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| 2/12/2012 9:02:32 PM

LAS PREGUNTAS QUE ASEDIAN AL COMISIONADO DE PAZ

 las imputaciones hechas al comisionado de paz, frente a desmovilizaciones falsas, dejan  abierta la posibilidad que se esté encubriendo una política de estado del anterior gobierno, que buscaba la reinserción de paramilitares, basados en acuerdos hechos a las espaldas del país, de personas implicados en genocidios y negocios de narcotráfico, por encima de la ley, para evitar la extradición, buscando una especie de amnistía que les perdonará la traza de delitos de sus principales jefes. Recordemos que el ejecutivo  insistió en que se tildaran muchas de sus conductas como delitos políticos, cuando se estaba aprobando la ley en el congreso. La opinión se ha venido enterando de actos que dicen mucho de las relaciones  de altos funcionarios con personas al margen de la ley y que no son cabos sueltos, más bien parecen corresponder a un plan general: visitas de narcotraficantes al palacio de Nariño, chuzadas, desmovilizaciones falsas, muerte a sindicalistas, persecución a magistrados y un proceso de reinserción con muchas dudas,  proceso que incluía toda la cúpula del paramilitarismo en Colombia.

Esto quiere decir, que el doctor Luis Carlos Restrepo, o no se  informo de todo lo que encubrían los acuerdos y hasta donde llegaban sus implicaciones o fue demasiado ingenuo, para no decir que actuó como una ficha inocente. Ahora, cuando le debe dar la cara al país, pues los que conocemos  su trayectoria, sabemos que es la única manera de esclarecer sus imputaciones, ha decidido, muy mal asesorado, declararse perseguido político, salir del país, en el preciso instante que es requerido por la justicia. Sobra recordar que el actual presidente fue ministro de defensa del anterior gobierno, algo debe servir.

Resulta que gracias a la actitud irresponsable de altos funcionarios del anterior gobierno y a la manera como están enfrentando su defensa, se le ha querido vender al mundo la idea, que no tenemos garantías procesales. La justicia en Colombia, muy a pesar de sus problemas  de congestión, sigue siendo independiente y seria.  Recobrar la institucionalidad, no será fácil, pero parte de esta labor es mantener la independencia de los poderes, tal como está estructurada en nuestra constitución.  

Este escándalo, obliga también a resolver con absoluta claridad hasta donde llegan las responsabilidades de un comisionado de paz desde la perspectiva legal, que evite que personas de altísima calidad profesional y personal,  que  el cargo exige,  se vean envueltas en problemas judiciales, por la falta de una reglamentación que delimite específicamente sus responsabilidades personales de las políticas de gobierno.

Señor comisionado, las imputaciones son claras y no importa donde usted se encuentre. Deberá por lo menos asumir una defensa que resuelva las dudas. La verdad siempre se impone. Si no existen garantías, de igual manera, se deben hacer las denuncias respectivas. Pero sobra decir, que es deber constitucional, respetar las decisiones judiciales. Qué ejemplo le estamos dando al país. Amanecerá y veremos.

 

 

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