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| 7/16/2012 12:07:05 PM

NO SON LA INSTITUCIONES, ESTÚPIDO; SON LOS POLÍTICOS Y LOS CIUDADANOS QUE LOS ELEGIMOS.

Con anterioridad analistas colombianos reseñaron el libro de James A. Robinson –en colaboración con Daron Acemoglu-, titulado “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty” (Porqué las naciones fracasan: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza), en donde, en pocas palabras, correlaciona la creación de fuerzas poderosas hacia el crecimiento económico con el diseño institucional, político y económico, de carácter incluyente que se encuentre en una nación. Entendiendo su carácter incluyente, en el aspecto político, como aquel arreglo que permite una mayor participación democrática de los ciudadanos, un mayor empoderamiento de estos frente al Estado y en el que el poder no se concentra en pocas manos y en el aspecto económico aquel que permite una mayor movilidad económica (y política) de los ciudadanos a través del acceso libre a una educación de alto nivel,  entre otras condiciones. Así, la fortaleza institucional incluyente de una nación es la que determina su éxito económico.

 

Se puede decir que el tránsito de Colombia hacia el siglo veinte y uno se inició en el año noventa y uno con la expedición de su Constitución. Reemplazó, esta Carta laica y fundamentada en el llamado “Estado Social de Derecho”,  a una nacida de la derrota liberal y cargada de catolicismo recalcitrante y excluyente. Si bien el diseño institucional del noventa y uno es susceptible de mejorar introdujo elementos de inclusión que con el paso del tiempo se deformaron por la introducción de figuras como la reelección,  la no prevención de otras que atentan contra la movilidad política y por la   apropiación que los políticos y los funcionarios públicos han hecho de las instituciones ante nuestra indiferencia.

 

La institución de la Presidencia es el ejemplo más palpable de lo que expongo. Se permitió la reelección presidencial, no debatiendo las conveniencias o inconveniencias institucionales de su instauración sino calculando el beneficio que un individuo (grupo de individuos) podría recibir de ella. Así se le presentó a Yidis Medina el dilema: mija atienda a los intereses de la patria y vote a favor de ella (Otro arrepentido hoy debe ser Vargas). Se confundieron los altos intereses de la Patria con los intereses particulares de un individuo o grupo de individuos (y Tom y Jerry felices).

 

En la Procuraduría encontramos un ejemplo de una posibilidad que no ha debido ser. El Sr. Procurador General también parecería ser un caso de apropiación institucional. Sus actuaciones, una vez anunció su intención de reelegirse por otro periodo al frente del Ministerio Público, han  debilitado a la institución que regenta ya que su gestión desde entonces  se ha visto salpicada de suspicacias, en mi opinión bien justificadas, alrededor de las intenciones políticas de ella. Cuando se politiza un órgano de control la única que pierde es la sociedad.

 

Lo que pasó recientemente en el Congreso con la reforma a la justicia es otro ejemplo de cómo los congresistas, olvidando a quienes se deben, trataron de legislar para sus intereses individuales, dándoles la espalda a las necesidades de la sociedad en esta materia. Señores congresistas, en cierta medida, las curules que ostentan son de la ciudadanía quién se las otorga para que la representen y, por lo tanto, su primer y principal deber es para con ella. Uds. no son los dueños del Congreso, llegan allí para servir a lo público. En la medida que no cumplan con su función afectan negativamente la imagen de una institución tan importante a la democracia de corte liberal como es el la del Legislativo, mostrando, por lo tanto, que no están a la altura de lo que los ciudadanos esperan de Uds.

 

Y con el tema del Senado es inevitable no mencionar a su secretario general. El Sr. Ministro de Hacienda emitió un decreto, con claro propósito de beneficio particular para incrementarle el sueldo de una forma sustancial; el secretario a su vez promueve iniciativas legislativas que lo favorecerían y por supuesto, considerando que la institución de la Secretaria General le pertenece y pese a los cuestionamientos, busca nuevamente su reelección en el cargo. Si el Senado lo acompaña de nuevo a espalda de la sociedad, que lo está rechazando, se estaría protocolizando un desafío de este hacia la última, en donde lo privado, contrario  a su naturaleza, vuelve a imperar, caso que definitivamente ameritaría que ante un congreso sordo al clamor popular sea este el que reclame su revocatoria.

 

La Vicepresidencia. Hace unas semanas lo que empezó como un chiste hoy debe ser objeto de preocupación. Se decía que a raíz de los malos sucesos en la salud del vicepresidente y ante cualquier eventualidad que le pudiese suceder al presidente Juan Manuel Corzo o, probablemente, Roy Barreras podrían llegar a ser Jefes de Estado (de todas maneras mal chiste). Sin embargo, cuando el presidente Santos visitó la zona de guerra del Cauca, en medio de explosiones, la probabilidad de que el chiste se materializase había crecido. El Sr. Angelino Garzón atraviesa un difícil panorama en su salud, del que esperemos se recupere prontamente, pero quiero llamar la atención sobre lo que representa institucionalmente. Una es la consideración personal y otra cosa es debatir sobre sí puede cumplir o no con su papel constitucional. Creería que en ningún país civilizado, con esta figura, los ciudadanos no puedan conocer sobre el estado de salud de su vicepresidente y sobre sí conserva o no su capacidad para eventualmente reemplazar al presidente. Si no puede cumplir con su función es el deber de las instituciones correspondientes que le busquen la solución para que la figura de la vicepresidencia pueda cumplir con lo que la Constitución tiene previsto para ella. No se puede confundir al individuo y sus consideraciones personales con las responsabilidades legales y constitucionales que la Carta Política le define a su cargo.

 

En fin, no existe peor figura, en contra de unas instituciones incluyentes, que la de la reelección que favorece poco el proceso de movilidad social y política -concentrando el poder en pocas manos- que una sociedad exitosa requiere y no existe mayor corrupción cuando se permite que los políticos se apropien de las instituciones. 

 

Es entonces que si buscamos que Colombia no sea un estado fallido bien podemos ir pensando en las consecuencias de parafrasear el famoso eslogan  político de la campaña presidencial de Bill Clinton, en donde  bien podemos decir: No son  la instituciones, estúpido; son los políticos y los ciudadanos que los elegimos.

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