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LA PAZ: ¿CON QUIÉNES CONSEGUIRLA?

Semana
10 de octubre de 2011

Con el advenimiento del gobierno del presidente Santos no solo cambió el estilo de gobernar sino que también se empezó a configurar un escenario para encontrar, al fin, una salida negociada al conflicto interno que sufrimos los colombianos con los grupos armados desde hace seis décadas. El presidente en su discurso de su ceremonia de posesión, aunque resaltó la resolución de seguir combatiendo a los grupos alzados en armas desde el plano militar con la misma, o mayor, intensidad con la que los combatió su antecesor, anunció que la llave de la resolución negociada no ha sido botada al mar, y que, por lo tanto, su uso depende de los gestos de paz que los insurgentes realicen, uno de ellos, por ejemplo, sería la entrega de las personas que tienen secuestradas.

 

Al discurso presidencial  sobrevinieron un éxito en el aspecto militar y sinsabores en el clima general de la seguridad. El jefe militar de las FARC llamado el “Mono Jojoy” fue abatido en un espectacular operativo militar, pero, entre los sinsabores,  su neutralización no condujo a una desmovilización masiva al interior de ese grupo guerrillero; además las FARC cambiaron su estrategia terrorista y multiplicaron sus acciones, aumentando el clima de inseguridad entre la ciudadanía, hasta tal punto que le costó la cabeza al Ministro de Defensa y a la cúpula de las Fuerzas Militares. En las encuestas de opinión sobre la gestión presidencial en esta materia el presidente no queda bien calificado, por lo tanto los ajustes en el ministerio eran más que necesarios y el anuncio de una mayor ofensiva militar más que necesario.

 

No obstante lo anterior, se ha venido sensibilizando al País sobre la posibilidad de encarar un proceso de paz negociado. El reconocimiento de la existencia de un conflicto armado, contemplado en la Ley de Víctimas y Reparación, ha sido el punto de partida para que el nuevo discurso de paz empiece a calar en la opinión pública. La presentación de un Proyecto de Acto Legislativo que dotaría un marco jurídico para un eventual proceso de paz en nuestro País, con herramientas como las que proporciona la llamada Justicia Transicional, por parte del senador Roy Barreras, ha iniciado la discusión  en el Congreso no solo sobre la configuración en sí de esa ley sino que, adicionalmente, de la posibilidad de la materialización de una negociación con los grupos al margen de la Ley por parte del Ejecutivo.

 

Sin entrar en los detalles del proyecto, es bueno dedicarle unas líneas al alcance que debe tener el marco jurídico y, por ende, el eventual proceso de negociación. Se debe buscar una solución integral y definitiva al problema de violencia que padecemos. No se pueden repetir los errores del pasado al diseñar iniciativas de negociación ajustadas a los intereses de determinados actores violentos: el despeje del Caguán fue para la FARC y el teatro de Railito favoreció a los paramilitares; se debe reconocer a todos los actores del conflicto e integralmente llegar a acuerdos negociados que guarden equilibrios favorables al mantenimiento de procedimientos pacíficos en la interacción y contradicción de las diferencias entre ellos. Entonces, aunque parezca trivial, surge la pregunta: ¿Quiénes son los actores? La parte fácil de la respuesta se centra en el Estado con un jugador muy importante: la Fuerza Pública, cuyos hombres le han puesto el pecho a la lucha por preservar nuestro régimen democrático, con aciertos, errores y equivocaciones, han sido el soporte de nuestro Estado de Derecho. Identificar a los otros actores se torna complicado en la medida que en su actividad ilegal se mezclan delitos relacionados con el narcotráfico, contra la vida,  integridad y libertad de las personas y contra la propiedad individual y el patrimonio público, ya que el gobierno, en nombre del Estado, al entablar un proceso de negociación le estaría otorgando un estatus especial, llámese político, a sus eventuales interlocutores; en este campo no es fácil distinguir entre guerrillas, Bandas Criminales (Bacrims), organizaciones dedicadas al micro tráfico o a la minería ilegal y un largo etcétera. La pregunta es pertinente ya que, como se esperaba, el proyecto de Acto Legislativo encontró oposición en el ex presidente Uribe, quien, a través de sus “tweets”, ha manifestado que no se pueden entablar diálogos con secuestradores y asesinos (olvidando quien fue la contraparte de su gobierno en Railito).     

 

En las últimas décadas las guerrillas y los paramilitares han sido los actores que más han desgarrado nuestro suelo; los primeros nacieron con un ideario revolucionario que con el tiempo se les ha perdido y no ha encontrado eco en la población, y los segundos nacieron como una contrainsurgencia y terminaron en un proyecto político de derecha, que en sectores rurales ha tenido acogida entre los terratenientes y lograron una representación política importante. Por lo tanto, estos actores deben ser incluidos en un posible proceso de paz, junto a las Bacrims cuyo origen es el mal logrado acuerdo con las bandas de paramilitares en el gobierno anterior y que hoy son un serio problema de orden público en muchas regiones del país. Ante esta diversidad de protagonistas surge la pregunta: ¿Cómo tratarlos? Responderla llevaría a diseñar dos caminos de solución en el marco de la Justicia Transicional, en donde la columna fundamental, como es natural, debe ser que sus postulados cuenten la verdad, reparen y pidan perdón a sus víctimas con la voluntad de no repetir sus actos ilegales a futuro, pero que no necesariamente lleve a una habilitación para que  los jefes de esos grupos asuman un liderazgo político; esa sería una facultad discrecional del gobierno y restringida a ciertos casos , como carta última de negociación en el proceso. En las restricciones, como ejemplo, se pueden definir que en lo que respecta a las Bacrims el mayor logro sería el perdón judicial o el cumplimiento de penas alternativas.

 

Finalmente, el gobierno debe buscar medidas para desarmar a la población, buscando desincentivar la tenencia y porte de armas (http://helvecio-elobservador.blogspot.com/2011/08/reforma-judicial-con-ojos-de-ciudadano.html). Apenas se inicia la discusión y por lo tanto queda tela por cortar.

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