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| 10/8/2012 11:16:06 AM

A PROPÓSITO DE LA CIRUGÍA AL PRESIDENTE.

Los recientes acontecimientos, en torno a los quebrantos que aquejan al  Presidente y al Vicepresidente, lo que han puesto en prueba es la salud de nuestras instituciones y el diagnóstico no es bueno.

 

Algunas tradiciones, que en la profanidad desafortunadamente se han perdido, tratan sobre las dignidades que orientan una comunidad, en las cuales los dignatarios reciben las propiedades de sus dignidades; es decir, sus cualidades son propias de su dignidad, no son superiores a ella  y su relación con los otros dignatarios y con quienes carecen de ellas está nivelada, en otras palabras son los primeros entre sus iguales. En el manejo del Estado, sí la gran mayoría de sus dignatarios pudiesen comportarse de acuerdo con la tradición perdida los problemas institucionales podrían tener una solución más fluida.

 

No existe un mejor principio en lo público, que recoge la tradición comentada, en el que se expresa que: “La Ley es para todos”. Infortunadamente  una mayoría de los altos dignatarios del Estado colombiano no entienden esa filosofía, buscan ser superiores al derecho y a las obligaciones para con sus compatriotas, creen que la ley no es para ellos y solo la conocen para  aplicarla asimétricamente hacia abajo.

 

En el caso específico que nos ocupa, además del comportamiento inadecuado de uno de sus protagonistas, el vacío constitucional y legal es verdaderamente peligroso. La fragilidad institucional es tal que dos episodios con una  característica común, en términos generales, han recibido tratamientos distintos por parte del gobierno. Por un lado, cuando el Vicepresidente Garzón enfrentó su percance de salud la gravedad del mismo nunca la conoció la opinión pública y por el otro, el presidente Santos expuso públicamente su dolencia y el tratamiento quirúrgico que recibiría días después. Parecería que lo que he venido llamado la “apropiación” de lo público por particulares para el caso del primero encuentra una válida expresión, muestra el deseo de un funcionario de aferrarse a un cargo, cueste lo que cueste, para lograr un beneficio personal en detrimento del bienestar de la sociedad.

  

La fragilidad institucional también se refleja en el posible choque de trenes, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se desencadenó con el interés del presidente del Congreso de conocer el estado de salud del Vicepresidente. No soy precisamente admirador del senador Barreras, pero en principio no se puede descalificar su deseo de que en el Congreso se conozca y evalúe el estado de salud del Vicepresidente Garzón y, sobre todo, porque se sepa sí se encuentra en la capacidad de gobernar al País ante una ausencia del presidente Santos – por fortuna hasta ahora descartada-; casi que se puede decir que, como presidente del Congreso ante la coyuntura específica, era su deber hacerlo;  es natural que sí el Presidente en ejercicio iría entrar al quirófano, en donde por suave que sea el procedimiento cualquier cosa podría suceder, y ante la incertidumbre sobre la salud de quien sería el reemplazo por cualquier eventualidad, tenía, como cabeza del Legislativo, la responsabilidad de plantear el tema en el espacio institucional que corresponde y sin embargo, tal vez debido al desprestigio de la clase política - en la cual él es uno de los más representativos- y los vacíos constitucionales y legales sobre el procedimiento a seguir, en algunos sectores se despertaron agudas suspicacias. Pero lo que más hizo daño a la institucionalidad fue la actitud de Garzón en negarle un derecho no al Congreso sino a la ciudadanía en general en el sentido  de que esta conozca su real estado de salud y su capacidad para asumir eventualmente una responsabilidad para la que se le eligió; además tratando de provocar un mayor desajuste institucional al insinuar que se buscaba derrocarlo y, por el mismo camino, también al Presidente. Al final el tono de sus declaraciones bajó pero el daño ya estaba hecho.

 

Una propuesta para reglamentar el asunto que nos ocupa: el Departamento Administrativo de la Función Pública debería tener una lista de requisitos físicos y mentales para quien desempeñare el cargo de Presidente y Vicepresidente. Como  todo cargo público estos deben tener una definición técnica de requisitos que cumpla con los principios constitucionales y con las exigencias que demanden sus tareas y actividades. De tal suerte que, como a cualquier ciudadano que no está exento de sufrir un quebranto de salud, nos podemos encontrar con que un alto dignatario pueda caer en una situación en la que se hace necesaria una evaluación de la pérdida de capacidad de trabajo y dependiendo del examen que la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) correspondiente determine sí - con base en el diseño técnico del cargo y de las condiciones de quien lo desempeñe- existe o no la incapacidad y de presentarse esta última condición definir sí es total o parcial. En el caso del Presidente o del Vicepresidente por la connotación política que tiene, y por el lineamiento constitucional establecido, el informe debe tener un tratamiento en el Congreso. Para evitar suspicacias este examen médico laboral puede ser anual y de obligatorio cumplimiento.

 

Pero más allá de la normas, los altos funcionarios deben mostrar la dignidad que les exige el desarrollo de sus cargos. Un viejo dicho reza: “quien quiere marrones aguanta tirones”. Muchos altos dignatarios, si bien dicen  sacrificarse defendiendo los altos intereses de la Nación - ¡Habrá que creerles a algunos!- sus dignidades conllevan unos ciertos privilegios – no olvidemos que deben ser los primeros entre sus iguales- que deberían ser correspondidos con algunos sacrificios, entre ellos un pérdida de cierto derecho a su intimidad en aspectos como la salud y su situación financiera. En aras de la transparencia los ciudadanos deben conocer el estado de salud de sus gobernantes, por lo que las historia clínicas, mientras ejerzan como tales, deberían ser públicas como también sus declaraciones de renta. Creo que estamos llegando al límite del cansancio con aquellos dignatarios quienes en un momento para demostrar su “transparencia” anuncian que voluntariamente publicarían sus declaraciones de renta y las de sus familiares y hasta el sol de hoy seguimos esperando esa muestra de buena voluntad. Lo que debería ser el derecho ciudadano a estar informado sobre el estado físico y financiero de sus gobernantes no se puede reemplazar por la discrecionalidad de los últimos para darlos a conocer. 

 

Hablamos que somos una economía en asenso, que podemos ser un mercado emergente muy atractivo al mundo y que el desarrollo estaría pronto por ser alcanzado; pero estos buenos deseos no se pueden alcanzar con una institucionalidad débil y con dirigentes como en el caso de Angelino Garzón que anteponen sus intereses personales a los institucionales, que no se muestran dignos de los cargos que ostentan y que producen más miedo que tranquilidad ciudadana ante un eventual gobierno suyo.  

 

Añadiduras: sobra decir que desde el punto de vista personal solo se puede desear a una persona que padece una enfermedad su pronta y plena recuperación.

 

Otros escritos sobre el tema:

 

http://comunidad.semana.com/t5/Participe/NUESTRO-VICEPRESIDENTE/idi-p/19561

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