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| 11/29/2011 11:15:16 PM

NARCOTRÁFICO: LEGALIZACIÓN Y CRISIS ECONÓMICA.

Verdad bien sabida: cualquier restricción al acceso al mercado de un bien o servicio lo que hace es encarecer su precio de venta; fomentando además la aparición de un mercado negro para su intercambio y enriqueciendo considerablemente, y sin fundamentos de valor agregado, a quienes lo venden u ofrecen. Estos términos han llevado, en el plano internacional y nacional,  a economistas prestigiosos, a pensadores sociales importantes y a líderes políticos de avanzada a plantear que la única forma de contener el fenómeno del narcotráfico, junto con sus daños colaterales, es la legalización del mercado de narcóticos.

 

Las barreras que se han erigido alrededor de ese mercado han sido judiciales y de carácter represivo. En un esfuerzo, casi universal, las naciones, de alguna u otra manera, se han comprometido a desatar una lucha contra ese flagelo que ha llevado a tipificar una gama de delitos principales y conexos,  a ampliar áreas de interdicción,  a incrementar las penas; en otras palabras, a cercar judicial y policivamente a los agentes ilegales del negocio, llámense narcotraficantes, lavadores de dinero, entre otros.  El peso de esta lucha ha recaído sobre la oferta, en el entendido que si se elimina esta no existiría entonces mercado ilegal de narcóticos, sin entender que la demanda es uno de los principales “Drivers” en la creación de los mercados. Si existe demanda, aún penalizada, se genera mercado.

 

Colombia, “país oferta”, ha pagado un precio muy alto en esta lucha desigual. Se han fumigado miles y miles de hectáreas con efectos medioambientales adversos; el costo en vidas humanas ha sido dolorosamente alto y el desajuste institucional ocasionado también ha sido nefasto. Estos efectos los compartimos con los demás “países ofertantes”- veamos la situación actual de México-,  pero en el caso nuestro se agrava porque este mercado ilícito ha sido el combustible que ha sostenido el conflicto armado interno que padecemos con los grupos subversivos de cualquier pelambre.

 

El modelo fracasa porque, sin entrar a hacer disquisiciones filosóficas y sociológicas sobre la naturaleza humana, siempre, en toda sociedad, existen personas que se encuentran dispuestas a romper las reglas que los colectivos imponen para garantizar la pacífica convivencia entre las personas. Se hallan personas que encuentran emoción y motivación de vida al acometer actos riesgosos e ilegales. Existen personas que buscan “anticipar” las “ganancias”, que podrían derivar de una vida de trabajo, en un tiempo muy corto transitando por las vías de la ilegalidad y en actividades que generan jugosas utilidades, a sabiendas de que la vida delictiva es corta, con un final en la cárcel o en una tumba prematura; quizás esto explica las extravagancias que se observan en las personas a las que genéricamente llamamos “Traquetos”.

 

Cuando las barreras son desbordadas por la realidad surge la lógica economicista para cerrar el problema ya que, finalmente, más que un tema moral o de justicia es uno de números, de dinero. Quizás estemos llegando a un punto en el que el costo de la lucha contra el narcotráfico está encontrando el límite que las sociedades y los gobiernos están dispuestos a aceptar. La prohibición tiene sus costos y sus desequilibrios sociales. Los costos de mantener burocracias enteras (llámese DEA o similares) en una lucha en la que no se anotan éxitos estratégicos, solo premios de segunda a nivel táctico; además de los costos de mantener un sistema penitenciario que se desborda, los de mantener el aparto represivo para contener el narcotráfico, entre otros. Los desequilibrios sociales se palpan en los presupuestos que se desvían de las prioridades sociales para atender las necesidades del aparato represor del narcotráfico. El límite del costo social y fiscal en Colombia parece estar a la vista; las reflexiones de personajes pensantes de nuestro país y las declaraciones del presidente Santos en Inglaterra indicarían que nuestra sociedad percibe que ha dado lo más que ha podido sin encontrar resultados globales satisfactorios que la llevan a pensar en cambios paradigmáticos para enfrentar al narcotráfico.

 

¿El debate que plantea Colombia puede calar en el plano internacional? La prohibición, o ley Seca respecto del alcohol, en EE.UU. llegó a su fin en el año de 1933, cuando la nación norteamericana no había salido de la recesión y los costos sociales y económicos de la veda superaron lo que los estadunidenses estuvieron dispuestos a pagar.  La legalización del mercado del alcohol trajo como resultado la desviación de los rubros que se dedicaban a la represión para estimular a la maltrecha economía y, además, vía impuestos a la fabricación y venta de alcohol, se reforzó el presupuesto del gobierno para atender sus necesidades y las de sus ciudadanos. La discusión sobre la posible legalización llega en medio de una crisis económica global que amenaza con una grave recesión; los gobiernos, tanto en los países desarrollados como en los nuestros,  necesitan reducir déficits fiscales y a la vez garantizar la estabilidad política de sus naciones, haciendo los menores recortes sociales posibles, por lo tanto se podría encontrar un terreno abonado para que pueda prosperar una propuesta que pretenda reorientar recursos hacia las necesidades sociales. Creo que más temprano que tarde la lógica económica se impondrá y la diplomacia encontrará una tarea gigante por desarrollar.

 

Paradójicamente los que se oponen a la legalización los encontramos en los opuestos, es decir entre los narcotraficantes, y sus aliados políticos, y los que los persiguen. Los primeros por preservar la “gallina de los huevos de oro” y los segundos por mantener intactas las burocracias de las oficinas de lucha contra los narcóticos. Esperemos que las mafias en el poder no impidan que las sociedades discutan y decidan libremente que el futuro de la lucha contra las drogas se centra en la legalización del mercado. Basta de muertes inútiles y de recursos tirados a la basura para ganancia de pocos.

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