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| 4/6/2011 11:56:48 PM

LA TAPA DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Ya es de público conocimiento, con suficientes evidencias descubiertas por los medios de comunicación en unos casos y por las autoridades en otros, que los ocho años del gobierno anterior dejaron como herencia la consolidación y entronización de la cultura de la corrupción en Colombia, siendo los bienes públicos la presa preferida de los corruptos. Pero lo ocurrido con los vehículos decomisados por la autoridad de tránsito en Manizales, es ya un caso aberrante.

 

Se sabe que el sector institucional de tránsito y transporte durante los ocho años de marras, ocurrieron las más perversas modalidades de aprovechamiento de lo público para beneficio de unos pocos avivatos. Porque es común que las ratas le echen mano al fisco de dónde sacan los recursos a través de tajadas o coimas de contratos que llaman, como en el caso del carrusel de Bogotá. Pero en este sector institucional ha hecho carrera que, sin afectar el presupuesto oficial, utilizan la privatización de lo público para explotar a los usuarios y canalizar las tarifas hacia el bolsillo del concesionario y del funcionario que otorga la concesión.

 

Se inventaron el requisito del examen médico para licencia de conducción y le entregaron la concesión, con carácter monopolista, a una empresa que llevaba menos de un mes de constituida, de tal manera que si alguien quiere establecer un centro de reconocimiento de conductores, debe pagar la franquicia a la firma concesionaria la que a la vez, fija las tarifas y costos; crearon el SIMIT y el RUNT para operar por manos privadas, así como los centros de diagnóstico automotriz para la revisión técnica; y eso, sin contar la concesión de vías con tarifas de peaje más costosas que la gasolina de un viaje.

 

Para fomentar la descentralización de la corrupción, privatizaron las grúas y los patios de las secretarías de tránsito municipal, convirtiéndose esto en el más salvaje mecanismo para extorsionar a los propietarios de vehículos. En la mayoría de ciudades del país, los guardas de tránsito en lugar de hacer la tarea de regular los flujos vehiculares para mejorar la movilidad urbana, se dedican a poner comparendos, muchas veces por supuestas infracciones inventadas por ellos mismos, para tener pretexto de subir el vehículo a la grúa y enviarlo a los patios, donde se cobran unas tarifas escandalosas por ambos servicios. La vox populi dice que en muchas de las ciudades de Colombia, un porcentaje de lo que la víctima paga en la escalofriante tarifa del servicio de grúa y de parqueadero, va para el bolsillo del guarda que generó la inmovilización. Si pasan dos días del vehículo en los patios, ya está perdido; pues retirarlo después de este tiempo cuesta más que el vehículo mismo. Pero lo ocurrido en la capital de Caldas cuando se robaron cerca de 200 vehículos del parqueadero oficial del tránsito, sí es la tapa de la corrupción institucional.

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