UN VERDADERO COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS.
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No se puede conmemorar mejor el vigésimo aniversario de la promulgación de la Constitución del 91 que con la aprobación de la ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras.
La Constitución del 91 fue el resultado de un consenso entre las fuerzas que en ese momento llenaban el espacio político colombino. Se puede decir que quedaron representadas en igualdad de proporciones las fueras conservadoras, liberales y las del recién desmovilizado M-19, cuyas cabezas visibles, en su orden Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro, desplegaron la inteligencia necesaria para concebir una carta política incluyente, tolerante y garantista para Colombia.
Por lo tanto, en el marco del conflicto que se desarrolla en el país, la aprobación de una ley que busca la reparación de las víctimas que, desafortunadamente, éste ha dejado no podría ser más consonante con su filosofía, como lo expresa su artículo 1, así: “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
La firma de la Ley por parte del presidente Santos, con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, fue un acto histórico para Colombia y un ejemplo para el mundo. Podría pensarse que puede marcar un punto de inflexión en la resolución pacífica a nuestro conflicto interno, lástima que Ana Fabricia Córdoba no pudo vivir para verlo.
Así como el proceso para implementar la Carta ha sido culebrero por el accionar tanto de la extrema derecha, que no ha escatimado cargas de profundidad para hacerla naufragar, como por parte de la extrema izquierda terrorista que, mediante la violencia y la intimidación, la ha desconocido, la Ley de Víctimas también puede sufrir sus embates malévolos. Tan cierto es que asesinaron a Ana Fabricia, una líder del proceso para su comunidad y que fue perseguida, en la mayor parte de su existencia, por la violencia del paramilitarismo y del Estado, quien más que ella para simbolizar el drama de las víctimas. Su repudiable asesinato no puede ser más emblemático para señalar que el camino para implementar la Ley requiere de una voluntad grande por parte del gobierno y de la sociedad en general.
La voluntad de la reparación debe materializarse en hechos concretos. Se debe garantizar la vida de las víctimas con sistemas de seguridad especializados y con mayor iniciativa. Algunos de los damnificados han sido perjudicados por agentes del Estado y es natural, por lo tanto, que puedan tener reservas frente a los programas de protección que éste pueda proveerles, entonces es posible pensar que esquemas de seguridad de las Naciones Unidas nos puedan ayudar a su protección. Creo que el gobierno está haciendo esfuerzos grandes en los procesos de reparación; tampoco se le puede trasladar la culpa del asesinato de la líder; pero no puede salir a decir, a manera de justificación, que ella rechazó los estudios de seguridad y que este evidente fallo propició las oportunidades para su asesinato.
A la sociedad en general le corresponde una labor de acompañamiento al gobierno en ese esfuerzo; debemos además exigirle controles al proceso y fortalecer, en la medida de lo posible, los fondos que se creen para tal fin.
Pienso que nos debemos felicitar por el paso que como Nación hemos dado.
PD. Para las elecciones en Bogotá que tal una llave: Petro Alcalde, Mockus Concejo.
Bogotá, Colombia. Junio de 2011.
