administrar como un puesto de dulces en el semáforo.

 

Hoy, por fortuna, existen suficientes leyes y decretos que establecen el piso jurídico adecuado para implantar esquemas organizacionales y operativos acordes con el buen gobierno. No necesariamente sustentados en el paradigma privado y el “gerencialismo” de corte neoliberal derivado principalmente en la doctrina japonesa,  sino recurriendo al enfoque heurístico que caracteriza la nueva gestión pública y que permite el equilibrio entre la racionalidad burguesa y los fundamentos de la ley natural que soportan la esencia de lo público. Para hacer buen gobierno, los gobernadores y alcaldes no deben inventarse nada; basta con aplicar las herramientas disponibles creadas por ley y reglamentadas por decreto, para que el primer fin esencial del Estado, que es el servicio a la ciudadanía, logre colmar las expectativas de la gente, al tenor de la gerencia pública, que difiere sustancialmente de la tradicional gerencia privada que el capitalismo vienen aplicado desde hace dos siglos. Y por el contrario, dejar de cumplir las leyes y los reglamentos en materia de gestión pública, no solo deja frustrada a la ciudadanía sino que expone al gobernante a sanciones de parte de los organismos de control.

 

Esperamos por lo tanto que los gobernantes territoriales elegidos el domingo pasado tengan el sano criterio de cumplir fielmente las leyes vigentes en materia de operación, control y satisfacción de los requisitos del ciudadano, para que de esa manera dentro de cuatro años se haya colmado lo que hoy es la esperanza en el buen gobierno.