LA POLICÍA NACIONAL FRENTE A EE.UU.: ENTRE LA SUBORDINACIÓN Y LA DESCONFIANZA.

La captura de “El Loco” Barrera en Venezuela ha despertado una inquietud por la presencia, durante la operación, del director general de la Policía Nacional en Washington. La lectura de este hecho puede no ser sencilla.

La participación de la CIA, DEA y MI6 en la ubicación de Barrera, que condujo a su captura por parte de las autoridades venezolanas,  no es una noticia excepcional, ya que esta interacción es el pan de cada día de nuestras instituciones de seguridad. Los organismos policiales y militares del Estado colombiano, en el marco de convenios de cooperación militar y de inteligencia suscritos de gobierno a gobierno, han trabajado de la mano con las agencias de seguridad de los Estados Unidos y del Reino Unido desde hace tiempo. En el marco de la lucha contra el tráfico de estupefacientes y del terrorismo esta cooperación se ha ido estrechando en las últimas décadas; ya desde la época de la lucha contra el Cartel de Medellín agentes británicos del MI6 asesoraron al entonces llamado Bloque de Búsqueda en las técnicas de inteligencia electrónica y de uso de comandos altamente entrenados para darle caza a Pablo Escobar y a sus secuaces. Por lo tanto, la operación en cuestión no ha sido la primera y ni será la última en la que la información de inteligencia se comparte y se coordinan organismos de seguridad transnacionales para asestar golpes a los narcotraficantes.

En el desarrollo de la captura de Barrera sí se puede plantear un marco distinto. Este marco debería explicar la presencia del general Riaño en Washington. Esta situación particular relieva  una duda sobre el rol  que nuestras instituciones policiales están jugando y la percepción que tienen las agencias internacionales de ellas. Podemos preguntarnos sí nos ven como colaboradores en igualdad de condiciones o  como subordinados, sí nos están mirando con desconfianza o, lo más grave, sí estamos bajo los dos últimos estados mencionados. Hablar de una relación de igualdad entre las agencias norteamericanas y del Reino Unido y las nacionales es una utopía, ya que estamos estableciendo una relación entre actores con asimetrías en materia de recursos y, en esta asimetría, nuestras instituciones son las menos poderosas tanto en aspectos técnicos, logísticos y presupuestales. Por lo tanto, nos queda el camino de mirar la subordinación y el de una posible desconfianza.

Para Colombia la revelación que WikiLeaks hizo, de los cables diplomáticos del Departamento de Estado del gobierno de los EE.UU., dejó clara la actitud sumisa de los principales dirigentes políticos y de las autoridades militares y policiales del país frente al embajador de esa nación norteamericana; el embajador parece ser un “confesor” de nuestra dirigencia. Cuando se destapó el escándalo de Santoyo,  Uribe y otros promotores de su asenso a general de la Policía comenzaron a lavarse las manos; entonces el general Naranjo asumió la responsabilidad pero, en una entrevista periodística, soltó la perla en la que afirmó que todo asenso de altos oficiales tiene que pasar por la embajada de los  EE.UU. Adicionalmente, no es la primera vez que desde esa sede diplomática se presionan cambios en las estructuras de mando de la Fuerza Pública, se presume que la salida del general Pinzón de la institución policial– quien era considerado como sucesor seguro de Naranjo como director de la Policía – pudo obedecer a una “sugerencia” del gobierno estadunidense. Estos y otros ejemplos pueden medir nuestra subordinación en materia de relación con gobiernos y con las  instituciones de seguridad extranjeras mencionadas.

La desconfianza puede venir de tiempo atrás, en el anterior gobierno, y puede estar relacionada con el caso Santoyo. Si bien la magnitud del escándalo lo hemos medido los colombianos recientemente, a raíz de la captura en los EE.UU. del general en retiro, las investigaciones comenzaron hace años y el caso se mantuvo quieto por una figura que le permite a la justicia de ese país congelar decisiones por razones políticas o de interés nacional. Hoy está claro que las razones políticas de entonces se centraban en no incomodar a un gobierno que se había convertido en más que un aliado en  la región. Las condiciones políticas en el país cambiaron y las alianzas con el gobierno de la potencia del norte persiguen nuevos intereses, lo que hizo viable que la justicia reiniciara el proceso. El oficial llegó a un acuerdo de colaboración y en virtud de él su madre, esposa e hijos se encuentra bajo programas de protección a testigos, por lo que se puede inferir la cantidad y la calidad de lo que habrá hablado en el marco del acuerdo. Se ha especulado sobre las implicaciones judiciales que se puedan derivar del acuerdo para altos oficiales en retiro o en servicio activo; el viernes pasado en “El Espectador” se pudo leer: “Hasta ahora (el subrayado es mío) las autoridades estadounidenses no adelantan otras investigaciones contra oficiales de la Policía colombiana por el caso Santoyo, según confirmó Kenneth Blanco, jefe del Área de Investigaciones, luego de una reunión con el director de la Policía colombiana, general José Roberto León Riaño”, a esta nota se le puede aplicar el refrán: a explicación no pedida culpa manifiesta. De otra parte, la polémica que se ha desatado en México por la asesoría que el general Naranjo prestará al nuevo gobierno no deja de ser inquietante; a pocas semanas de la presentación que hizo el entonces candidato Peña Nieto del general como asesor de su campaña, en materia de seguridad, comenzaron a circular en la prensa apartes de documentos de la DEA en los que se cuestionaban las actividades del gobierno Uribe, y por lo tanto del propio Naranjo, en materia de la lucha contra el narcotráfico frente a unas organizaciones delincuenciales específicas (http://www.proceso.com.mx/?p=314922); el General se ha defendido diciendo que los carteles del narcotráfico mexicano lo quieren desprestigiar, puede que esto sea cierto pero también, sí lo son los documentos aludidos, el gobierno norteamericano podría estar mirando con desconfianza a algunos altos mandos de la Policía Nacional desde tiempo atrás.

Siempre se ha especulado sobre la capacidad de infiltración que tuvo Barrera en la Fuerza Pública, situación  que impidió su captura en el pasado; sí su caso  está relacionado con Santoyo entonces se puede estar hablando de un alto grado de infiltración, lo que a su vez llevó a las autoridades a considerar que, para obtener su captura, se  deberían neutralizar los apoyos que garantizaban su condición de intocable. No se puede suponer que en Washington al general León lo sentaron en la silla de mando de la CIA para que dirigiese la operación, sí la desconfianza es la tónica que existe allí hacia parte de la alta oficialidad colombiana su presencia allí solo conllevaría a una explicación lógica… aquella que, seguramente, Ud. está pensando.

Es muy probable que se vean remezones en la Policía en los próximos meses.