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| 9/5/2011 12:56:56 PM

LA REGISTRADURÍA Y LA “MANO NEGRA”.

La expresión de la voluntad popular en las elecciones, durante décadas, en Colombia ha estado en la tensión entre quienes acuden a las urnas con libertad en la opción de sus preferencias electorales y los que llegan constreñidos por quienes previamente, aprovechándose de sus necesidades, les han comprado el voto mediante dádivas o pagos directos o, en el más aberrante de los casos, amenazados de muerte si no votan por unos determinados candidatos. Preguntar sobre cuánto ha influido este último grupo en los resultados electorales en los tiempos recientes es poner en duda la legitimidad del sistema electoral y de la democracia en el País y la respuesta no es nada fácil de confeccionar, solo basta ver el proceso de la parapolítica en el Congreso para darle la razón, de sobra,  a Mancuso quien reclamaba un 35% del mismo como elegido por el paramilitarismo, entre otros ejemplos; parodiando al humorista, por hoy dejemos este tema así.

 

En los últimos años se han conformado “mafias electorales” que local y regionalmente han venido ejerciendo un monopolio sobre el poder político para apropiarse no solo de las cuotas burocráticas y de los presupuestos de los municipios y departamentos si no del control de la economía ilegal, ya sea de la minería o de las actividades propias del narcotráfico. Estas mafias condenan a las comunidades a la eterna pobreza ya que esta es la condición necesaria para que en cada elección puedan ser manipuladas; una comunidad próspera y cada vez más educada deja de ser controlable. Por la lógica de la política estos grupos encuentran respaldos en las instancias más altas del sistema político llegando a conformar bloques poderosos en el Legislativo y, en general, en el Estado. Finalmente, estas asociaciones se alinearon hacia la derecha colombiana y, aunque se encuentran militando en la gran mayoría de los partidos políticos, mayoritariamente se concentran entre los que apoyaron al anterior gobierno.

 

El gobierno central ha estado empeñado en combatir a esas mafias electorales. En el propósito el ministro del Interior ha recibido el embate de quienes se sienten afectados por ello y, adicionalmente, han sido blancos de los ataques la Corporación Arco Iris, contratada por ese ministerio para que realizara un mapa de riesgos electorales en algunas regiones, y la Registraduría Nacional junto con su titular. Esto últimos merecen unas líneas.

 

Es difícil no ver una real conspiración contra el Registrador y la institución que lidera por parte de esa derecha a la que algunos le atribuyen una “mano negra” detrás de ella. Esa conspiración ha tenido varios capítulos, cuyo origen se remonta a la intención de esos grupos de consolidarse como “federación” hegemónica en la política Nacional. El 30 de septiembre de 2005, según Wikileaks, la embajada de los Estados Unidos en Bogotá en un reporte que titula: “actualización de la reelección, pensando en plan B” relata que si la Corte no le daba vía constitucional a la reforma que le permitiese la reelección (la primera) al presidente Uribe, este  y sus asesores estaban considerando o  convocar a un referendo que modificase  la Constitución o  mediante un decreto presidencial, introducir en una papeleta separada, en los comicios de marzo del  año siguiente, que elegiría al Congreso, en la que se invitaría a los ciudadanos a habilitar la candidatura de Uribe en el mes de mayo o, finalmente, la promoción del voto en blanco en las elecciones presidenciales de mayo calculando que este fuese mayoritario y se tuviese que convocar a nuevas elecciones con candidatos distintos a los que se hubieren presentado y sin la seguridad de cómo inscribir entonces la candidatura de Uribe. En otras palabras, entre los meses de octubre de 2005 y mayo de 2006 el alto gobierno estuvo dispuesto a desatar una hecatombe jurídica, electoral y política con tal de sostener al presidente en el poder. El referendo en términos normales no podía salir adelante antes de mayo de 2006 y las otras opciones no tenían soporte legal. Para llevarlas a cabo necesariamente deberían contar con la complicidad de la Registraduría; ¿Cómo la iban a conseguir? No sabemos, pero algo iban a hacer.

 

Para la segunda reelección, en consecuencia, debieron tener un plan si la Corte no le daba la vía constitucional al referendo que la proponía. Por los hechos se puede decir que el plan B en esa ocasión sería desatar una hecatombe en la que las autoridades electorales no pudieran definir legalmente la conformación del Congreso para el periodo 2010-2014, quitándoles credibilidad para atender la elección presidencial, generando condiciones para tomar medidas excepcionales cuyos alcances apenas se pueden imaginar. El ataque masivo a los sistemas de la Registraduría por hackers, que no ha sido aclarado por las autoridades judiciales, cuyos epicentros al parecer son direcciones IP de organismos de seguridad del Estado parecería confirmar la hipótesis.

 

En los hechos que se suscitaron a raíz de la anulación de dos candidaturas a la alcaldía de Cali mediante inscripción de firmas, al margen de que puedan existir funcionarios corruptos dentro de la Registraduría que presuntamente estarían promoviendo actos ilegales para garantizar resultados, hechos que deben ser investigados por las autoridades competentes y aceptando que no se han actualizado los procedimientos para la verificación de firmas cuando el cambio de metodología se hacía necesario y lógico, se verifican síntomas de que continua el plan de desacreditación contra la institución y su responsable. En los medios de comunicación aparecieron supuestos nexos familiares con el Registrador  y correos electrónicos que pretenden demostrar que algo malo estaba sucediendo a su alrededor y que este desmiente tajantemente. Síntoma de que una nueva campaña de desprestigio hacia las autoridades electorales  está en camino.

 

A pocos meses de las elecciones, y en medio de una lucha en contra de las “mafias electorales”, no se puede comprometer a la ligera la integridad institucional de quienes tienen la función de otorgarle legitimidad al proceso, más cuando a pesar de los ataques que han recibido le han podido responder con éxito al País.     

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