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| 8/29/2011 5:45:48 PM

Reforma judicial con ojos de ciudadano.

Mientras en el Congreso se inician los debates para lograr una reforma integral al sistema judicial del País, con “aportes democráticos” de algunos congresistas que buscan revivir la inmunidad parlamentaria y el otorgamiento de otras gabelas judiciales para los honorables congresistas, la ciudadanía del común observa hechos como los siguientes: una joven universitaria, en Bogotá, es desfigurada con ácido y su presunto agresor es dejado libre por que la incapacidad que le diagnosticó Medicina Legal a la víctima no daba el número de días suficientes para aumentar la gravedad del delito; un ciudadano es condenado a tres años de cárcel, en la Modelo, por intentar pagar un mercado con un billete de cincuenta mil pesos falso, incurriendo en el delito de tráfico de moneda ilegal – si bien el señor ya había tenido un antecedente por el mismo delito muestra la posibilidad de que cualquier ciudadano al que le “metan” un billete falso y pague, desprevenidamente, un  café puede ver su hoja de vida manchada por un antecedente penal, así no vaya a la prisión en el caso de no tener antecedentes previos, si el dueño de la cafetería lo denuncia;  en contraste con el anterior, los altos ex funcionarios del estado, involucrados en graves delitos contra el patrimonio público y en contra de los derechos humanos, son recluidos en cómodas instalaciones militares – sin ser ellos parte de la Fuerza-; en la capital, un niño grafitero muere en confusos hechos por la policía, institución que aparentemente intentó desviar la investigación, que ha producido una reacción fuerte por parte de la comunidad; los parapolíticos tienen un régimen carcelario particular que les permite periódicamente salir por unos días de la prisión, coincidiendo estos permisos con fechas claves en el actual proceso electoral; en las grandes ciudades regularmente son heridos o muertos ciudadanos inermes por balas perdidas, por enfrentamientos entre bandas delincuenciales y paro aquí por que necesitaría una cita para una máquina de Turing para poner en lista los hechos que rompen el corazón del ciudadano común y corriente.

 

Como corolario de lo anterior, he observado que algunos grupos de ciudadanos, en hechos que ya no se pueden calificar como episódicos, están tomando la justicia por su propia mano. Se observa en los noticieros de televisión como los ciudadanos intentan linchar a presuntos delincuentes, inclusive atacando Centros de Atención Inmediata de la policía cuando temporalmente están allí detenidos – en Soacha la semana pasada la comunidad casi mata a un hombre al que, por una cicatriz similar a la de un delincuente que ha agredido a mujeres en la zona, señalaron como responsable de un ataque, fue herido con garrotes y hasta recibió un balazo en una pierna. También se han visto asonadas en pueblos en contra de las autoridades al mostrar desacuerdos por sus decisiones o por extralimitación de sus funciones. En fin, es preocupante como en algunos casos la sociedad colombiana toma caminos no institucionales para buscar justicia.

 

Por lo tanto, aprovechando la coyuntura, el gobierno debería liderar además de una reforma a la justicia  una verdadera política criminal y penitenciaria que le restituya la confianza del ciudadano en sus instituciones de policía y de justicia. Además que sea una fuente de coherencia frente al accionar de los delincuentes, sin importar que cuello utilicen, para que la sensación de que la justicia es solo para lo de ruana deje de mostrar evidencias en su afirmación. No se puede contribuir con la entropía del sistema judicial promoviendo referendos para implantar cadena perpetua para ciertos delitos, sin considerar los principios constitucionales; no se puede reglamentar la penalización de la dosis personal, convirtiendo un tema de salud pública en un tema criminal, contribuyendo a que por detener viciosos se extingan los recursos para perseguir a verdaderos delincuentes y, aunque suene antidemocrático, no se puede permitir  que cualquier fuente de iniciativa pretenda reformar el Código Penal ya que, por esa vía, no faltará el iluminado que desee  “legalizar” la pena de muerte en el país. Las autoridades que definen la política criminal deberían emprender la tarea de configurar una que atienda  los desafíos sociales de estos tiempos y que se preocupen por destinar los recursos para habilitar el sistema carcelario a los requerimientos que se estipulen, como pieza que garantice la efectividad de lo que se diseñe.

 

Ejemplo. El asesinato con arma de fuego es uno de los delitos de mayor impacto en Colombia. En lugar de gastar tiempo, y otros recursos, en pensar como se penaliza a quien fuma un “cacho” se busca una legislación que penalice el porte de armas y se le garanticen unos buenos años efectivos  de cárcel a quien viole la disposición – sin rebajas de penas y sin detenciones domiciliarias-  buena parte de los delincuentes pueden salir de la circulación de las calles y los ciudadanos podrían sentirse mejor caminando por ellas, en las ciudades y pueblos. Ello requiere voluntad política para establecer unos planes de compra, por parte del estado, de las armas en manos de los ciudadanos y del incremento de la capacidad carcelaria para que en el momento de su aplicación la ley no caiga en letra muerta. Se puede pensar que en cinco años, a partir de su promulgación,  la tasa de homicidios puede llegar a niveles de las de los países desarrollados.

 

El presidente Santos, con su sentido de la historia, puede pensar en liderar una revolución  al sistema judicial que contribuya  a la paz y la convivencia pacífica entre los colombianos y así su foto puede quedar a la altura de la de su ancestro, que en los comienzos del siglo XX reformó desde la presidencia al estado colombiano con principios liberales y progresistas, y ojalá en la misma pared.

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