POR LA IMPUNIDAD PARA LA ELITE

Con Santos y Uribe como sus generales y los casos de Plazas Vega, Maria del Pilar Hurtado y la propuesta de Reforma a la justicia, como sus campos de batalla.

La figura presidencial en Colombia es como la de los reyes ”constituyen el poder inmaculado, intocable”, pues en el reside la “dignidad de la nación”; los presidentes una vez elegidos, entran en “olor a santidad” y como dioses, están por encima del bien y del mal; todas sus acciones son de estado, “no cometen crímenes ni antes, ni en, ni después de la presidencia”. Están pues los presidentes  rodeados de impunidad, y por eso desde la misma ley no tienen ni siquiera  jueces competentes para juzgarlos en caso de algún delito, pues la comisión de Acusaciones y el parlamento como sus jueces constitucionales no son mas que una burla a cualquier intento de justicia. Así ha quedado demostrado infinidad de veces, basta mirar los casos represados y archivados en dicha comisión, con lo cual se podría escribir una historia de la infamia en este país.

Solo la corte penal internacional parece eregirse como una alternativa de justicia para los mandatarios de los países dependientes porque son los únicos que a los ojos de la comunidad internacional pueden cometer crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos, llamados de lesa humanidad, los de los países poderosos, no!.

El que prestantes miembros de la oligarquía puedan ir a la cárcel es un fenómeno reciente  en Colombia, hasta 1990 casi se podría decir que el único que había ido a la cárcel era Jaime Michelsen Uribe por los desfalcos del Grupo Gran Colombiano; fue el proceso 8000 y el proceso judicial a la parapolítica y la corrupción los que iniciaron el desfile nunca antes visto de congresistas, altos funcionarios del estado, empresarios y militares de alta graduación Por los estrados judiciales y básicamente por gestión de la corte Suprema de Justicia.

Desde entonces se inicio la guerra de la extrema derecha contra las cortes,  desde la presidencia de la república durante la administración Uribe, que el presidente Santos parece dispuesto a continuar; así lo confirma la propuesta de su gobierno de Reforma  a la Justicia que en especial busca volver a las condiciones de impunidad para las altas dignidades del estado, como congresistas, ministros, magistrados y sus posiciones alrededor del el caso Plazas Vega.

 El caso de la parapolítica a pesar de las penas irrisorias para los crímenes cometidos es el que mas ha avanzado, llegando hasta las puertas de la presidencia y de allí los afanes de Uribe con los casos de Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, que lo pueden implicar de manera directa y el llamado del Tribunal Superior de Bogota a la intervención de la Corte Penal Internacional, ante la impunidad legal imperante en Colombia para figuras como los presidentes