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| 10/31/2012 5:52:55 PM

La paja en el ojo de la Justicia

Un adagio popular dice: El objetivo de la crítica es dejar al criticado con el sentimiento de que ha recibido una ayuda. En efecto, no toda crítica es dañina y deja sentimientos negativos por donde pasa, pues existe aquella crítica constructiva que se hace con suma diplomacia y que llega a los oídos del intérprete como una idea nueva de su propia creación y que por esa vía impulsa los cambios que sean necesarios para superar el objeto de la crítica. Desafortunadamente, cuando se trata de la justicia colombiana, muchas de las primeras y ninguna de las segundas se han visto publicadas en los medios de comunicación.

 

Ya es común que se hable de Jueces y Empleados Judiciales ineficientes en nuestro país, de su bajo rendimiento en comparación con los resultados obtenidos en otras latitudes, de la corrupción rampante en los estrados judiciales y para colmo, que se les critique sin vacilación y sin límite, por solicitar un aumento salarial en las condiciones anotadas. Vale decir, que dicha posición se sostiene en su mayoría por quienes en realidad no conocen el funcionamiento de nuestra Rama Judicial y que han sido alentados por noticias y editoriales que pareciera pretenden desacreditar ese sector, primero con miras a que se aprobara una fallida reforma a la justicia y ahora con el fin de acallar los reclamos salariales que se supone debían revisarse desde el año 1992.

 

Nada se reconoció al esfuerzo de los servidores judiciales que marcharon inicialmente solitarios como un puñado de locos contra la reforma a la justicia, ya cuando la población se hizo consciente de los llamados micos que incluía la reforma y que entre otras cosas buscaba la impunidad de sus impulsores hasta el punto que incluso algunos ya habían solicitado su libertad bajo su amparo, develando una reforma que ni haciendo conjeturas, atinaba a resolver alguno de los problemas que aquejan a la rama que supuestamente reformaba.

 

No puede desconocerse y así hay que decírselo con toda claridad al país, que la Rama Judicial tiene serios problemas, siendo relevante su congestión en las grandes ciudades, lo que lleva a que por el número desmedido de casos que debe llevar un solo funcionario judicial, se presenten demoras indeseables y lo peor, que crezca la probabilidad de yerros judiciales, pues no es sostenible, y puede llegar a superar la capacidad de un ser humano, por más que se evidencie su compromiso y el de su equipo de trabajo, que un juzgado en Bogotá reciba casi 2000 procesos por año, llegando a tener en su inventario varios miles de casos.

 

Efectivamente, si uno realiza la tarea comparativamente, puede evidenciar por ejemplo, que en la Contraloría General de la República, en la que se maneja una sola clase de procedimiento y una sola clase de responsabilidad, se tiene sentado por su Oficina de Control Interno, que la capacidad máxima de respuesta de un funcionario de esa institución oscila en 18 procesos, lo que ha permitido que salgan airosos algunos funcionarios que dejaron prescribir procesos de responsabilidad fiscal, porque en su momento tramitaban 50 o 60 procesos, lo cual según la Oficina de Control Disciplinario de la entidad, justificó esa conducta, por la excesiva carga laboral que debían soportar.

 

Ya solo con esa comparación se puede dar una idea de la desproporción, sin entrar a hablar de la diferencia salarial que bien deja a los Jueces Municipales con un aproximado del 40% y a los Jueces del Circuito con un 50% de lo que reciben los que actualmente toman las decisiones en el país, por parte de la Contraloría General de la República. Y eso sin contar, que en dicha entidad, aún cuando según la Auditoría General de la República se necesitaban más abogados sustanciadores y auditores del nivel profesional más bajo, según titulares de prensa regionales se nombraron fue innecesariamente un número significativo de Supernumerarios a dedo, con ingresos de más de nueve millones de pesos en todo el país, incluso en sitios en los que es mucho más evidente su falta de necesidad como Vichada, Vaupés ó Guainía, donde ya se componen Gerencias Departamentales de mucho Cacique y Poco Indio, hoy con la legalización de esos Supernumerarios como Contralores Provinciales, como se dispuso en el Estatuto Anticorrupción.

 

Es lamentable en verdad el tratamiento que se da a los servidores de la Rama Judicial, pero mucho más lamentable que se publique el informe de la misma Contraloría General de la República en los medios de comunicación, en el que se destaca la ineficiencia de los Jueces colombianos, sin mostrar sus causas y sin mencionar que como consecuencia de ello los jueces de nuestro país realizan diariamente enormes sacrificios, porque no es lo mismo y no pueden exigirse los mismo resultados, a un juez de otro país que maneje un número racional de procesos, a un juez de nuestra Colombia que se ve rodeado de miles y miles de casos todos los días y que junto con su equipo de trabajo intenta satisfacer la demanda de una población en aumento y que busca la satisfacción de ese servicio tan importante, máxime cuando la experiencia enseña que se requiere acudir a los tribunales en temas tan sensibles como la atención en salud o la obtención de una pensión, por citar tan solo algunos ejemplos.

 

En principio, podría pensarse que la publicación del infortunado aparte del informe, que en realidad no contribuye en nada a la discusión, pudiera ser un extracto citado fuera de contexto, pero llama la atención que la Contralora General de la República,  en días pasados, nuevamente arremetiera con sus declaraciones, y dijera que no entendía por qué el Consejo Superior de la Judicatura sigue nombrando Jueces de Descongestión. No se sabe, si nuevamente es una declaración citada fuera de contexto, pues lo cierto es que ya no se necesitan más nombramientos de Jueces de Descongestión, como lo han hecho saber los mismos servidores de la Rama Judicial, sino la creación y el nombramiento de nuevos jueces permanentes, no para que cada funcionario quede con 18 procesos idealmente como en la Contraloría, pero si con una carga máxima aproximada a los 500 procesos, si alguna vez el país quiere dar el tan anhelado paso al sistema oral de justicia y a una justicia que se cumpla rápida y oportunamente.

 

En ese contexto, no queda más que pedirle a la Contralora General de la República que solicite la aclaración de sus aportes a la discusión que son citados fuera de contexto o, que en realidad se informe de la situación antes de emitir sus declaraciones, como representante de un organismo de carácter técnico, que debe facilitar la toma de decisiones y finalmente, pedirle al país que reflexione sobre la necesidad o no de tener más jueces en las grandes ciudades, dotados de las herramientas necesarias y sobre la debida retribución a quienes deben ejercer esta noble labor.

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