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| 8/15/2011 11:25:28 PM

Sin Comisión de Acusaciones.

Esta legislatura promete un ambiente de tensión entre los tres poderes públicos  por cuenta de las propuestas de reforma al sistema judicial que fueron presentadas, de una parte, por el Gobierno y, de la otra, por el mismo Poder Judicial, a las que se suman la presentación de un proyecto de ley que pretende revivir la figura de la inmunidad parlamentaria, por parte  del presidente del Senado,  y el anuncio de algunos miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de presentar un proyecto que la reformaría incluyendo, entre otras, la posibilidad de librar medidas de aseguramiento para sus aforados, entre ellos al Presidente de la República. Mirando este último aspecto, considero que sería bueno retirar las funciones judiciales que los Constituyentes del 91 le entregaron al Congreso para el juzgamiento de los delitos que pueden cometer los altos funcionarios del Estado - como el Presidente, magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación - ya que no hacen parte de su esencia institucional que, en este aspecto, no es otra que la de ejercer un control político y no de acometer actividades propias del poder judicial.

 

En el Congreso de los Estados Unidos, en épocas recientes, se han manejado, con mayor resonancia mediática, dos episodios graves de conductas reprochables que involucraron a presidentes en ejercicio, estos han sido: Richard Nixon – republicano- y Bill Clinton – demócrata-. El primero relacionado con el caso de Watergate, espionaje telefónico a la campaña demócrata en la justa electoral por su reelección y, el segundo, relacionado con Mónica Lewinsky  por acoso sexual y obstrucción a la justicia. Nixon evitó el juicio en el Congreso renunciando a su cargo como Presidente, cuando calculó que no tenía los votos suficientes en el Senado para defender su permanencia en el cargo; su acusación aunque no llevaba cargos formales si indicaba que había preparado una conspiración de espionaje hacia la campaña política del partido rival. Clinton fue acusado en la Cámara y absuelto en el Senado. En los dos casos se desarrolló un proceso político. La Constitución norteamericana contempla que los juicios que se adelantan contra altos funcionarios y jueces en el legislativo obedecen a sus funciones de control político que conducen a acciones de destitución, eliminación de privilegios o inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de los funcionarios que resultaren afectados en ellos. Así el juicio sea político, tratándose del Presidente este debe ser presidido por el presidente del Tribunal Supremo, lo que en nuestro País equivaldría al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ello no quiere decir que si los funcionaros aforados por el Congreso cometieron delitos en el orden de lo penal  estos queden en la impunidad ya que, según sus términos, se pueden enjuiciar y castigar en derecho, en otras palabras, asumen como ciudadanos sus responsabilidades penales ante la sociedad.

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Silvio Berlusconi, el presidente del Gobierno italiano, está enfrentando juicios ante los tribunales ordinarios en su país por las presuntas acciones ilegales en las que ha incurrido, a lo largo de  su carrera empresarial y política, aún en el famoso caso “Ruby”, en donde es acusado de incitación a la prostitución de menores y abuso de poder, cuyo desarrollo se ha dado en el último periodo como jefe de   gobierno. La Constitución italiana no tiene previsto un fuero especial para los altos funcionarios del Estado y, al tratarse de  un régimen parlamentario, el juicio político hacía el jefe de Gobierno está definido en el mecanismo del voto de confianza, que en caso de perderse este cae,  teniendo que convocar a nuevas elecciones.

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Los ejemplos anteriores nos pueden llevar a la reflexión de quitarle la función judicial a la Cámara de Representantes. La Comisión de Acusaciones ha sido más una fuente de frustraciones que de resultados. La explicación se puede encontrar en la calidad de sus miembros. Para que una persona pueda ser elegida como Represente a la Cámara se requiere que sea un ciudadano en ejercicio y no tener menos de 25 años de edad a la fecha de la elección; mientras que para ser un alto magistrado, además de los requisitos de ciudadanía y de buen comportamiento, se debe ser abogado y haber desempeñado cargos en la Rama Judicial, o el Ministerio Público, o haber desarrollado la profesión de abogado o de docente en carreras de derecho por un tiempo no inferior a diez años.

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Una cosa es legislar y otra es juzgar. Ambas actividades fundamentales para la democracia requieren de una especialización. El ejercicio de la democracia a través de la representación conlleva a no plantear restricciones para que un ciudadano pueda elegir y ser elegido en los órganos de representación o en los cargos ejecutivos de elección popular. Los jueces y magistrados, desde  épocas milenarias, como en la del Rey Salomón, han sido objeto de especial atención en sus calidades personales para que desempeñen la magistratura con la sapiencia que se requiere. No se pueden repetir las escenas de los representantes de la Comisión de Acusaciones sin saber cómo conducir una versión libre, asumiendo inclusive riesgos jurídicos por sus posibles prevaricatos; no es culpa de ellos, no han sido jueces y algunos de ellos no son abogados. Los ejemplos internacionales mostrados quizás refuercen la reflexión de independizar las funciones.

 

Finalmente, los altos funcionarios del Estado deben entender que son los primeros entre sus iguales y que si violan a la Ley deben responder, como cualquier ciudadano, ante los jueces de la República, sin mayores distinciones.

 

Soñar nada cuesta, por eso el sueño es valioso.

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