LA INFRAESTRUCTURA VÍAL: UN NUEVO FRENTE DE BATALLA PARA EL GOBIERNO

Los principales contratistas colombianos de obras civiles se encuentran inquietos y no les falta razón.

El Ministerio de Transporte ha venido revisando la contratación y los giros que el Estado entregó a los contratistas en los últimos años. La razón: según el columnista Héctor Riveros, del portal “lasillavacia.com”, entre los años 2008 y 2010 el gobierno de Uribe les entregó once billones de pesos en adiciones presupuestales sin estudios, diseños y procesos licitatorios. A pesar de tal cantidad de dineros girados el caos en la infraestructura vial del país es monumental.

Difícil para el presidente Santos no querer aplicar el espejo retrovisor en este aspecto. No se puede recibir el fardo de una nefasta herencia sin hacerlo notar so pena de cargar con la culpa y la penitencia de los pecadores ajenos. En otras palabras, no puede este gobierno asumir como propio tal desastre del anterior. El ministro del ramo se ha dedicado a revisar uno a uno los contratos y ha empezado a direccionar, ante los entes competentes, los posibles actos delictivos en los que pudieron incurrir los empresarios en la presentación de la documentación con la que algunos de ellos lograron la adjudicación de obras.

Hasta el momento la responsabilidad por parte de la empresa privada en los casos de corrupción en la contratación pública se la han cargado al denominado “Grupo Nule”, en el caso puntual de Bogotá – sin que la responsabilidad de este grupo en las fallas de la contratación a nivel nacional se haya destapado en su totalidad-. Sin embargo este grupo empresarial no es el único pecador. Indudablemente se requiere que las autoridades hagan un ejercicio serio para depurar las malas prácticas empresariales que llevaron a que la contratación pública en obras públicas de infraestructura cayera en estos niveles de ineficiencia, desorden y pérdidas de dineros oficiales; así como para sancionar y vetar de la contratación estatal a los operadores privados que, en contubernio con la clase política, no han permitido que, pese a la magnitud los presupuestos destinados, el país no cuente con una infraestructura vial que garantice la competitividad de nuestra economía, sobre todo cuando se le necesita con mayor urgencia en la medida que sigamos negociando acuerdos de libres comercio con naciones con un mayor grado de desarrollo que el nuestro.

El gremio de los contratistas pretendió crear un hecho político para favorecer a sus intereses y, sobre todo, para paliar los efectos adversos en la revisión que el ministerio está realizando y que  puede poner en aprietos a sus empresarios, ambientando el cambio del ministro Cardona, haciendo sonar el “run run” que Enrique Peñalosa podría ser nombrado como su reemplazo. Algunos medios acogieron la tesis del necesario cambio en el titular del ministerio y entre ellos un grupo de comunicadores creativos escribieron que el nombramiento de Peñalosa podría ser considerado por el uribismo como una señal de buena voluntad del gobierno hacia las huestes del ex presidente. El resultado final: el tiro les salió por la culata, el presidente Santos respaldó al ministro y le dio un fuerte llamado de atención al gremio. 

Como lección de la reciente experiencia se puede decir que es preferible estructurar muy bien los proyectos desde el punto de vista técnico, financiero como jurídico de tal suerte que una vez se inicien las obras se garantice su culminación en los tiempos y con los recursos presupuestados. La improvisación, por decir lo menos, sale costosa.

Es importante que el ejecutivo diseñe un esquema de contratación de tal suerte que llegue capital fresco a realizar obras, esperando naturalmente unos retornos financieros por ello, y no a que  particulares inviertan con recursos del Estado y estas “inversiones” se contabilicen en las cuentas del Patrimonio de sus empresas.

Si bien al uribismo político se le está derrotando, el uribismo empresarial puede seguir haciéndole daño al país.