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| 4/30/2011 6:18:57 PM

UN LUCRATIVO NEGOCIO

UN LUCRATIVO NEGOCIO.

Por Hernando Cucunubá

 

En tiempos de condenas, de investigaciones, de procesos penales y disciplinarios contra militares en servicio activo y también retirados, en las cuales se advierten decisiones de funcionarios judiciales, con reducido fundamento jurídico y con alto contenido político;  la acción de los abogados defensores, lamentablemente se ve afectada, frente al poder de los medios y la influencia que pueden tener en las providencias de los jueces, fiscales y procuradores delegados, o frente al desconocimiento de estos funcionarios de lo que significa ser Militar, en un conflicto irregular.

 

Estamos entrando en una etapa de tergiversación de derechos fundamentales de los militares, como el de la presunción de inocencia, el derecho a una investigación integral, a una defensa técnica y a que la justicia ordinaria, aprecie lo que significa la estructura de las instituciones castrenses, las responsabilidades de cada uno de los cargos y por supuesto, la estrategia delictiva las organizaciones terroristas.  

 

Esto sin duda ha sido aprovechado por quienes quieren ver fraccionada la institucionalidad, debilitada la moral de combate y además, por quienes han visto un lucrativo negocio en la desgracia de los militares que son investigados y en muchos casos condenados por cumplir con el sagrado deber que el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia les ha encomendado: “…Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.”

 

Y es que precisamente en alguna oportunidad “ya casi lejana”, se consideró que fuese una justicia especializada con conocimiento en procedimientos militares, la que desarrollara esta clase de procesos y no estructuras judiciales o administrativas sancionatorias, ajenas a la comprensión de lo que significa en su contexto una operación militar y de lo que representa combatir terroristas en un conflicto interno irregular, asentado en nuestra patria desde hace mas de 40 años.

 

Por eso, demandar al Estado Colombiano, denunciar penalmente o instaurar quejas disciplinarias, contra los que han participado en operaciones Militares, combatiendo a terroristas para preservar el orden constitucional, se ha convertido en un lucrativo negocio que en varias oportunidades es posiblemente alimentado, con decisiones de jueces y procuradores, tomadas con absoluto desconocimiento del contexto citado anteriormente, o movidos por presiones mediáticas que los llevan a emitir providencias con alto contenido político, o en el peor de los casos, simplemente por funcionarios corruptos o infiltrados por los grupos terroristas, quienes son los que deciden que el militar debe ser condenado o destituido.

 

En múltiples casos, estos procesos son promovidos, por los mismos cabecillas de frentes terroristas, por oficinas de abogados dedicadas a defender estos nefastos intereses, no solo en Colombia sino a nivel internacional y no por la victimas, porque no se puede considerar víctimas a familiares de terroristas abatidos en combate, que también en diversas oportunidades hacen  parte de estas mismas estructuras.

 

Recordemos que el conflicto interno Colombiano lleva más de 40 años y que sin ánimo de estigmatizar regiones del país, en algunas áreas de los departamentos del Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada, Putumayo, Antioquia, Arauca, Guanía, Santanderes, Cauca, Boyacá, Tolima, Huila y Nariño, entre otros; hasta hace menos de 10 años, la Fuerza Pública no desarrollaba operaciones sostenidas en ninguno de estos territorios, porque no tenía el pie de fuerza, ni la movilidad suficiente para realizarlas.

 

Es decir, durante más de tres décadas, las FARC y el ELN se asentaron en  zonas del país, donde una primera generación de terroristas, tuvo hijos, hermanos, primos, sobrinos, amigos de infancia e inclusive nietos, que ingresaron a las filas de estas agrupaciones terroristas. Hay Veredas e incluso Corregimientos, donde no hay una sola persona, que no tenga un familiar que haya pertenecido a estas organizaciones.

 

Inclusive, hoy en día ante la presión de la tropa, muchas de esas estructuras encaletaron sus armas, se “disfrazaron”  de campesinos y en pequeñas unidades conformadas por tres o cuatro terroristas, salen esporádicamente a causar daño a la Tropa, quien los enfrenta, los abate en combates legítimos y es ahí donde empieza el calvario de quienes cumplen su deber constitucional.

 

El procurador, fiscal o investigador,  en la ampliación de la queja o denuncia, o en la búsqueda de testigos, empieza su interrogatorio, al Tío, abuelo, sobrino, hermano, hijo, primo o “amigo de infancia”, del terrorista abatido: ¿Diga al despacho hace cuanto conocía usted a “xxxxx” y cuál era su profesión?: “Doctor lo conozco desde hace 30 años, siempre ha vivido aquí en la vereda, desde pequeño lo conocí, él se dedicaba a la agricultura, nunca lo vi con armas, fue el ejército el que lo mató, porque por aquí no se ha visto la guerrilla desde hace mucho tiempo”.

 

Y con fundamento en las apreciables declaraciones de los padres, Tíos, abuelos, sobrinos, hermanos, hijos, primos o “amigos de infancia”, el fiscal, o juez, profiere medida de aseguramiento y en muchos casos condena o destituye ligeramente, a los Militares que han sacrificado, su vida, su familia y su juventud, por defender a la patria.

 

Y eso no es todo, detrás de esta desgracia, hay toda una parafernalia jurídica organizada, para que el Estado Colombiano indemnice, a los padres, Tíos, abuelos, sobrinos, hijos, hermanos, primos o “amigos de infancia”, por el supuesto daño antijurídico que se produjo con la muerte del terrorista. Se pagan Indemnizaciones millonarias, que continuamente desangran el erario público y que animan a otros, para que todos los días se estigmatice y se culpe a los militares por cumplir con su deber constitucional.

 

Tan lucrativo es el negocio, que de hecho, medios de comunicación tan importantes, como El Tiempo[1], ya consideran como un atractivo portafolio de inversión estos fallos judiciales. Con un pintoresco titular, el Periodista Fernando González P., redactor de economía y negocios de este diario, señaló: “¿Cómo invertir en comprar fallos judiciales o en fondos de ganado?”.

 

En el texto del artículo se lee: “En la compra de sentencias judiciales que pierde el Estado, los demandantes pueden obtener liquidez inmediata sin esperar un tiempo indeterminado para que el Gobierno les pague. Esta es una operación que se concentra básicamente en fallos contra el Ministerio de Defensa.”

 

No se trata de desconocer, que integrantes de la Fuerza Pública en el desempeño de sus funciones ha cometido, cometen y seguramente cometerán errores que se derivan de la misma difícil condición del conflicto interno y que además es oportuno señalar, que si se han realizado con dolo y con extralimitación en el ejercicio de sus funciones deben ser investigados y juzgados;  pero es triste y desesperanzador concluir, que una Nación, a la que se le ha dado todo, condena a militares en muchos casos inocentes y ha convertido el dolor y la privación de la libertad, en “un lucrativo negocio”, con la posible anuencia y aprobación de funcionarios estatales.

 

Como siempre, sigue cobrando validez, la frase que cursa por las redes sociales: “cuando la patria está en peligro, el pueblo se acuerda Dios y recurre al Soldado, pero cuando el peligro ha pasado, Dios es olvidado y el Soldado es repudiado…”

 

Y también sigue siendo oportuno decir, que a pesar de las condenas injustas, del desconocimiento del debido proceso, de la interpretación sesgada de testimonios cargados de intereses económicos  y de haberse convertido en el medio de un lucrativo negocio; El Soldado sigue ahí, solido y fuerte, con fe en la causa y dispuesto a proteger la bandera que un día juró defender. ¿Hasta cuándo? No se…

 


[1] http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9215057.html

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