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| 9/17/2012 9:01:03 PM

LA PAZ ES VERDE

Hoy la agenda política y la atención del país están puestas en el proceso de paz, es mucho lo que se ha reflexionado al respecto; sus ventajas, retos y las dudas que se generan sobre un nuevo proceso de negociación con las FARC. En el marco de ese debate, salen todo tipo de reflexiones, quizás la más reciente, es el estudio del partido liberal que estima en $207 billones el costo del conflicto armado en los últimos 10 años. No obstante, a pesar de la diversidad y amplitud con que se ha abordado el debate sobre un posible proceso de paz, poco se ha hablado del efecto que tendría dicho proceso en el medio ambiente y los recursos naturales que hoy posee Colombia. Sin embargo, este parece ser uno de los temas más álgidos en un proceso de negociación entre el Gobierno y las Farc. Dentro de los grandes desafíos y amenazas que hoy tiene el gobierno en materia ambiental se destacan en orden la minería, los cultivos ilícitos y la deforestación. Estas tres actividades tienen en riesgo cerca del 50% del territorio nacional y en cada una de ellas, los grupos armados y en particular las Farc, tienen un interés y una forma de participar.

Según Daniel Quintero Calle, Director de la Fundación Piensa Verde, cerca del 50 por ciento de la minería total del país es ilegal, artesanal o informal, esto ha llevado a que un poco más del 80 por ciento del oro extraído a nivel nacional provenga de la minería ilegal y el 20 por ciento de este oro sea manejado por las Farc. El negocio de la minería es tan rentable, que los grupos armados cada día aumentan su participación en él. Para Quintero Calle, son diversas las modalidades que han utilizado estos grupos para participar en la actividad minera, en algunas áreas estos grupos operan directamente las minas, el oro ya está desplazando a la coca como la principal fuente de financiación de los grupos ilegales. Otra modalidad que utilizan los grupos armados para participar en la minería, según el director de Piensa Verde, es a través de la prestación de servicios de seguridad y control territorial, sus acciones van desde el cobro de vacunas, servicios de vigilancia, protección o destrucción de la infraestructura minera, hasta el alquiler de las maquinas para adelantar la actividad. Esta confrontación militar ha creado una crisis social que nos lleva a que el 80 por ciento de las violaciones de los derechos humanos tengan lugar en regiones minero-energéticas y que el 87 por ciento de los desplazados proceden de esas zonas afirman fuentes citadas por Quintero Calle.

Lo más complejo de esta realidad, es que sin importar la modalidad, el accionar de estos grupos armados a permitido y promovido que en los últimos 20 años, el país haya perdido un total de 6.206.900 hectáreas de bosque fruto de la deforestación, la minería y la siembra de cultivos ilícitos. Esta dinámica ha destruido bosques, parques naturales, paramos y algunos de los macizos colombianos. Según algunas cifras del gobierno presentadas por Daniel Quintero, la deforestación en Colombia avanza a 238 mil hectáreas por año. Es decir, cada 12 meses se pierde un área del tamaño del departamento del Atlántico repleta de vegetación. Pero a pesar del dramático panorama que exponen estas cifras, desde la Fundación Piensa Verde, señalan que los números del Gobierno resultan muy inferiores a los reportados por algunos sectores académicos, quienes estiman que está perdida puede ser el doble de lo que dice el Gobierno. Un ritmo de destrucción que podría arrasar la cobertura boscosa total del país en un poco más de un siglo. -Así, zonas como el Choco o Antioquia que hoy tiene entre titulado y solicitado el 96% de su territorio, quedarían sin estos ecosistemas en seis décadas- puntualizó Daniel Quintero.

Según el Informe de la Deforestación en la Amazonia Colombiana del IDEAM, durante los últimos 20 años en la amazonia se han perdido más de 2’567.426 hectáreas de bosque, principalmente, por la tala de árboles para abrir espacio a suelos que hoy se destinan a actividades como ganadería y minería ilegal.

Motivados por esta nueva oportunidad que hoy tiene el país con este proceso de paz y preocupados por la profundidad de problemáticas sociales, económicas y ambientales que enmarcan estas conversaciones entre las Farc y el Gobierno. Desde la Fundación Piensa Verde, hemos venido construyendo una propuesta para que el Gobierno Nacional incluya en este proceso de negociación la posibilidad de brindarle a los reinsertados la opción de ser guardabosques, creemos que estas personas conocen las áreas que hoy se encuentran en riesgo y pueden adelantar labores de preservación, protección y promoción de los recursos naturales que hoy tiene el país y se encuentran en un grave riesgo, señalo Quintero Calle.

 

 

Daniel Quintero Calle

#PiensaVerde

https://twitter.com/DQuinteroCalle

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