¡OH COMISIÓN DE ACUSACIONES!

En la comisión de Acusaciones de la Cámara se está gestando una tormenta que puede afectar la institucionalidad del país, pero desafortunadamente podría este estamento no estar a la altura de las circunstancias.

Tres grandes líneas de investigación avanzan.  

Alias “Rasguño”, desde los EE.UU., ha venido dando declaraciones sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado (AGH) y, adicionalmente, sobre el posible soborno a magistrados que hizo posible la elección de Alfonso Gómez Méndez  como Fiscal General de la Nación.

La explicación de la muerte de AGH ha tenido dos hipótesis principales: la primera, que existía un grupo de conspiradores, de muy alto nivel económico, político y militar, del que él hacia parte, que buscaba  apartar al entonces presidente Samper del poder mediante un golpe de estado, y que en los momentos neurálgicos del plan AGH había puesto reparos a la legalidad del mismo, lo que llevó a algunos de los conspiradores a cobrarle con su vida el fracaso del mismo. La segunda, la de “Rasguño”, en la que consideraba que la caída de Samper era un hecho y que quien le podía reemplazar era AGH, que podía, como Jefe de Estado,  iniciar una persecución y posterior extradición de las cabezas más importantes del narcotráfico en la época; entonces lleva a pensar que el gobierno, o las cabezas visibles de este, hicieron un pacto con los grandes capos para eliminar esa amenaza y, de carambola, salvar al gobierno. En esa investigación el congresista que la adelanta ha anunciado que abriría el proceso 8000 si el desarrollo de la misma deriva para ello.

El tema  no puede ser más delicado. Un investigador de la Comisión ya ha denunciado públicamente que ha recibido amenazas contra su vida; un sobrino del líder inmolado, y Representante a la Cámara, ha salido del país con su familia debido también a acciones intimidantes y ha estallado un petardo en Bogotá, de mediano poder,  en una estatua de Laureano Gómez, padre de AGH. Sin duda conocer la verdad sobre este crimen tocaría a peces pesados, por la bomba lo podemos ver: si a las FARC se les dificulta cometer actos terroristas en Bogotá, entonces: ¿Quién tiene la capacidad para colocar un petardo a un símbolo de la familia Gómez tan rápido?

Segunda línea. Por el caso de las chuzadas del DAS, el hostigamiento a la Corte, a ONG´s, a periodistas y políticos de oposición las investigaciones judiciales han llegado hasta funcionarios de la Casa de Nariño, en los tiempos en los que era presidente el Dr. Uribe, y a la jefatura del DAS, que responde directamente al Ejecutivo.  Como el DAS, punta de lanza de las presuntas acciones ilegales, fue infiltrado, en sus dos periodos presidenciales, por fuerzas paramilitares también se puede pensar en que para aclarar los sucedido se puede abrir una investigación de la forma en que se financiaron y se consiguieron los votos que lo eligieron como Jefe de Estado en dos ocasiones. La sorpresa es que se puede desarrollar un proceso 8000 a la n potencia.

La investigación sobre la responsabilidad del entonces presidente con los actos ilegales que se habrían cometido al interior del DAS también tiene sus riesgos. Congresistas que inicialmente la abocaron fueron amenazados y por tal razón declinaron continuar con ella. El investigador que aparecía con mayor independencia recibió una llamada de Uribe, al estilo de la que le hizo al ex magistrado Valencia Copete, quedando plantado el germen que llevó a su posterior recusación.

Tercera línea. Elección de Fiscal.  En la Comisión se adelantan dos temas: la elección de Gómez Méndez y la de Mario Iguarán, esta última con un posible  mayor impacto institucional por ser más reciente y por los desarrollos colaterales que pueda traer.

La Comisión no está a la altura del reto. La falta de profesionalismo en la forma en que se llevó la frustrada versión libre de Uribe refuerza la idea. Además, la Comisión no tiene un solo integrante del partido de la oposición, algunos de sus miembros tienen cercanías políticas con personajes cuestionados y dos de ellos están fuertemente cuestionados por paramilitarismo y estafa.

Para que los procesos que allí se desarrollen sean jurídicos, ofreciéndoles las garantías a las personas que se vinculen como sujetos procesales, y que logren esclarecer la verdad se debe buscar el apoyo de la Fiscalía.   La Constitución le faculta a la Comisión para acudir a otras autoridades “para el desarrollo de las investigaciones que le competen; y comisionar para la práctica de pruebas cuando los considere conveniente”.

El reto del próximo presidente de la Cámara será coadyuvar al buen desarrollo de las investigaciones y a promover dicha cooperación interinstitucional. El País requiere conocer la verdad y no entendería que un show mediático lleve a conclusiones sin fundamento jurídico que políticamente pueden ser explosivas. No se podría entender que sin argumentos de peso, en aras del equilibrio “jurídico – político” entre uribismo y no uribismo, se absuelva a un ex presidente autista y se condene a otro, por ejemplo.

Bogotá, Colombia. Junio de 2011.