¿Qué supone la transición política en Venezuela?

Desde 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se profundiza (en términos nominales) el concepto de Estado Social de Derecho, ya existente desde 1961. Se incorporan una serie de derechos sociales, económicos y políticos más acordes con la realidad actual. Se mantienen principios cómo por ejemplo, como se ejerce el poder con la separación e independencia  de los poderes del Estado con la clásica división en Ejecutivo, Legislativo y Judicial al que se le unen los poderes Ciudadano y Electoral. También los principios jurídicos de reserva legal, progresividad del derecho, imparcialidad de los jueces y la limitación del poder del Estado mediante la Constitución; junto a los principios propios de la Democracia que resuelven la pregunta de quiénes ejercen el poder, con cargos y magistraturas emanadas de la voluntad del pueblo como titular irrenunciable de la soberanía y expresada mediante el sufragio, de cuya participación en el sistema político se erige en poder soberano y constituyente y el concepto de igualdad ante la ley. De esta forma el Estado se convierte en el garante de los derechos del ciudadano a través de la legislación.

Sin embargo, una Constitución puede dejar de observarse ya sea porque aún no están dadas las condiciones para que se pueda ejecutar tal como está escrita (Constitución nominal) o puede suceder que efectivamente se cumpla pero en observancia a los deseos y ambiciones del titular del poder. Este caso viene con altos niveles de peligrosidad para la estabilidad del Estado (Constitución semántica, Karl Löwenstein, jurista alemán).

La constitucionalidad venezolana de carácter normativa ha ido cediendo a las manifestaciones de la voluntad del Presidente. Amparado por una legitimidad de origen pero que de continuo ha contravenido a la propia Carta Magna. Esto con la venia de los poderes públicos que progresivamente han perdido su independencia y autonomía, cediendo a la voluntad del primer mandatario. Traducido en una concentración progresiva del poder en manos de una persona, lo que ha puesto en tela de juicio la convicción democrática de Hugo Chávez. Algunas personalidades del mundo de la política se han aventurado a plantear hasta la posibilidad de un nuevo tipo de totalitarismo, distinto a los modelos totalitarios clásicos del siglo XX. Puesto de manifiesto con la existencia de presos políticos, expropiaciones sin fórmula de juicio, inhabilitaciones políticas y sumisión de los poderes al Ejecutivo son los justificativos para algunos de una transición política desde la oposición.

¿Qué es la transición?

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española es la acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”, pero en términos políticos, una transición supone el cambio gradual y progresivo de un sistema político o configuración socioeconómica para un nuevo estado de cosas, encabezadas por un liderazgo individual o colectivo. Más allá de un cambio de gobierno o régimen supone un cambio profundo en la sociedad y una nueva manera de ver la política como realidad social con base en el ejercicio del poder para la consecución de objetivos tanto individuales como colectivos.

En Venezuela existen dos tendencias marcadas como es la del oficialismo (o sector oficial, gobierno) y la del sector opositor (autocalificados de demócratas).

En el oficialismo está muy marcado el concepto de “viraje hacia el socialismo del siglo XXI, es decir que también tienen una idea de transición. Desde 2007 cuando se habla expresamente del viraje hacia el “Socialismo del Siglo XXI” se presentó la intención real del Gobierno de iniciar una transición política que tuvo en la Propuesta de Reforma Constitucional sus elementos esenciales y que suponía un cambio hacia un sistema político diferente con una nueva forma de institucionalidad y una nueva concepción de Estado. Sin embargo, ese intento fue abortado por los electores en diciembre de ese año mediante el rechazo de la propuesta vía referéndum.

