LOS INTERESES CRUZADOS EN LA REFORMA A LA JUSTICIA

Los legisladores vuelven a quedar en tela de juicio por el entrecruzamiento de intereses personales  y venganzas expresadas  en el trámite de la reforma a la justicia en el congreso, que hasta ahora resulta ser una colcha de retazos. El texto tal como ha sido modificado  dejaría en  impunidad los delitos y las investigaciones en su contra  actualmente en curso  en la corte suprema de justicia  por relaciones con el paramilitarismo. A esto se le agrega la creación de un un mecanismo engorroso para su juzgamiento. Esto quiere decir que los señores investigados están escogiendo el procedimiento y su juez. Se le suman a  este  exabrupto  las siguientes perlas: el Procurador General ya no tendría competencia para investigar a los congresistas; que la privación de la libertad de un legislador sólo se daría cuando haya una sentencia condenatoria en su contra; que el fuero se mantendrá incluso cuando hayan salido del Congreso; que la justicia no podrá aceptar denuncias anónimas, y que la pérdida de investidura podría quedar en una sanción que no superaría los seis meses.

Los señores legisladores no dejan escapar la oportunidad que les brinda la reforma para acomodar la constitución y la ley a sus intereses. No es la primera vez que pasa y sobra decir que las mayorías constituidas por la aplanadora de unidad nacional no han permitido  una discusión sana con respecto a los puntos críticos del texto.

Ante estas hechos la reforma podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, pues es una clara legislación en causa propia. Es absolutamente claro que la eliminación de las medidas de aseguramiento de los aforados, deja a los investigados por parapolítica con posibilidad de seguir votando en el Congreso y “los congresistas investigados puedan votar las normas disciplinarias que los regirán en el futuro, pues se incluye una especie de "mico" que determina que "no habrá conflicto de intereses a la hora de debatir los proyectos de ley que regulen el presente acto legislativo".

La reforma a la justicia es una ley de suma importancia para la rama, para el país en general. No debe dársele un trámite irresponsable y es preciso que el gobierno asuma una posición clara frente a la misma. Solo esperamos que esta semana que es crucial para la misma, el debate permita realizar los correctivos, que han sido suficientemente expuestos por el especialista y la prensa. Ojala los padres de la patria estén a la altura de las circunstancias.