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| 1/15/2012 1:15:59 AM

Las etapas de la putrefacciòn social

Las etapas de la putrefacción social.

 

La idiosincrasia del pueblo colombiano es compleja e ininteligible y sus rasgos han estado marcados de manera inclemente por unas características variopinta de violencia como la han tenido pocos países, soportando simultáneamente a diversos actores, pero, eso sí, con identificación homogénea en su finalidad y, un poco diversa, en el empleo de sus medios criminales de persuasión.

Cualquier apetito desordenado enfilado a cierto objetivo predeterminado, conduce al individuo a un estado febril delirante que indefectiblemente le hace perder el buen juicio. Su finalidad inequívoca va enfocada hacía  el “poder”, sea económico o político, y lo logran a través del establecimiento de empresas criminales dedicadas a las más inicuas actividades, sobresaliendo en estas el comercio ilícito de narcóticos, ya que, sin lugar a dudas, es una fuente prolija de recursos económicos.

Estos grupos al margen de la ley han nacido y surgido, en principio, unos, invocando unas ideologías izquierdistas y que se conocen como guerrilla, otros, con visos de legalidad  y armados por el Estado a fin de defenderse de los anteriores y que se conocen como paramilitares, y un tercer grupo conformado por los ‘duros’, los ‘traquetos’, los narcotraficantes, la suma total de una ostentación extravagante del poder .

Todos ellos confluyeron en los mismos hechos y desataron la más horrenda y abominable violencia, siendo los ‘paracos’ los más despiadados y sanguinarios, y, lo paradójico, estos han tenido la connivencia y la protección de las fuerzas armadas, algunos bien informados aseguran que hasta del Presidente anterior obtuvieron su bendición.

Por otro lado, Ejército y Policía han hecho su aporte a la violencia con las reiteradas   violaciones a Derechos Humanos, las tenebrosas ejecuciones extrajudiciales o lo que comúnmente se conoce como `falsos positivos’, la distorsión de la que ha sido objeto el pago de las recompensas, requiriéndose una reglamentación más racional y más humana. Somos respetuosos y admiradores de la fuerza pública, cuando respetan los Derechos Humanos y realizan operativos exitosos bajo los parámetros del cumplimiento de su deber.

Estas tenebrosas organizaciones se volvieron tan poderosas, tanto en la logística como en lo económico, que paulatinamente fueron extendiendo sus tentáculos a todo el establecimiento estatal logrando atrapar y permear a una gran parte de los miembros de las tres ramas del poder público, incluyendo, por supuesto, a los miembros de las Fuerzas Militares, de la Policía y de los Organismos de Seguridad.

En la década de los 80s, después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla (1984), se puso en boga la figura de la “extradición”, el temible ‘coco’ de los narcotraficantes, quienes iniciaron como fuerza de presión la ola de terror más impresionante a través de la instalación de artefactos explosivos en sitios estratégicos, ocasionando muerte, destrucción y desolación y ordenando asesinatos indiscriminados de miembros de las fuerzas armadas, especialmente de Agentes de la Policía, y, uno que otro, selectivos en cabeza de personajes de la vida nacional y que causaran impacto en la sociedad.

Simultáneamente, empezaron los contactos entre intermediarios de los ‘narcos’ y algunos Congresistas buscando formulas legales para frenar la aplicación de la figura de la extradición, con resultados positivos a favor de los ilegales y jugosas sumas a favor de los legisladores. Estos episodios desataron el escándalo conocido como el “Proceso 8000” y las autoridades judiciales tipificaron estas conductas como Enriquecimiento Ilícito, siendo procesados y condenados varios Parlamentarios.

Mientras se adelantaban por este lado estos buenos oficios humanitarios, por el otro, los Paramilitares, criatura engendrada por el narcotráfico, protocolizaba el contubernio más abracadabrante e ignominioso jamás imaginado: la alianza entre los jefes paramilitares y muchos barones de la política nacional, señalando un derrotero efectivo para su empresa criminal: desapariciones y desplazamientos forzados, constreñimiento electoral, ventas de predios obligados, etcétera, etcétera. En el 2002, quedó conformado el Congreso Nacional con un 40% de estos samaritanos.

A partir del 2002, el país comenzó a vivir una época sosegada y esperanzadora hasta que reventó la macabra sociedad conocida como la ‘parapolìtica’, y ahí, fue Troya; se empezaron a conocer los arcanos más inverosímiles trayendo consigo la politización y una profunda crisis institucional que generó la pérdida de confianza en todo el andamiaje estatal. El desenlace se desconoce porque todavía falta mucho trecho por recorrer e investigar. Solo se conoce que hay muchos investigados y otros condenados. Pero no están todos los que son, ni son todos los que están.

Una de los tantos organismos permeado por los actores mencionados fue la Fiscalía General de la Nación, ante la mirada impávida y cómplice de los encargados de su control. Situación que es la más preocupante de todas por ser este órgano el que tiene a su cargo, junto con el Presidente de la República, la formulación de la política criminal; además, de tener como función constitucional la de investigar todas las conductas delictivas y acusar a los responsables.

El manejo que se le da a ciertos procesos relacionados con la parapolìtica, nos lleva a inferir inequívocamente que en su interior y manos extrañas los manipulan de manera sórdida y descarada, no obstante haberse procurado alertar a la señora Fiscal General, en varios escritos que reposan en mi poder, de ciertas anomalías que al menos por decencia debía de haberlas escuchado y por un poco de responsabilidad, haber ordenado su investigación. Con todo respeto y acatamiento le recuerdo que los dos hablamos el mismo idioma, por lo tanto, conocemos perfectamente qué es un proceso, qué es una prueba y como se valora y qué se debe hacer en la actuación procesal cuando se establece plenamente la responsabilidad. Si hay dilación en este caso concreto, y Usted sabe a cual me refiero, hay mala fe.

No debe olvidarse que aunque tenga mucha majestad el cargo de Fiscal General de la Nación, sigue siendo un “Empleado Público”.

 

Manizales, Enero 14 de 2012-01-14

 

Marco Aurelio Uribe García.

 

 

 

 

 

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