No obstante haber perdido el referéndum, el Gobierno de manera fáctica ha intentado llevar a cabo, mediante dos Leyes Habilitantes y la colaboración de los demás poderes, la realización en forma paralela del andamiaje de ese nuevo Estado, el cual se espera ya tenga status legal si el oficialismo gana las elecciones de octubre. Ese nuevo Estado supone un modelo de democracia similar al régimen cubano (Democracia popular) y que desecha aquellos elementos liberales de la separación de poderes y el imperio de la Ley para pasar a una esfera del derecho colectivo y donde cada medida del gobierno se justifica por una manifestación de la voluntad delegada por parte del pueblo. Históricamente “la democracia popular” se ha caracterizado por la presencia de un partido único que funge no solamente como la única vía para llegar al poder sino como el gran organizador de la sociedad en detrimento de otras opciones ideológicas las cuales son minimizadas o simplemente se les hace desaparecer, la existencia de elecciones no competitivas, donde quienes se miden pertenecen a la misma oferta ideológica, y el desmontaje de la estructura político-territorial existente para generar una que favorezca al centralismo estatal en detrimento de la idea federal y la autonomía regional. No podemos obviar que desde 2007, Chávez ha intentado con éxito moderado imponer por vía de los hechos este tipo de cambios aún a sabiendas de su inconstitucionalidad: Intentó que el PSUV se convirtiera en el partido único de la Revolución, objetivo aún no logrado que le obliga a formar nuevamente un Polo Patriótico y ha creado una estructura paralela de organización en consejos comunales y comunas a los cuales les da tanto poder organizativo como recursos propios, creando una nueva especie de Estado Corporativo e intenta mediante expropiaciones el control de los medios de producción para generar mayor dependencia ante el Estado, algunas de ellas sin seguir los supuestos constitucionales y con el mayor espíritu de rapiña y pillaje en el marco de la lucha de clases. La posibilidad de una constituyente en 2013 le permitiría investir de legalidad los cambios que se han efectuado de manera fáctica en pleno uso de su poder.

Por su parte en el sector identificado como opuesto al gobierno de turno, la idea política de una transición no necesariamente supone un cambio en el sistema político, pero sí tiene que pasar necesariamente por un cambio de régimen, ya que la concepción del sistema político del oficialismo es completamente irreconciliable con la idea de reafirmar el Estado Social Democrático y de Derecho.

Un Estado que en lo político-jurídico se base en el principio de la Separación e Independencia de los poderes, con titulares diferentes que se permitan controlar entre sí para evitar arbitrariedades. Se supone que la transición debe re-horizontalizar el poder entre los grupos de atribuciones, manteniendo la verticalidad de la relación entre el poder nacional con el poder estadal y municipal, a su vez dejando en manos de las regiones los asuntos de su estricto interés y la posibilidad de contar con recursos propios que, aparte de los provenientes del situado constitucional y les permita ser autosuficiente. Asimismo la reinstitucionalización debe proveer el suficiente equilibrio entre individuo y colectivo de manera que pueda haber concurrencia de intereses y la protección del derecho de propiedad inclusive de medios de producción, pero donde el Estado no solo cree sino dispense las normas adecuadas para evitar abusos del poder económico y que en lo social sea el principal responsable de los asuntos del bienestar y el desarrollo social tales como la educación y la asistencia sanitaria. Una sociedad que elija a sus representantes en el Estado y que estos representen el interés común de su electorado (Democracia representativa) pero que existan medios expeditos para que la ciudadanía pueda ejercer el control del poder delegado a sus representantes mediante mecanismos de contraloría y participación ciudadana efectiva (El lado participativo de la democracia) más allá de convertirse en mero elector.

Sin embargo la reinstitucionalización del sistema democrático y social de derecho tras 13 años de régimen chavista no es suficiente si no existe una voluntad y un compromiso general de preservar, defender y proteger la democracia por parte de los sectores políticos, lo cual supone aparte de un programa genérico de gobierno una especie de pacto político que contemple ese tipo de compromisos. Por otro lado, desde la oposición no puede descartarse la posibilidad de una Constituyente no solo para enderezar el camino de la constitucionalidad sino para crear condiciones adecuadas de gobierno sin interferencias de parte de la posible nueva oposición, que como se sabe, controla la totalidad de los poderes públicos actualmente y que se mantendría en posición de entorpecer las iniciativas del nuevo gobierno. Como sea una transición de oposición no supone un camino fácil de recorrer y requiere mucho más que un cambio en la conducción del poder.